SEGUNDA MISIÓN DE VERIFICACIÓN HUMANITARIA – REGIÓN DEL CATATUMBO

14-18 DE MAYO DE 2019
Siguiendo el mandato emanado de la Asamblea comunitaria realizada el día 22 de abril de 2018
en el municipio de El Tarra, la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo,
conformada por procesos sociales y comunales para dar respuesta a la crisis social, política y
económica que se presenta en la región, convocó la Segunda Misión de verificación de la
situación de derechos humanos y DIH, con el objetivo de recoger, visibilizar y dar a conocer a las
autoridades correspondientes para su inmediata intervención, las denuncias de vulneración a la
población civil.
La 2da Misión de verificación se realizó del 14 al 18 de mayo de 2019, en dos rutas definidas
tras la identificación de lugares cuyas comunidades han realizado alertas y preocupantes
denuncias. Inició en la ciudad de Ocaña y visitó los municipios de Hacarí, Convención, El
Carmen, San Calixto, Teorama, El Tarra y Tibú, donde finalizó. En su realización contó con el
acompañamiento de Ministerio del Interior, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del
Pueblo/Regional Ocaña, Naciones Unidas/DDHH, MAPP-OEA; con las organizaciones de
derechos humanos Corporación Construyendo Poder Democracia y Paz/ PODERPAZ, Equipo
Jurídico Pueblos y Asociación MINGA, Con los medios de comunicación El Espectador,
Periferia Prensa y Colombia Informa y con los observadores internacionales Red de Hermandad y
Solidaridad con Colombia /REDHER y Acción Internacional por la Paz /IAP.
A continuación daremos a conocer los hallazgos de la 2da misión de verificación en cada
municipio visitado, en tanto afectaciones a derechos económicos, sociales y culturales,
implementación de los acuerdos de paz, al ambiente y vulneraciones al Derecho Internacional de
los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario/DIH, haciendo énfasis, de
acuerdo a las denuncias expuestas por la totalidad de comunidades visitadas, en las acciones
cometidas por parte de tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA del Ejército Nacional
de Colombia. Acciones que podrían relacionarse con las denuncias conocidas recientemente en
el país, sobre directrices al interior de esta institución que exigen aumentar resultados
operacionales aunque esto signifique afectar a la población civil, como ya está sucediendo en la
región del Catatumbo, donde las comunidades viven bajo un ambiente de zozobra permanente.
Vulneraciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho
Internacional Humanitario/DIH:
Contexto regional:La Primera Misión de Verificación realizada entre el 13 y 19 de mayo del año 2018, evidenció el
riesgo en materia de Derechos Humanos en el que se encontraba la población civil del
Catatumbo, como consecuencia de los constantes enfrentamientos entre las insurgencias del EPL
y el ELN, la declaración de paros armados, amenazas generalizadas y la confrontación entre estos
grupos y el Ejército Nacional, cuya presencia ya avizoraba el aumento de riesgo por acciones que
se denunciaron en el informe anterior y en otros escenarios de incidencia, en los cuales, la
Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz, manifestamos rechazo a la militarización, como
única solución que ofrece el Gobierno ante la crisis de la región.
Para la Segunda Misión es claro que el contexto ha cambiado, se ha reducido considerablemente
la confrontación entre insurgencias y, actualmente, toma mayor relevancia los riesgos que trae
para la población civil el aumento drástico de la Fuerza Pública en el Catatumbo. A esta situación
deben sumarse los 10 casos de asesinatos de líderes sociales durante el 2018 en la región, y los 4
casos que se han registrado desde la Oficina de Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos
Humanos en lo que va corrido del 2019. En cuanto a las amenazas que se presentan, dicha
Oficina señala el riesgo inminente, especialmente, para los líderes comunales que impulsan el
proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito, quienes han tenido que desplazarse de manera
forzada.
De acuerdo a la información de la Policía Nacional, en la región se han presentado 266
homicidios durante el 2018 y lo que va corrido del 2019. La mayoría de estos casos son
homicidios contra agricultores y realizados con arma de fuego y explosivos. Para este año,
Naciones Unidas ha documentado 23 casos de personas entre civiles y combatientes afectadas por
Minas Antipersonales y Munición Sin Explotar (MAP/MUSE).
Municipio de Convención:
Comunidades denuncian aparición y aumento de llamadas extorsivas a comerciantes del casco
urbano. El temor de la población es generalizado por la aparición de panfletos de las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, el asesinato de comerciantes amenazados en
dicho panfletos y las amenazas que llegan a quienes se atreven a denunciar. Según las
autoridades, se trata de delincuencia común. Durante la misión, y a pesar de la militarización del
casco urbano y las restricciones de movilidad que se han impuesto por parte de la fuerza pública,
se presentó un nuevo homicidio a un transportador informal. Preocupa la poca capacidad de
respuesta de la fuerza pública para evitar y/o reducir estas situaciones.
La comunidad percibe un retroceso en materia de Derechos Humanos. Denuncian que después de
los enfrentamientos entre las insurgencias del ELN y EPL varias veredas quedaron minadas y
afectan la libre movilidad por la zona. Afirman ser objeto de estigmatización y señalamientospermanentes por parte de la fuerza pública, quienes ocupan terrenos de propiedad privada y
colectiva afectando las bocatomas de los acueductos y centros de salud. Se denuncian capturas de
líderes comunales a partir de señalamientos de terceros.
Solo en el corregimiento de Cartagenita han sido asesinadas 41 personas entre 2017 y 2019. De
estas, el Estado ha reconocido el asesinato de Wilmer Jácome, Luis Teresa Rodríguez y Dimar
Torres. Así mismo, denuncian el asesinato de seis personas por grupos paramilitares y el miedo
que sienten de ir al casco urbano de Convención por las amenazas de las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia -AGC-.
Población civil está en permanente riesgo como consecuencia de la ubicación de tropas del
Ejército cerca a centros poblados y en casas de campesinos, acción contraria al DIH. Por esta
causa las comunidades se han visto afectadas por bombardeos por parte del Ejército Nacional en
veredas como Carrizal, El Loro, El Cobre y Chapinero. Comunidades aseguran que en medio de
hostigamientos de la guerrilla hacia el Ejército, este responde disparando hacia la población civil
que se encuentra en los caseríos. Se han presentado acciones donde militares hacen disparos,
suenan bombas y bengalas en las noches incluso cuando no se registran enfrentamientos con
otros actores armados, acciones que pueden establecerse como posibles falsos combates. Estas
actuaciones han provocando zozobra permanente y desplazamiento de varias familias. La
mayoría continúan sin retornar a sus lugares de origen por falta de garantías de seguridad.
También se denuncian sobrevuelos constantes de drones con los que la fuerza pública monitorea
a la población y se registran cortes injustificados del servicio de luz eléctrica con lo que la
comunidad se siente intimidada. En vías interveredales el Ejército Nacional realiza retenes a los
campesinos y hace presencia cerca a Escuelas, en algunas persiste presencia de campos minados
poniendo en riesgo la vida de los niños y las niñas. Soldados han abordado, retenido y amenazado
con sus armas a jóvenes de la comunidad acusandoles de estar instalando minas y/o hacer parte
de las insurgencias. Gracias a la acción de líderes se han rescatado a quienes, según la
comunidad, pudieron ser víctimas de montajes y/o desapariciones. En algunos casos, al confirmar
que los jóvenes son campesinos, militares les han ofrecido dinero por guardar silencio sobre las
retenciones de las que son víctimas.
Se denuncian quemas de casas de campesinos, robos de semovientes, enseres y alimentos en
casas y tiendas por parte de tropas del Ejército, a quienes también señalan de encerrar y amenazar
a mujeres y niños. Se denuncia aumento en casos de judicialización a líderes sociales y miembros
de las JAC, sin órdenes judiciales ni material probatorio, especialmente en las veredas Bella
Unión, Guaciles y Maicitos. Por esta razón, comunidades se han visto en la obligación de mediar
con miembros de Ejército y moverse de manera colectiva de un lado a otro para buscar a
pobladores que reportan afectaciones. Manifiesta la comunidad que han recibido mensajes vía
Facebook y/o WhatsApp, de actores que se identifican como funcionarios de inteligencia military de la fiscalía, por medio de los cuales les ofrecen dinero, les piden que se desmovilicen y
trabajen con ellos.
En todo el municipio hay retenes donde se realizan empadronamientos, en algunos puntos se
presentan controles de mercados y medicamentos. En estos retenes militares fotografían y
amenazan constantemente a todo residente y transeúnte de la zona a quienes les preguntan por
nombres y ubicaciones de líderes de las Juntas de Acción Comunal -JAC-. En varias veredas
opera un toque de queda de facto impuesto por los militares, quienes manifiestan a la población
que “nadie puede transitar por donde ellos están en horarios de la noche por su seguridad, que
porque a esa hora solo camina la guerrilla y que van a disparar a todo lo que vean”. En clara
afectación al derecho a la libre movilidad y al derecho de distinción estigmatizando y poniendo
en riesgo a la población civil. Se denuncia además que en varias ocasiones el Ejército Nacional
impide reuniones de las Juntas de Acción Comunal – JAC- argumentando que “una reunión con
más de cinco personas, ya se asume como un encuentro de la insurgencia”.
En este municipio se presentó una denuncia de tratos crueles, degradantes e inhumanos por parte
de miembros del Ejército Nacional a dos campesinos que se encontraban trabajando en una finca,
señalandolos de ser parte de la insurgencia. En palabras de la comunidad “los torturaron, les
pusieron una bolsa de tela oscura en la cabeza y les echaron un líquido que les generó ardor en
los ojos. Los colgaron de los pies en un árbol, los amenazaron con degollarlos y quitarles las
uñas. Los dejaron amarrados a un árbol cerca a sus fincas, de las cuales robaron varios
millones de pesos que tenían los campesinos como ahorros. Ese mismo día, tres miembros del
Ejército Nacional llegaron hasta la finca de una mujer, madre de tres hijos menores de edad, le
rompieron las camas, los colchones, los muebles y grabaron el hecho para mostrarlo como
amenaza a la comunidad días después.”
De las denuncias hechas en este corregimiento, llama la atención que el Ejército Nacional esté
usando civiles encapuchados en operaciones militares y que la comunidad asegure que los han
visto escribir en algunas paredes pintas alusivas al “ELN” o cosas como “EPL Hp”, lo cual
genera dudas sobre el rol que han desempeñado durante el enfrentamiento entre estas dos
insurgencias y provoca confusión en la comunidad.
Municipio de Teorama
Los constantes enfrentamientos que se presentan entre el Ejército Nacional y las insurgencias
cerca de los cascos urbanos ponen en riesgo a la población civil. Se han presentado casos de
activación de artefactos explosivos cerca de la población, ametrallamiento sobre las fincas y
hacia las montañas, caída de casquillos y otros elementos como fragmentos de morteros a 10 y 20
metros de distancia de viviendas y escuelas, estallido de cilindros y lanzamiento de tatucos en
algunos lugares cuando hay campesinos trabajando cerca. En este municipio se denuncia que
militares han disparado contra la población civil mientras trabaja en sus fincas, en palabras de lacomunidad:
“dispararon con tiros de precisión a una persona de la tercera edad, sin ningún tipo de
enfrentamiento cerca, como simulando combates.”
Entre las principales afectaciones producto de estos hechos, se destacan: deserción escolar,
afectaciones psicológicas en niños y adultos, confinamientos y desplazamientos masivos,
impedimentos para el trabajo agrícola, bloqueos económicos, señalamientos de grupos armados y
desapariciones. Comunidades denuncian que dichas afectaciones son profundizadas con la
ausencia de un protocolo de seguridad en las escuelas, ausencia de planes de contingencia en las
cabeceras municipales para atender a familias en condición de desplazamiento y las falta de
garantías para el retorno de las familias.
Preocupa especialmente la persecución actual hacia los líderes comunales que dinamizan los
peajes comunitarios, quienes están siendo amenazados con montajes judiciales. Denuncian que
la fuerza pública solicita fotografías de líderes sociales a pobladores que participan en la red de
apoyo ciudadana, especialmente de líderes que dinamizan reuniones y hacen parte de procesos
organizativos. En algunos corregimientos como El Aserrío, fuerza pública solicita a distintos
miembros de la comunidad listados de los presidentes de JAC con cédulas y que han llegado a las
fincas preguntando por estos líderes y lideresas con listas en mano. La comunidad afirma que
soldados del Ejército Nacional se movilizan vestidos de civil con botas de caucho como si fueran
campesinos, y se presentan armados en casas preguntando por los presidentes de las JAC y
personas afiliadas. Además, existen amenazas directas sobre precandidatos a alcaldía.
En el municipio persiste un ambiente generalizado de estigmatización por parte del Ejército
Nacional sobre la población civil, lo que se refleja en la retención de los documentos de
identidad, trato hostil cotidiano y toma de fotografías a campesinos cuando transitan por las
carreteras. La comunidad afirma que la fuerza pública impide la libre movilidad en los caminos
de herradura, retiene a campesinos en las carreteras, ingresan a las fincas robando plátanos, yuca
y verduras así como pertenencias de aseo, dinero ahorrado y han tomado sin permiso acceso a la
luz eléctrica elevando las cuentas del servicio cuyo costo debe ser asumida por los campesinos.
Además, habitantes denuncian no poder organizar eventos de integración porque afirman que no
hay ánimo y las familias permanecen encerradas en sus fincas. Por esta causa, actualmente, en el
corregimiento de El Aserrío hay fincas abandonadas y miedo generalizado para salir a trabajar.
Se denuncia la aparición de letreros alusivos a las “AUC” en los postes y árboles de una finca
donde ha hecho presencia el Ejército Nacional. Esta situación se suma a otras denuncias previas
en esta misma finca, donde se han hallado cámaras de vigilancia puestas sin consentimiento de
sus dueños quienes son familiares reconocidos líderes de la región. Vecinos del lugar han
manifestado que fuerza pública ha estado indagando con los trabajadores sobre horarios de la
familia y distribución del espacio de la casa.Comunidades afirman que existe una condición de confinamiento en toda la región. Varias
familias se niegan a salir de sus fincas por miedo a transitar por el casco urbano del municipio de
Convención, donde ha aumentado las extorsiones y asesinatos selectivos a pesar de la alta
militarización y la cercanía del batallón en La Esmeralda. Comunidades denuncian que casos de
extorsión ya se están presentando en el municipio de Teorama.
Se denuncia persecución por parte de la Fuerza Pública a conductores de rutas de línea sobre
quienes buscan información e intimidan, esto genera alerta de posibles casos de falsos positivos
judiciales. Además, denuncian la desaparición de dos campesinos miembros de la comunidad
desde el pasado 14 de mayo de 2019. Se afirma que fueron citados en el corregimiento de San
Pablo por actores desconocidos que les obligaron a subir a una camioneta blanca y hasta el
momento no se tiene información de su paradero.
En términos generales, la comunidad percibe hechos similares a los vividos entre el 2002 y 2007
con el paramilitarismo.
Municipio de Hacarí
La comunidad del municipio de Hacarí se muestra muy inconforme e insegura con las actividades
que ha desarrollado el Ejército Nacional, pues perciben que tras el aumento de la tropa se ha
profundizado la estigmatización y judicialización que, además, amenaza con acabar los recursos
hídricos del territorio y limita el libre tránsito entre las veredas. Eso último afectó directamente la
Misión de Verificación cuando miembros del Ejército Nacional – Fuerza de Despliegue Rápido
No. 3 en comando del señor Rolan Andrés Moreno Parra impidieron la realización del proceso de
verificación en el nacimiento de agua de la vereda Mesa Rica.
Una situación similar afectó la Misión de Verificación en las veredas Monte Tarra e Islitas
cuando el lugar de reunión con la comunidad se vio rodeado por varios miembros del Ejército
Nacional, quienes, además, procedieron a grabar y sacar fotografías de los participantes de la
reunión con el objetivo de intimidar y ejercer presión sobre los miembros de la comunidad que
estaban tratando de presentar las denuncias respectivas.
En Mesitas, la fuerza pública también hizo presencia en el lugar de reunión entre la misión y la
comunidad, tomando fotografías. En diálogo con los acompañantes nacionales e internacionales,
el Ejército Nacional pidió un listado de asistencia de los participantes que les fue negado de
manera inmediata y se pidió al delegado del Ministerio del Interior que les solicitara retirarse del
espacio. El Ejército manifestó tener información de posibles combates con integrantes de GAO
esa tarde y por esta misma razón se pidió respeto al DIH y en ese sentido repliegue de la fuerza y
distancia del casco urbano, pues su presencia aumentaba el riesgo para la población civil y la
Misión de Verificación.Los líderes y lideresas sociales de este municipio sienten temor de continuar ejerciendo su
liderazgo y la participación activa por la defensa de los derechos humanos, ya que se han visto
amedrentados por parte del Ejército Nacional, debido a que existe una persecución constante por
el hecho de querer vincularlos a los grupos armados organizados (GAO). Mencionan que aunque
intenten establecer un diálogo directo con el alcalde del municipio de Hacarí, es imposible, pues
siempre hay presencia del Ejército Nacional y al final se convierte en una reunión de
señalamientos sin fundamento. Se hacen denuncias públicas respecto a empadronamientos
constantes, retenes en las vías de acceso a las veredas obstaculizando el libre tránsito y la
individualización de líderes por parte del Ejército Nacional a partir de fotografías. Además,
denuncia la comunidad que soldados del Ejército Nacional están interrogando a los niños de las
escuelas con el fin de obtener información sobre las actividades de la comunidad en el territorio.
Municipio de San Calixto:
Las comunidades de este municipio denuncian invasiones violentas y abusivas por parte del
Ejército Nacional a las veredas de los campesinos pobladores y trabajadores. La comunidad
denuncia que, por órdenes del coronel Castañeda, tropas del Ejército Nacional adscritos a la
FUDRA No.3, invaden violentamente los terrenos privados de los campesinos, colocando sus
campamentos dentro de ellos e instalando trincheras que construyen deforestando el terreno.
Denuncian que ya hay varias familias que se han visto en la obligación de desplazarse
forzosamente, debido a que soldados de la FUDRA No. 3 les comentan: “Es mejor que se vayan
de acá, nosotros no los vamos a proteger”. Esta situación se viene presentando desde diciembre
del 2018 y se agrava con la restricción total de movilidad por las rutas de acceso a las fincas de
los campesinos después de las seis – 6 – de la tarde, lo que establece un toque de queda ilegal sin
ningún tipo de justificación expresa.
Denuncian que miembros de la Fudra No. 3 usando sólo el camuflado del pantalón y una camisa
negra, atacaron a dos jóvenes a quienes, según la comunidad, “amordazaron, amarraron con
cabulla los brazos y las piernas, los arrastraron contra el suelo, les disparaban a los pies, los
golpeaban fuertemente en el rostro y en sus cuerpos, destruyendo su ropa y hasta robando el
dinero que dentro del hogar se encontraba. Les pusieron un arma en las manos para que
salieran corriendo y así poder matarlos con una justificación”. Además, denuncian la captura
ilegal de tres miembros de la comunidad, quienes, según informan los soldados, se encontraban
preparando cilindros bomba. La comunidad rechaza estas acusaciones y afirma que a esos
muchachos los obligaron, a partir de amenazas contra su vida, a aceptar su participación en el
supuesto ataque. Hasta la fecha estos miembros de la comunidad siguen capturados y aún no se
ha adelantado una investigación formal que comprueben la manipulación de los artefactos
explosivos.Como consecuencia de las capturas y la contaminación de las fuentes de agua, la comunidad ha
buscado dialogar con miembros del Ejército, pero, como respuesta, han sido atacados con armas
de fuego, por lo que hay una mujer herida y se les han tomado fotografías y solicitado cédulas a
quienes interactuaron con ellos señalándoles, posteriormente, de ser guerrilleros.
Se confirmó la denuncia pública hecha por tres líderes sociales, quienes siendo las 7:00 p.m. del
día sábado 20 de abril del 2019 fueron atacados con disparos de fusil mientras pasaban cerca de
un puesto militar cuando se dirigían hacia el casco urbano del municipio de San Calixto. Los
líderes sociales se identificaron como civiles, pero la respuesta desde el puesto militar fue
disparar nuevamente. Este hecho los obligó a regresar y quedarse en una finca del sector. Al día
siguiente 21 de abril del 2019 un cabo del puesto militar les informa que esa zona estaba bajo
restricción de paso desde las 6 de la tarde. Esta denuncia formal ya está en manos de la
Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Provincial de Ocaña y en la Policía Nacional.
Municipio de El Carmen:
La comunidad afirma que el Ejército Nacional los trata como guerrilleros, les impide la libre
circulación entre sus fincas, pide papeles constantemente y les han tomado fotografías a las
cédulas de los campesinos. Además, reciben amenazas constantes. En este sentido, afirman que
no tienen garantías para el ejercicio del liderazgo comunal.
Durante la semana santa del año 2019 miembros del Ejército Nacional llegaron a una vereda y
“se asentaron en una casa que funciona como gallera, rompieron las tablas, se apropiaron del
servicio de luz eléctrica y de un televisor.” En varias veredas se denuncia la revisión de mercados
de las familias, los impedimentos para la libre movilidad de los niños y niñas en las carreteras y
la dificultad que esto genera para la comercialización de productos.
Municipio de El Tarra:
En la reunión que se desarrolló con instituciones públicas, líderes y lideresas comunales y
presidentes de Juntas de Acción Comunal, se manifestó que “el municipio es un volcán en alerta
roja y está a punto de erupción”. Denuncian públicamente que la comunidad sufre a diario
señalamientos por parte de la fuerza pública, al ser tildados de colaboradores de las insurgencias
en el territorio. Resaltan la intervención del Personero Municipal y del mismo Alcalde como
actores intermediarios para charlas con los altos mandos del Ejército. Sin embargo, quieren
alertar sobre nuevas capturas de líderes y lideresas sociales con algunos indicios que ya conoce la
Personería Municipal.
La población civil se ha visto afectada por las permanentes confrontaciones entre las insurgencias
y el Ejército Nacional. Denuncian que el 1 de mayo resultó herido un joven y que en algunos
corregimientos, el Ejército Nacional ha ubicado sus campamentos dentro o muy cerca de loscaseríos. Esta situación provoca que se obstaculice el libre tránsito por el municipio, que la
población civil quede en riesgo y que los más jóvenes sean la población más vulnerable.
Denuncian que el 14 de mayo de este año, patrullas del Ejército retuvieron a un muchacho del
sector a quien le preguntaron insistentemente por el presidente de la JAC. Además, denuncian
que los drones están todas las noches sobre la cabecera de los corregimientos y que las estrategias
llegan a ser tan abusivas que “los soldados seducen a jóvenes del sector para que colaboren con
el ejército ofreciéndoles mercados que vienen entregando a algunas familias”. Con estos hechos
están involucrando a población civil en el conflicto armado. Denuncian que en la última reunión
que se tuvo directamente con el General Garzón, él mencionó textualmente lo siguiente: «La
orden es erradicar y acabar con la guerrilla como sea”.
La comunidad manifiesta que en meses anteriores tuvieron que desplazarse hacia la cabecera
municipal porque el Ejército Nacional los obligó a dejar sus cultivos, sus animales y fincas.
Cuando retornaron, sus animales habían desaparecido en un 50% – sus cultivos habían sido
destruidos y algunas fincas y casas estaban deterioradas. En este plan retorno sólo recibieron
acompañamiento por parte de la Personería y una sola ayuda humanitaria por parte de la
Gobernación del departamento.
Derechos económicos, sociales y culturales
Derecho a la salud
Las comunidades de los municipios de La Playa de Belén, El Carmen, Convención, Hacarí, San
Calixto, Teorama y El Tarra denunciaron que en varios de sus corregimientos y veredas no
cuentan con puestos de salud, ambulancias ni personal médico necesario para atender el número
de habitantes de estos territorios. Además, denuncian que los centros de atención médica
existentes no cuentan con los utensilios básicos para la atención en casos de urgencias, las
ambulancias asignadas tienen recorridos demasiado extensos que impiden una atención inmediata
y el personal de enfermería no es asignado permanentemente. Denuncian que, por una directriz
del Hospital de Ocaña Emiro Cañizares, la única manera para acceder al transporte de ambulancia
en el sector rural, el usuario debe costear los gastos de gasolina desde el casco urbano del
municipio hasta la vereda correspondiente a un valor aproximado de 100.000 – cien mil pesos –
que varía de acuerdo con la distancia del trayecto.
Denuncian el mal servicio que ofrece Comfaoriente, Medimas, Nueva EPS y Salud Vida al
campesinado. En materia de salud solicitan que la Procuraduría investigue el uso de los recursos
asignados a los municipios y a las EPS, porque se conoce la existencia de varios convenios sin
tener resultados concretos.
Como consecuencia del contexto actual, las comunidades solicitan la creación de un Plan de
contingencia ante posibles desplazamientos masivos en los cascos urbanos o la creación derefugios humanitarios en algunos corregimientos. La experiencia ya vivida demuestra que no se
cuenta con la infraestructura adecuada para atender este tipo de emergencias. Las condiciones de
las casas campesinas, escuelas, casas de la mujer o polideportivos son insuficientes para atender a
las familias que llegan desplazadas de las veredas como consecuencia de los enfrentamientos
armados.
Derecho a la educación
Las comunidades denuncian el abandono estatal en materia educativa. La Misión de Verificación
pudo constatar el estado en el que se encuentran la mayoría de los Centros Educativos en los
municipios, corregimientos y veredas visitadas. La infraestructura de las escuelas está bastante
deteriorada, no cuentan con los espacios, ni herramientas necesarias para su buen
funcionamiento. El mal estado de baterías sanitarias, puertas y cocinas es evidente. Las
bibliotecas cuentan con muy pocos recursos de consulta y están desactualizados. El abandono se
hace más evidente a nivel veredal en donde los estudiantes tienen que caminar por más de dos
horas para llegar a una escuela improvisada que no cuenta con mobiliario, ni tablero. No cuentan
con espacios lúdico-recreativos, algunos salones están sin techo y con piso en tierra y en la
mayoría no se cuenta con aula múltiple para realizar eventos culturales.
Los directivos y docentes de varios establecimientos educativos denuncian que los alimentos que
ofrece el Programa de Alimentación Escolar – PAE – no están llegando hasta los colegios y
escuelas de las veredas, debido a la falta de coordinación de la administración municipal, lo cual
ha provocado que la misma comunidad tenga que cubrir el costo del transporte semanal de los
alimentos del programa.
Los docentes reclaman estabilidad laboral y transparencia en los concursos docentes para que
estas condiciones mejoren el nivel educativo de los estudiantes y garanticen su permanencia en la
escuela. Además, reclaman la asignación de docentes que cubran las sedes satélites que
actualmente tienen niños matriculados y consideran necesaria la contratación de docentes
psicólogos y trabajadores sociales que puedan atender los casos de afectación emocional con los
que están llegando los estudiantes en un contexto de conflicto armado.
El acceso a la educación secundaria y superior es mínimo. Los docentes han solicitado en
reiteradas ocasiones la apertura de otras sedes en las que se garantice el bachillerato para los
jóvenes que no tienen cómo continuar sus estudios y quedan en mayor riesgo frente a los grupos
armados. En varios corregimientos sólo se cuenta con Hogares Juveniles de Paz que tienen una
capacidad limitada, no cuentan con personal administrativo y tampoco pueden garantizar
programas y/o alternativas eficaces para que los estudiantes puedan ingresar a la educación
superior.Cientos de estudiantes de las diferentes veredas y corregimientos se ven afectados por la
intervención militar de la fuerza pública en sus territorios. La comunidad denuncia que los
establecimientos educativos son usados como trincheras de guerra por el Ejército Nacional y las
familias están desistiendo de enviar a sus hijos e hijas a clase. Denuncian que las tropas han
ubicado retenes militares cerca de las escuelas y ante el reclamo de los padres de familia les han
dado respuestas como la siguiente: «acá no nos van a atacar porque ahí estudian los hijos de los
guerrilleros, ahí estudian sus propios hijos».
Implementación del Acuerdo de Paz
Debido a la importancia de esta temática, la Misión de Verificación decidió, junto con los
acompañantes, que la implementación del Acuerdo de Paz sería uno de los ejes a valorar con las
comunidades. Particularmente, la situación de reincorporación de los excombatientes de las
FARC y la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET-. En
el recorrido, los líderes y lideresas sociales expresaron su descontento por la falta de información
y transparencia por parte del Gobierno Nacional frente a la implementación de los -PDET-. Estos
líderes participaron activamente hasta la fase subregional en donde se firmó el Plan de Acción
para la Transformación Territorial -PATR- en la ciudad de Cúcuta, les reconocieron varias
iniciativas y recursos asignados. Sin embargo, denuncian que desde la entrada del Gobierno
actual, no se ha convocado a las comunidades a participar de su implementación y que se necesita
una respuesta concreta por parte de las entidades nacionales respecto a las restricciones que se
tienen en esta zona como parte de la Reserva Ambiental para definir, de acuerdo a ello, los
alcances de las propuestas territoriales que tienen las mismas comunidades.
Respecto a la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos
– PNIS manifiestan que el Ejército Nacional ha venido amenazando a sus habitantes trabajadores
con erradicar forzosamente los cultivos. Ellos y ellas mencionan que siguen creyendo en una
posible implementación del PNIS en sus terrenos, pues tienen la voluntad de adelantar una
política concertada de sustitución.
Respecto al proceso de reincorporación de los excombatientes, se manifestó la profundización del
miedo generalizado, especialmente tras el asesinato de Dimar Torres y el riesgo de repetición de
casos similares en algunos municipios. Se denunció que dentro de una vivienda en construcción,
cayeron dos granadas, muy cerca de la casa de una joven pareja de excombatientes de las FARC-
EP y su bebé de 4 meses. Su casa fue alcanzada por las balas, debiendo ser desalojada en medio
de la confrontación.
Afectaciones ambientales
De acuerdo con las denuncias hechas por la comunidad de los municipios de Hacarí, Teorama,
San Calixto y El Tarra, el Ejército Nacional a través de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRANo.3, ha desarrollado una estrategia de ocupación y posicionamiento en los filos de las montañas
y nacimientos de agua, talando una gran cantidad de árboles y haciendo uso de zonas de reserva
ambiental y fincas de propiedad privada. Además, contamina el agua que surte a las veredas y
corregimientos ocasionando problemas de salud y de falta de abastecimiento de agua potable a la
población civil. Las comunidades manifiestan que han intentado hacer control frente a la
recuperación de los espacios de nacimiento del recurso hídrico y han sido víctimas de amenazas,
retenciones arbitrarias, y objeto de fotografías y vídeos durante sus desplazamientos.
En El Tarra se denuncia que por órdenes expresas del Ejército, los habitantes no pueden acercarse
al lugar del nacimiento de agua para verificar su estado. Ya se presentó la denuncia en la
Personería de El Tarra, pero la situación no ha cambiado. En el municipio de Teorama, el Ejército
Nacional que hace presencia cerca al oleoducto acusó a las familias de complicidad con la
insurgencia, amenazándolas con recibir disparos. Esto ha hecho que la gente no salga de sus
fincas y denuncian que una parte del tubo no ha sido reparado y provoca contaminación
ambiental muy cerca de una escuela. En el corregimiento de La Cecilia de este mismo municipio,
se denuncia públicamente la contaminación de un nacimiento de agua por parte del Ejército
Nacional que ha establecido campamento en una finca de propiedad colectiva, comprada en el
año 2011, con el fin de establecer allí una reserva de agua para la comunidad.
Con el objetivo de verificar estas denuncias, la Misión Humanitaria junto con líderes y lideresas
sociales del municipio de Hacarí intentaron acercarse al nacimiento de agua de la vereda Mesa
Rica, pero el Ejército Nacional – Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA #3; en comando del señor
Rolan Andrés Moreno Parra lo impidió. Procedió a interrogar a los delegados de la Misión de
Verificación, argumentando que no habían sido informados, pese a que todas las autoridades
civiles y militares ya habían sido notificadas con antelación a esta jornada. Sin embargo y frente a
ello, negaron la entrada de los delegados de la comisión para hacer verificación del estado actual
de los nacimientos de agua.
CONCLUSIONES
De acuerdo con las denuncias hechas por las comunidades y el recorrido realizado por los
municipios de Hacarí, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto y El Tarra en el marco de
la Segunda Misión de Verificación Humanitaria de la región del Catatumbo, la Comisión por la
Vida, la Reconciliación y la Paz confirma los factores de riesgo en los que se encuentra la
población civil como consecuencia de la alta militarización del territorio y el abandono estatal en
materia de garantías de los Derechos Humanos.
En relación con los hallazgos de la Primera Misión de Verificación Humanitaria, se puede
afirmar que el conflicto entre las insurgencias del ELN y el EPL ha bajado en intensidad, aunque
continúa provocando riesgos en algunos municipios del Catatumbo. Por otro lado, la alerta que sehizo hace un año frente al riesgo que provocaría el aumento de tropas militares no fue escuchada
por parte del Gobierno Nacional y, en consecuencia, la mayoría de las denuncias recibidas se
concentraron en las vulneraciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al
Derecho Internacional Humanitario que genera la alta militarización de la región y la estrategia
que el Ejército Nacional está desarrollando.
Las denuncias hechas por la comunidad presentan rasgos comunes y ciertos patrones que se
pueden identificar durante el recorrido por cada uno de los municipios. Estos hechos fueron
evidenciados previamente en el comunicado No. 12 de la Comisión por la Vida, la
Reconciliación y la Paz del Catatumbo debido a su gravedad y relación con las denuncias hechas
por el New York Times. En ese sentido, encontramos reiteradas denuncias que permiten concluir
que a nivel regional las comunidades campesinas son concebidas por la institucionalidad militar
como adversarios u opositores del Estado y, en consecuencia, están recibiendo un tratamiento que
vulnera sus derechos en el marco del DIDH y el DIH.
Son reiteradas las denuncias por los siguientes hechos:
-Señalamientos y estigmatizaciones contra comunidades y líderes comunales y sociales que son
permanentemente señalados como guerrilleros y/o auxiliadores de las insurgencias.
-Disparos indiscriminados contra campesinos y líderes sociales. En los municipios se
denunciaron casos en los que el Ejército dispara contra la población civil mientras se encuentran
trabajando, cuando se acercan a reclamar cuidado por las fuentes de agua y algunos casos contra
líderes sociales.
-Operaciones militares indiscriminadas. Tropas del Ejército Nacional realizan disparos en
campo abierto y/o contra lugares habitados por población civil, lo que ha generado zozobra y
afectaciones en viviendas ocupadas por familias campesinas y muertes a semovientes, violando el
principio de distinción del DIH. Las comunidades se refieren a estos hechos como combates
simulados o falsos.
-Torturas físicas y psicológicas. Tropas del Ejército Nacional han cometido tratos crueles,
inhumanos y degradantes a campesinos a los cuales señalan como integrantes y/o auxiliadores de
grupos insurgentes. Se han presentado casos de allanamientos ilegales en los cuales maltratan
física y psicológicamente a civiles a quienes les roban sus pertenencias y les destruyen sus
lugares de residencia.
Según el artículo 178 del Código Penal se entiende como tortura el acto de infringir a una persona
dolor o sufrimiento físico o psíquico, en el propósito de: a) obtener de ella o de un tercero, una
confesión, b) castigarla por un acto que haya cometido o se crea que ha cometido, o, c) deintimidarla.
Al
respecto
la
Corte Constitucional ha señalado que se entenderá como tal “…la aplicación sobre una persona
de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o
mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. Es decir que de acuerdo con la
Convención Interamericana configura el delito de tortura cualquier acto que en los términos y
para los fines allí señalados atente contra la autonomía personal, incluso si el mismo no causa
sufrimiento o dolor” (Sentencia C-148 de 2005)
Por su parte, la jurisprudencia internacional, ha señalado “la tortura no solamente puede ser
perpetrada mediante el ejercicio de la violencia física, sino también a través de actos que
produzcan en la víctima un sufrimiento físico, psíquico o moral agudo”. (Corte IDH. Caso
Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr.
100).
A partir de estas definiciones básicas, contrastadas con la información transmitida por la
comunidad, se advierte la concurrencia de actos posiblemente constitutivos del crimen enunciado.
En particular, destacamos entre ellos, los hechos que hablan de la aprehensión de pobladores a
quienes se les desnuda, amarra y asfixia con agua o mantas sobre su rostro; al parecer con fines de
intimidación o castigo. Estas conductas son más gravosas cuando afectan de manera directa a
niñas, niños y adolescentes. De igual forma, el permanente maltrato denunciado por los
pobladores, cometido en un contexto en el que se evidencian exacerbadas las relaciones de poder
Estado-ciudadano/a, creando un ambiente de zozobra, angustia y silenciamiento de las y los
habitantes, puede ser entendido como una forma de tortura psicológica.
-Falsos positivos judiciales contra civiles reconocidos por sus comunidades y juntas de acción
comunal como campesinos sin nexos con actores ni actos ilícitos.
En un recuento sobre el origen del Grupo sobre detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, se
señala que “miles de personas están sometidas a la detención arbitraria cada año:
– ya sea sólo porque han ejercido uno de sus derechos fundamentales garantizados con arreglo
a tratados internacionales, tales como su derecho a la libertad de opinión y expresión, su
derecho a la libertad de asociación, o su derecho a salir del propio país y regresar a él,
proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos;
– o bien porque, no pudiendo beneficiarse de las garantías fundamentales del derecho a un
juicio imparcial, han sido detenidas sin que se dicte una orden de arresto, sin ser acusadas ni
juzgadas por una autoridad judicial independiente, o sin tener acceso a un abogado; a veces se
mantiene a los detenidos en régimen de incomunicación durante varios meses o años, o incluso
indefinidamente” [1]En primer lugar, no puede desconocerse que al margen del conflicto armado que afecta la región,
la población del Catatumbo ha tenido una importante tradición organizativa por la reclamación de
derechos y la defensa de proyectos de vida colectivos. Esta realidad ha sido una de las razones que
motivan la estigmatización y persecución contra las comunidades campesinas de la zona, así como
el uso desmedido del poder judicial.
Las denuncias evidencian que la estigmatización en contra de las comunidades se ha extendido al
campo judicial. En tal sentido, el procesamiento de campesinas y campesinos de la región parece
un hecho y riesgo inminente, que se agudiza si se tienen en cuenta situaciones como las narradas
por las comunidades, tales como el patrullaje del Ejército con personas encapuchadas, la toma de
fotografías de forma indiscriminada a las y los pobladores, etc.
El relato de los habitantes habla de un contexto de aplicación de normativas de excepción, que por
lo general, como se ha relatado, desembocan o se expresan en actos de detención arbitraria. Los
retenes improvisados, los allanamientos ilegales, los ofrecimientos de dinero para acusar a
miembros de la comunidad, entre otros hechos, muestran un panorama preocupante que
incrementan el riesgo de privación irregular de la libertad.
-Retenciones ilegales a población civil. Integrantes de la fuerza pública restringen el derecho a
la libre movilidad de los pobladores de la región, por espacio de hasta 4 horas y ordenan a la
población señalar datos de presidentes de las Juntas de Acción Comunal -JAC- líderes sociales y
docentes.
-Empadronamientos. Se exige a las comunidades presentar sus documentos de identificación los
cuales son fotografiados al igual que los rostros de las personas. Algunos documentos de líderes
son retenidos y no han sido devueltos a pesar de reiteradas solicitudes.
Se recuerda que la Corte Constitucional en sentencia C-1024 de 2002 afirma que:
“…la realización de censos poblacionales como los previstos en la norma objeto de
control, en virtud de los cuales quedan registrados en poder del Estado informaciones
de carácter personal no sólo sobre la identidad, sino sobre el lugar de residencia de
cada uno, su lugar de trabajo y sus actividades individuales, excede las facultades que
al Gobierno confiere la Constitución Política al ser declarado uno de los estados de
excepción, como lo es en este caso el de conmoción interior. Dichos censos no se
encuentran autorizados en efecto, ni por la Constitución en sus artículos 213 y 214, ni
tampoco por la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. Esa precisamente es la
razón por la cual esta Corte en sentencia C-295 de 1996 declaró la inconstitucionalidad
del artículo 3 del Decreto Legislativo No. 717 de 18 abril de 1996, respecto de la
obligatoriedad de inscripción en la Alcaldía por parte de los habitantes de zonas
especialmente afectadas por alteración del orden público, por cuanto con esa medida seafecta la libertad individual en forma no autorizada por la Carta. Del mismo modo en
la sentencia C-251 de 2002, en la cual se declaró la inexequibilidad de la Ley 684 de
2001, esta Corte declaró contrario a la Constitución el registro de la población que en
ella se autorizaba adelantar en los llamados “Teatros de operaciones militares”, pues
esa clase de empadronamientos no se encuentra autorizada ni estados de normalidad ni
en estados de excepción”.
Además, se evidencia, a partir de las denuncias recibidas, que existe un abierto incumplimiento
por parte de los uniformados, de los principios rectores del tratamiento de datos contenidos en la
Ley Estatutaria 1581 de 2012 (art. 1 y 8), en tanto: a) No se observa una finalidad legítima y
constitucional en la cooptación de estos; b) Se desconoce el destino de esta información; c) No se
cuenta con evidencia de la autorización de las y los campesinos cuyos datos están siendo
almacenados; d) No es posible predicar el principio de seguridad sobre el uso y destino de la
información.
-Utilización de civiles encubiertos en operaciones militares, en el marco de desarrollo de
retenes y patrullajes con personas que ocultan el rostro con pasamontañas utilizando algunas
prendas de uso exclusivo militar, generando permanente zozobra en las comunidades.
-Aparición de panfletos y letreros alusivos a grupos paramilitares (AUC – AGC) en cascos
urbanos y veredas con alta militarización. Los hechos se han presentado durante y en momentos
inmediatamente posteriores a la presencia de tropas del Ejército Nacional.
Como consecuencia de estos hechos, la posibilidad de decidir el lugar de residencia está siendo
vulnerado en razón a la ocupación militar de los predios de familias campesinas, de los
impedimentos para transitar incluso hacia sus cultivos y el temor que viene generando los
señalamientos y amenazas proferidas por miembros de la fuerza militar del Estado. Se torna
preocupante la falta de atención a esta problemática por parte de las autoridades civiles de los
distintos municipios y el departamento, conforme lo obliga la Ley 387 de 1997, la Ley 1448 de
2011 y los lineamientos propuestos por la Corte Constitucional, entre otras, en las Sentencias T-
025 de 2004 y T-239/13.
En materia de vías, salud, educación y condiciones socioeconómicas, se verifica que a pesar de la
visibilización de denuncias y exigencias de las comunidades en el marco de la Primera Misión de
verificación, no se han presentado cambios significativos en los municipios. En todos los puntos
visitados, se denuncia falta de personal médico, de equipamiento técnico y precariedad de la
infraestructura de centros de salud. Además, no cuentan ambulancias adecuadas lo que dificulta
la atención en poblados rurales y pone en riesgo la seguridad de los pacientes, agravada con los
traslados en las pésimas condiciones de infraestructura vial.La misión reafirma los hallazgos de hace un año y denuncia que los centros educativos de la
región no cuentan con personal docente y administrativo suficiente para cubrir las necesidades de
la población estudiantil; así como la falta de materiales pedagógicos e implementos tecnológicos
que garanticen una educación de calidad. Se subraya la falta de personal capacitado para el
acompañamiento psicosocial de los menores, especialmente en zonas en donde se presentan
enfrentamientos armados.
El impacto psicosocial y los efectos que en este campo se están generando en las comunidades,
hablan de una vulneración del derecho a vivir sin humillaciones. Los pobladores son insistentes
en manifestar que se sienten sometidos a relaciones de dominación y degradación y que sus
proyectos de vida se están viendo afectados, por lo que incluso dudan si deben insistir en su
permanencia en el territorio.
Las comunidades manifiestan que la falta de reconocimiento a su labor campesina como
productores de alimentos y las malas condiciones de las vías para la comercialización de sus
productos, impiden que tengan ingresos suficientes para sobrevivir. Por esta razón, reclaman
apoyo estatal a las formas de economía campesina y solidaria que lideran las organizaciones
sociales y Juntas de Acción Comunal. Es evidente la necesidad de inversión social en esta región
y denuncian que no han sido convocados para la implementación del Programa de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET).
La Misión de Verificación pudo constatar, una vez más, que las pocas condiciones de vida digna
que mantienen a los habitantes de esta región en el territorio son producto del trabajo articulado y
de las capacidades organizativas que han desarrollado las comunidades a través de las Juntas de
Acción Comunal, las Asociaciones de Juntas y las organizaciones sociales. En este sentido, la
Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo anima a las comunidades a
continuar con los esfuerzos organizativos, a ampliar los mecanismos de denuncia en materia de
DDHH y a promover un trabajo unitario para garantizar la permanencia en el territorio.
EXIGENCIAS
Ante la grave situación en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
se requiere la adopción de medidas urgentes a favor de las comunidades del Catatumbo. En este
sentido en ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en la Constitución Nacional
en su artículo 23, las organizaciones sociales que integramos la Comisión por la Vida, la
Reconciliación y la Paz del Catatumbo, exigimos:
A todos los actores armados que hacen presencia en la región del Catatumbo Ejército de
Liberación Nacional- ELN, Ejército Popular de Liberación EPL, Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia FARC:-El cese inmediato de toda confrontación armada.
-Respeto al Derecho Internacional Humanitario, especialmente, a los principios de distinción y de
proporcionalidad que se encuentran vulnerados en la ocupación de predios de las comunidades.
-Asumir compromisos de descontaminación de los territorios donde hay minas antipersonales y
munición sin explotar artefactos que ponen en riesgo a la población civil.
-Adoptar mecanismos de evaluación e investigación interna sobre la actuación de sus fuerzas, que
permitan la prevención y sanción adecuada de abusos contra las comunidades de la región.
Al Ejército Nacional de Colombia:
– Respetar el Derecho Internacional Humanitario: especialmente, a los principios de distinción y de
proporcionalidad que se encuentran vulnerados en el involucramiento de civiles en asuntos de
índole militar, en la ocupación de bienes civiles de las comunidades y predios de los cuales
derivan su subsistencia y en las afectaciones de las que han sido víctimas familias que han
quedado en medio de confrontaciones militares causándoles afectaciones materiales y
psicológicas.
– Evitar su presencia en cascos urbanos y escuelas: esta situación aumenta el riesgo de la población
civil y especialmente de niños y niñas.
– Cesar los disparos indiscriminados en ocasiones dirigidos hacia los sitios de residencia de la
población civil y sin combate aparente.
– Tratar dignamente a la población civil. Se percibe un aumento de la estigmatización y presión
que genera un ambiente de permanente angustia y zozobra.
– Garantizar la seguridad de los líderes y lideresas sociales y de las comunidades en general.
– Detener los empadronamientos y la cooptación irregular de datos de las comunidades.
– Investigar las denuncias y detener los hechos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y
degradantes.
– Frenar las detenciones arbitrarias y abuso de judicialización (o amenaza de esta) como
mecanismo de intimidación y represión contra las comunidades.
–
Investigar y tomar medidas concretas frente a todas las denuncias presentadas en este informe de
Verificación.Al señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez:
-Garantizar la vida y los derechos humanos de la población civil de la región del Catatumbo.
– En calidad de comandante en jefe de la Fuerza Pública, velar por el respeto del Derecho
Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
-Como jefe de Estado, garantizar que los planes, programas y proyectos de inversión en la región
del Catatumbo respondan a las necesidades territoriales de sus comunidades y garanticen la
transformación de sus condiciones de vida.
– Garantizar que la inversión social se ejecute a través de las entidades correspondientes y no, a
través de jornadas cívico-militares que en este contexto, ponen en riesgo a la población civil.
A la Unidad de Víctimas y la Secretaría de Víctimas, Paz y Posconflicto:
-Reconocer e incluir a las víctimas en el Registro Único de Víctimas de conformidad con la ley de
víctimas 1448.
-Activar según los lineamientos de la ley 1448 los planes de reparaciones individuales y colectivas
correspondientes a las afectaciones vividas durante el control paramilitar y aquellas que son
producto de la actual confrontación armada que se presenta en la región. Fue reiterativa la queja
frente a la falta de respuestas concretas a las víctimas de esta región.
A los organismos de defensa de Derechos Humanos nacionales e internacionales, en cabeza
de la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, así como a los
entes de Control en Cabeza de la Procuraduría y Contraloría Nacional y Congresistas:
-Velar por la superación dialogada del actual conflicto que afecta la región del Catatumbo.
-Velar por la minimización de los impactos del conflicto armado actual en la población y generar
garantías de protección a los líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos de la
región.
– Acompañar de manera efectiva a las comunidades del Catatumbo y ejercer un rol de mediación
con los distintos actores que hacen presencia en el territorio.
– Al Ministerio del Interior garantizar que todas las denuncias tengan seguimiento y respuesta
efectiva.
– A la Oficina de Naciones de Unidas para los Derechos Humanos hacer seguimiento y
verificación al cumplimiento de las exigencias aquí manifiestas.-A la Defensoría del Pueblo emitir quejas formales a las entidades correspondientes de las
denuncias recogidas durante esta Misión de Verificación. Y cumplir con el compromiso adquirido
frente a las comunidades respecto a los talleres sobre víctimas e implementación de los PDET.
-A la Comisión de Paz del Congreso de la República hacer acompañamiento a las comunidades de
la región del Catatumbo y ejercer control político a los funcionarios responsables de cumplir las
exigencias expuestas.
-A la Procuraduría General de la Nación, iniciar las investigaciones y procesos formales que
correspondan de acuerdo a las denuncias acá presentadas y presentar públicamente los avances de
dichos procesos.
– A la Misión de Verificación de Naciones Unidas ampliar el ejercicio de seguimiento y
verificación alrededor de todos los puntos de implementación del Acuerdo de Paz.
Al Estado colombiano y a las autoridades departamentales y municipales:
– Garantizar el derecho a la libre circulación para que las personas puedan transitar sin obstáculos o
temor por un territorio (Corte Constitucional, Sentencia T-202/13).
– A la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, al Gobernador y alcaldes,
incluir en los planes nacionales, departamentales y municipales de inversión, así como en la
implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, la participación
de las comunidades y responder a las denuncias manifiestas en este informe de verificación.
– Al Ministerio de Ambiente y a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –
Corponor, investigue y tome medidas frente a las denuncias sobre deforestación y contaminación
de nacimientos de agua en los municipios mencionados.
Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo
Junio de 2019
Acompañantes
Ministerio del Interior
Procuraduría General de la Nación
Defensoría del Pueblo – Regional Ocaña
ONU – DDHH
MAPP/OEA
Equipo Jurídico Pueblos
Asociación MINGA – Corporación Construyendo Poder, Democracia y Paz – PODERPAZ
International Action for Peace – IAP y Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia –
REDHERANEXO No. 1 – Fotografías
1. Trincheras sobre vías públicas y carreteras
2. Presencia del Ejército en cascos urbanos y centros educativos
3. Intimidación del Ejército a miembros de la Misión de Verificación y sociedad civil4. Postes y árboles con pintas alusivas a las “AUC” en fincas de propiedad privada
5. Árboles y postes de una finca con pintas “AUC”
6. Daños en bienes privados de la población civil7. Estado de los Puestos de Salud (Infraestructura y materiales)
8. Estado de los Centros Educativos14-18 DE MAYO DE 2019
Siguiendo el mandato emanado de la Asamblea comunitaria realizada el día 22 de abril de 2018
en el municipio de El Tarra, la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo,
conformada por procesos sociales y comunales para dar respuesta a la crisis social, política y
económica que se presenta en la región, convocó la Segunda Misión de verificación de la
situación de derechos humanos y DIH, con el objetivo de recoger, visibilizar y dar a conocer a las
autoridades correspondientes para su inmediata intervención, las denuncias de vulneración a la
población civil.
La 2da Misión de verificación se realizó del 14 al 18 de mayo de 2019, en dos rutas definidas
tras la identificación de lugares cuyas comunidades han realizado alertas y preocupantes
denuncias. Inició en la ciudad de Ocaña y visitó los municipios de Hacarí, Convención, El
Carmen, San Calixto, Teorama, El Tarra y Tibú, donde finalizó. En su realización contó con el
acompañamiento de Ministerio del Interior, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del
Pueblo/Regional Ocaña, Naciones Unidas/DDHH, MAPP-OEA; con las organizaciones de
derechos humanos Corporación Construyendo Poder Democracia y Paz/ PODERPAZ, Equipo
Jurídico Pueblos y Asociación MINGA, Con los medios de comunicación El Espectador,
Periferia Prensa y Colombia Informa y con los observadores internacionales Red de Hermandad y
Solidaridad con Colombia /REDHER y Acción Internacional por la Paz /IAP.
A continuación daremos a conocer los hallazgos de la 2da misión de verificación en cada
municipio visitado, en tanto afectaciones a derechos económicos, sociales y culturales,
implementación de los acuerdos de paz, al ambiente y vulneraciones al Derecho Internacional de
los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario/DIH, haciendo énfasis, de
acuerdo a las denuncias expuestas por la totalidad de comunidades visitadas, en las acciones
cometidas por parte de tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA del Ejército Nacional
de Colombia. Acciones que podrían relacionarse con las denuncias conocidas recientemente en
el país, sobre directrices al interior de esta institución que exigen aumentar resultados
operacionales aunque esto signifique afectar a la población civil, como ya está sucediendo en la
región del Catatumbo, donde las comunidades viven bajo un ambiente de zozobra permanente.
Vulneraciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho
Internacional Humanitario/DIH:
Contexto regional:La Primera Misión de Verificación realizada entre el 13 y 19 de mayo del año 2018, evidenció el
riesgo en materia de Derechos Humanos en el que se encontraba la población civil del
Catatumbo, como consecuencia de los constantes enfrentamientos entre las insurgencias del EPL
y el ELN, la declaración de paros armados, amenazas generalizadas y la confrontación entre estos
grupos y el Ejército Nacional, cuya presencia ya avizoraba el aumento de riesgo por acciones que
se denunciaron en el informe anterior y en otros escenarios de incidencia, en los cuales, la
Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz, manifestamos rechazo a la militarización, como
única solución que ofrece el Gobierno ante la crisis de la región.
Para la Segunda Misión es claro que el contexto ha cambiado, se ha reducido considerablemente
la confrontación entre insurgencias y, actualmente, toma mayor relevancia los riesgos que trae
para la población civil el aumento drástico de la Fuerza Pública en el Catatumbo. A esta situación
deben sumarse los 10 casos de asesinatos de líderes sociales durante el 2018 en la región, y los 4
casos que se han registrado desde la Oficina de Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos
Humanos en lo que va corrido del 2019. En cuanto a las amenazas que se presentan, dicha
Oficina señala el riesgo inminente, especialmente, para los líderes comunales que impulsan el
proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito, quienes han tenido que desplazarse de manera
forzada.
De acuerdo a la información de la Policía Nacional, en la región se han presentado 266
homicidios durante el 2018 y lo que va corrido del 2019. La mayoría de estos casos son
homicidios contra agricultores y realizados con arma de fuego y explosivos. Para este año,
Naciones Unidas ha documentado 23 casos de personas entre civiles y combatientes afectadas por
Minas Antipersonales y Munición Sin Explotar (MAP/MUSE).
Municipio de Convención:
Comunidades denuncian aparición y aumento de llamadas extorsivas a comerciantes del casco
urbano. El temor de la población es generalizado por la aparición de panfletos de las
Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, el asesinato de comerciantes amenazados en
dicho panfletos y las amenazas que llegan a quienes se atreven a denunciar. Según las
autoridades, se trata de delincuencia común. Durante la misión, y a pesar de la militarización del
casco urbano y las restricciones de movilidad que se han impuesto por parte de la fuerza pública,
se presentó un nuevo homicidio a un transportador informal. Preocupa la poca capacidad de
respuesta de la fuerza pública para evitar y/o reducir estas situaciones.
La comunidad percibe un retroceso en materia de Derechos Humanos. Denuncian que después de
los enfrentamientos entre las insurgencias del ELN y EPL varias veredas quedaron minadas y
afectan la libre movilidad por la zona. Afirman ser objeto de estigmatización y señalamientospermanentes por parte de la fuerza pública, quienes ocupan terrenos de propiedad privada y
colectiva afectando las bocatomas de los acueductos y centros de salud. Se denuncian capturas de
líderes comunales a partir de señalamientos de terceros.
Solo en el corregimiento de Cartagenita han sido asesinadas 41 personas entre 2017 y 2019. De
estas, el Estado ha reconocido el asesinato de Wilmer Jácome, Luis Teresa Rodríguez y Dimar
Torres. Así mismo, denuncian el asesinato de seis personas por grupos paramilitares y el miedo
que sienten de ir al casco urbano de Convención por las amenazas de las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia -AGC-.
Población civil está en permanente riesgo como consecuencia de la ubicación de tropas del
Ejército cerca a centros poblados y en casas de campesinos, acción contraria al DIH. Por esta
causa las comunidades se han visto afectadas por bombardeos por parte del Ejército Nacional en
veredas como Carrizal, El Loro, El Cobre y Chapinero. Comunidades aseguran que en medio de
hostigamientos de la guerrilla hacia el Ejército, este responde disparando hacia la población civil
que se encuentra en los caseríos. Se han presentado acciones donde militares hacen disparos,
suenan bombas y bengalas en las noches incluso cuando no se registran enfrentamientos con
otros actores armados, acciones que pueden establecerse como posibles falsos combates. Estas
actuaciones han provocando zozobra permanente y desplazamiento de varias familias. La
mayoría continúan sin retornar a sus lugares de origen por falta de garantías de seguridad.
También se denuncian sobrevuelos constantes de drones con los que la fuerza pública monitorea
a la población y se registran cortes injustificados del servicio de luz eléctrica con lo que la
comunidad se siente intimidada. En vías interveredales el Ejército Nacional realiza retenes a los
campesinos y hace presencia cerca a Escuelas, en algunas persiste presencia de campos minados
poniendo en riesgo la vida de los niños y las niñas. Soldados han abordado, retenido y amenazado
con sus armas a jóvenes de la comunidad acusandoles de estar instalando minas y/o hacer parte
de las insurgencias. Gracias a la acción de líderes se han rescatado a quienes, según la
comunidad, pudieron ser víctimas de montajes y/o desapariciones. En algunos casos, al confirmar
que los jóvenes son campesinos, militares les han ofrecido dinero por guardar silencio sobre las
retenciones de las que son víctimas.
Se denuncian quemas de casas de campesinos, robos de semovientes, enseres y alimentos en
casas y tiendas por parte de tropas del Ejército, a quienes también señalan de encerrar y amenazar
a mujeres y niños. Se denuncia aumento en casos de judicialización a líderes sociales y miembros
de las JAC, sin órdenes judiciales ni material probatorio, especialmente en las veredas Bella
Unión, Guaciles y Maicitos. Por esta razón, comunidades se han visto en la obligación de mediar
con miembros de Ejército y moverse de manera colectiva de un lado a otro para buscar a
pobladores que reportan afectaciones. Manifiesta la comunidad que han recibido mensajes vía
Facebook y/o WhatsApp, de actores que se identifican como funcionarios de inteligencia military de la fiscalía, por medio de los cuales les ofrecen dinero, les piden que se desmovilicen y
trabajen con ellos.
En todo el municipio hay retenes donde se realizan empadronamientos, en algunos puntos se
presentan controles de mercados y medicamentos. En estos retenes militares fotografían y
amenazan constantemente a todo residente y transeúnte de la zona a quienes les preguntan por
nombres y ubicaciones de líderes de las Juntas de Acción Comunal -JAC-. En varias veredas
opera un toque de queda de facto impuesto por los militares, quienes manifiestan a la población
que “nadie puede transitar por donde ellos están en horarios de la noche por su seguridad, que
porque a esa hora solo camina la guerrilla y que van a disparar a todo lo que vean”. En clara
afectación al derecho a la libre movilidad y al derecho de distinción estigmatizando y poniendo
en riesgo a la población civil. Se denuncia además que en varias ocasiones el Ejército Nacional
impide reuniones de las Juntas de Acción Comunal – JAC- argumentando que “una reunión con
más de cinco personas, ya se asume como un encuentro de la insurgencia”.
En este municipio se presentó una denuncia de tratos crueles, degradantes e inhumanos por parte
de miembros del Ejército Nacional a dos campesinos que se encontraban trabajando en una finca,
señalandolos de ser parte de la insurgencia. En palabras de la comunidad “los torturaron, les
pusieron una bolsa de tela oscura en la cabeza y les echaron un líquido que les generó ardor en
los ojos. Los colgaron de los pies en un árbol, los amenazaron con degollarlos y quitarles las
uñas. Los dejaron amarrados a un árbol cerca a sus fincas, de las cuales robaron varios
millones de pesos que tenían los campesinos como ahorros. Ese mismo día, tres miembros del
Ejército Nacional llegaron hasta la finca de una mujer, madre de tres hijos menores de edad, le
rompieron las camas, los colchones, los muebles y grabaron el hecho para mostrarlo como
amenaza a la comunidad días después.”
De las denuncias hechas en este corregimiento, llama la atención que el Ejército Nacional esté
usando civiles encapuchados en operaciones militares y que la comunidad asegure que los han
visto escribir en algunas paredes pintas alusivas al “ELN” o cosas como “EPL Hp”, lo cual
genera dudas sobre el rol que han desempeñado durante el enfrentamiento entre estas dos
insurgencias y provoca confusión en la comunidad.
Municipio de Teorama
Los constantes enfrentamientos que se presentan entre el Ejército Nacional y las insurgencias
cerca de los cascos urbanos ponen en riesgo a la población civil. Se han presentado casos de
activación de artefactos explosivos cerca de la población, ametrallamiento sobre las fincas y
hacia las montañas, caída de casquillos y otros elementos como fragmentos de morteros a 10 y 20
metros de distancia de viviendas y escuelas, estallido de cilindros y lanzamiento de tatucos en
algunos lugares cuando hay campesinos trabajando cerca. En este municipio se denuncia que
militares han disparado contra la población civil mientras trabaja en sus fincas, en palabras de lacomunidad:
“dispararon con tiros de precisión a una persona de la tercera edad, sin ningún tipo de
enfrentamiento cerca, como simulando combates.”
Entre las principales afectaciones producto de estos hechos, se destacan: deserción escolar,
afectaciones psicológicas en niños y adultos, confinamientos y desplazamientos masivos,
impedimentos para el trabajo agrícola, bloqueos económicos, señalamientos de grupos armados y
desapariciones. Comunidades denuncian que dichas afectaciones son profundizadas con la
ausencia de un protocolo de seguridad en las escuelas, ausencia de planes de contingencia en las
cabeceras municipales para atender a familias en condición de desplazamiento y las falta de
garantías para el retorno de las familias.
Preocupa especialmente la persecución actual hacia los líderes comunales que dinamizan los
peajes comunitarios, quienes están siendo amenazados con montajes judiciales. Denuncian que
la fuerza pública solicita fotografías de líderes sociales a pobladores que participan en la red de
apoyo ciudadana, especialmente de líderes que dinamizan reuniones y hacen parte de procesos
organizativos. En algunos corregimientos como El Aserrío, fuerza pública solicita a distintos
miembros de la comunidad listados de los presidentes de JAC con cédulas y que han llegado a las
fincas preguntando por estos líderes y lideresas con listas en mano. La comunidad afirma que
soldados del Ejército Nacional se movilizan vestidos de civil con botas de caucho como si fueran
campesinos, y se presentan armados en casas preguntando por los presidentes de las JAC y
personas afiliadas. Además, existen amenazas directas sobre precandidatos a alcaldía.
En el municipio persiste un ambiente generalizado de estigmatización por parte del Ejército
Nacional sobre la población civil, lo que se refleja en la retención de los documentos de
identidad, trato hostil cotidiano y toma de fotografías a campesinos cuando transitan por las
carreteras. La comunidad afirma que la fuerza pública impide la libre movilidad en los caminos
de herradura, retiene a campesinos en las carreteras, ingresan a las fincas robando plátanos, yuca
y verduras así como pertenencias de aseo, dinero ahorrado y han tomado sin permiso acceso a la
luz eléctrica elevando las cuentas del servicio cuyo costo debe ser asumida por los campesinos.
Además, habitantes denuncian no poder organizar eventos de integración porque afirman que no
hay ánimo y las familias permanecen encerradas en sus fincas. Por esta causa, actualmente, en el
corregimiento de El Aserrío hay fincas abandonadas y miedo generalizado para salir a trabajar.
Se denuncia la aparición de letreros alusivos a las “AUC” en los postes y árboles de una finca
donde ha hecho presencia el Ejército Nacional. Esta situación se suma a otras denuncias previas
en esta misma finca, donde se han hallado cámaras de vigilancia puestas sin consentimiento de
sus dueños quienes son familiares reconocidos líderes de la región. Vecinos del lugar han
manifestado que fuerza pública ha estado indagando con los trabajadores sobre horarios de la
familia y distribución del espacio de la casa.Comunidades afirman que existe una condición de confinamiento en toda la región. Varias
familias se niegan a salir de sus fincas por miedo a transitar por el casco urbano del municipio de
Convención, donde ha aumentado las extorsiones y asesinatos selectivos a pesar de la alta
militarización y la cercanía del batallón en La Esmeralda. Comunidades denuncian que casos de
extorsión ya se están presentando en el municipio de Teorama.
Se denuncia persecución por parte de la Fuerza Pública a conductores de rutas de línea sobre
quienes buscan información e intimidan, esto genera alerta de posibles casos de falsos positivos
judiciales. Además, denuncian la desaparición de dos campesinos miembros de la comunidad
desde el pasado 14 de mayo de 2019. Se afirma que fueron citados en el corregimiento de San
Pablo por actores desconocidos que les obligaron a subir a una camioneta blanca y hasta el
momento no se tiene información de su paradero.
En términos generales, la comunidad percibe hechos similares a los vividos entre el 2002 y 2007
con el paramilitarismo.
Municipio de Hacarí
La comunidad del municipio de Hacarí se muestra muy inconforme e insegura con las actividades
que ha desarrollado el Ejército Nacional, pues perciben que tras el aumento de la tropa se ha
profundizado la estigmatización y judicialización que, además, amenaza con acabar los recursos
hídricos del territorio y limita el libre tránsito entre las veredas. Eso último afectó directamente la
Misión de Verificación cuando miembros del Ejército Nacional – Fuerza de Despliegue Rápido
No. 3 en comando del señor Rolan Andrés Moreno Parra impidieron la realización del proceso de
verificación en el nacimiento de agua de la vereda Mesa Rica.
Una situación similar afectó la Misión de Verificación en las veredas Monte Tarra e Islitas
cuando el lugar de reunión con la comunidad se vio rodeado por varios miembros del Ejército
Nacional, quienes, además, procedieron a grabar y sacar fotografías de los participantes de la
reunión con el objetivo de intimidar y ejercer presión sobre los miembros de la comunidad que
estaban tratando de presentar las denuncias respectivas.
En Mesitas, la fuerza pública también hizo presencia en el lugar de reunión entre la misión y la
comunidad, tomando fotografías. En diálogo con los acompañantes nacionales e internacionales,
el Ejército Nacional pidió un listado de asistencia de los participantes que les fue negado de
manera inmediata y se pidió al delegado del Ministerio del Interior que les solicitara retirarse del
espacio. El Ejército manifestó tener información de posibles combates con integrantes de GAO
esa tarde y por esta misma razón se pidió respeto al DIH y en ese sentido repliegue de la fuerza y
distancia del casco urbano, pues su presencia aumentaba el riesgo para la población civil y la
Misión de Verificación.Los líderes y lideresas sociales de este municipio sienten temor de continuar ejerciendo su
liderazgo y la participación activa por la defensa de los derechos humanos, ya que se han visto
amedrentados por parte del Ejército Nacional, debido a que existe una persecución constante por
el hecho de querer vincularlos a los grupos armados organizados (GAO). Mencionan que aunque
intenten establecer un diálogo directo con el alcalde del municipio de Hacarí, es imposible, pues
siempre hay presencia del Ejército Nacional y al final se convierte en una reunión de
señalamientos sin fundamento. Se hacen denuncias públicas respecto a empadronamientos
constantes, retenes en las vías de acceso a las veredas obstaculizando el libre tránsito y la
individualización de líderes por parte del Ejército Nacional a partir de fotografías. Además,
denuncia la comunidad que soldados del Ejército Nacional están interrogando a los niños de las
escuelas con el fin de obtener información sobre las actividades de la comunidad en el territorio.
Municipio de San Calixto:
Las comunidades de este municipio denuncian invasiones violentas y abusivas por parte del
Ejército Nacional a las veredas de los campesinos pobladores y trabajadores. La comunidad
denuncia que, por órdenes del coronel Castañeda, tropas del Ejército Nacional adscritos a la
FUDRA No.3, invaden violentamente los terrenos privados de los campesinos, colocando sus
campamentos dentro de ellos e instalando trincheras que construyen deforestando el terreno.
Denuncian que ya hay varias familias que se han visto en la obligación de desplazarse
forzosamente, debido a que soldados de la FUDRA No. 3 les comentan: “Es mejor que se vayan
de acá, nosotros no los vamos a proteger”. Esta situación se viene presentando desde diciembre
del 2018 y se agrava con la restricción total de movilidad por las rutas de acceso a las fincas de
los campesinos después de las seis – 6 – de la tarde, lo que establece un toque de queda ilegal sin
ningún tipo de justificación expresa.
Denuncian que miembros de la Fudra No. 3 usando sólo el camuflado del pantalón y una camisa
negra, atacaron a dos jóvenes a quienes, según la comunidad, “amordazaron, amarraron con
cabulla los brazos y las piernas, los arrastraron contra el suelo, les disparaban a los pies, los
golpeaban fuertemente en el rostro y en sus cuerpos, destruyendo su ropa y hasta robando el
dinero que dentro del hogar se encontraba. Les pusieron un arma en las manos para que
salieran corriendo y así poder matarlos con una justificación”. Además, denuncian la captura
ilegal de tres miembros de la comunidad, quienes, según informan los soldados, se encontraban
preparando cilindros bomba. La comunidad rechaza estas acusaciones y afirma que a esos
muchachos los obligaron, a partir de amenazas contra su vida, a aceptar su participación en el
supuesto ataque. Hasta la fecha estos miembros de la comunidad siguen capturados y aún no se
ha adelantado una investigación formal que comprueben la manipulación de los artefactos
explosivos.Como consecuencia de las capturas y la contaminación de las fuentes de agua, la comunidad ha
buscado dialogar con miembros del Ejército, pero, como respuesta, han sido atacados con armas
de fuego, por lo que hay una mujer herida y se les han tomado fotografías y solicitado cédulas a
quienes interactuaron con ellos señalándoles, posteriormente, de ser guerrilleros.
Se confirmó la denuncia pública hecha por tres líderes sociales, quienes siendo las 7:00 p.m. del
día sábado 20 de abril del 2019 fueron atacados con disparos de fusil mientras pasaban cerca de
un puesto militar cuando se dirigían hacia el casco urbano del municipio de San Calixto. Los
líderes sociales se identificaron como civiles, pero la respuesta desde el puesto militar fue
disparar nuevamente. Este hecho los obligó a regresar y quedarse en una finca del sector. Al día
siguiente 21 de abril del 2019 un cabo del puesto militar les informa que esa zona estaba bajo
restricción de paso desde las 6 de la tarde. Esta denuncia formal ya está en manos de la
Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Provincial de Ocaña y en la Policía Nacional.
Municipio de El Carmen:
La comunidad afirma que el Ejército Nacional los trata como guerrilleros, les impide la libre
circulación entre sus fincas, pide papeles constantemente y les han tomado fotografías a las
cédulas de los campesinos. Además, reciben amenazas constantes. En este sentido, afirman que
no tienen garantías para el ejercicio del liderazgo comunal.
Durante la semana santa del año 2019 miembros del Ejército Nacional llegaron a una vereda y
“se asentaron en una casa que funciona como gallera, rompieron las tablas, se apropiaron del
servicio de luz eléctrica y de un televisor.” En varias veredas se denuncia la revisión de mercados
de las familias, los impedimentos para la libre movilidad de los niños y niñas en las carreteras y
la dificultad que esto genera para la comercialización de productos.
Municipio de El Tarra:
En la reunión que se desarrolló con instituciones públicas, líderes y lideresas comunales y
presidentes de Juntas de Acción Comunal, se manifestó que “el municipio es un volcán en alerta
roja y está a punto de erupción”. Denuncian públicamente que la comunidad sufre a diario
señalamientos por parte de la fuerza pública, al ser tildados de colaboradores de las insurgencias
en el territorio. Resaltan la intervención del Personero Municipal y del mismo Alcalde como
actores intermediarios para charlas con los altos mandos del Ejército. Sin embargo, quieren
alertar sobre nuevas capturas de líderes y lideresas sociales con algunos indicios que ya conoce la
Personería Municipal.
La población civil se ha visto afectada por las permanentes confrontaciones entre las insurgencias
y el Ejército Nacional. Denuncian que el 1 de mayo resultó herido un joven y que en algunos
corregimientos, el Ejército Nacional ha ubicado sus campamentos dentro o muy cerca de loscaseríos. Esta situación provoca que se obstaculice el libre tránsito por el municipio, que la
población civil quede en riesgo y que los más jóvenes sean la población más vulnerable.
Denuncian que el 14 de mayo de este año, patrullas del Ejército retuvieron a un muchacho del
sector a quien le preguntaron insistentemente por el presidente de la JAC. Además, denuncian
que los drones están todas las noches sobre la cabecera de los corregimientos y que las estrategias
llegan a ser tan abusivas que “los soldados seducen a jóvenes del sector para que colaboren con
el ejército ofreciéndoles mercados que vienen entregando a algunas familias”. Con estos hechos
están involucrando a población civil en el conflicto armado. Denuncian que en la última reunión
que se tuvo directamente con el General Garzón, él mencionó textualmente lo siguiente: «La
orden es erradicar y acabar con la guerrilla como sea”.
La comunidad manifiesta que en meses anteriores tuvieron que desplazarse hacia la cabecera
municipal porque el Ejército Nacional los obligó a dejar sus cultivos, sus animales y fincas.
Cuando retornaron, sus animales habían desaparecido en un 50% – sus cultivos habían sido
destruidos y algunas fincas y casas estaban deterioradas. En este plan retorno sólo recibieron
acompañamiento por parte de la Personería y una sola ayuda humanitaria por parte de la
Gobernación del departamento.
Derechos económicos, sociales y culturales
Derecho a la salud
Las comunidades de los municipios de La Playa de Belén, El Carmen, Convención, Hacarí, San
Calixto, Teorama y El Tarra denunciaron que en varios de sus corregimientos y veredas no
cuentan con puestos de salud, ambulancias ni personal médico necesario para atender el número
de habitantes de estos territorios. Además, denuncian que los centros de atención médica
existentes no cuentan con los utensilios básicos para la atención en casos de urgencias, las
ambulancias asignadas tienen recorridos demasiado extensos que impiden una atención inmediata
y el personal de enfermería no es asignado permanentemente. Denuncian que, por una directriz
del Hospital de Ocaña Emiro Cañizares, la única manera para acceder al transporte de ambulancia
en el sector rural, el usuario debe costear los gastos de gasolina desde el casco urbano del
municipio hasta la vereda correspondiente a un valor aproximado de 100.000 – cien mil pesos –
que varía de acuerdo con la distancia del trayecto.
Denuncian el mal servicio que ofrece Comfaoriente, Medimas, Nueva EPS y Salud Vida al
campesinado. En materia de salud solicitan que la Procuraduría investigue el uso de los recursos
asignados a los municipios y a las EPS, porque se conoce la existencia de varios convenios sin
tener resultados concretos.
Como consecuencia del contexto actual, las comunidades solicitan la creación de un Plan de
contingencia ante posibles desplazamientos masivos en los cascos urbanos o la creación derefugios humanitarios en algunos corregimientos. La experiencia ya vivida demuestra que no se
cuenta con la infraestructura adecuada para atender este tipo de emergencias. Las condiciones de
las casas campesinas, escuelas, casas de la mujer o polideportivos son insuficientes para atender a
las familias que llegan desplazadas de las veredas como consecuencia de los enfrentamientos
armados.
Derecho a la educación
Las comunidades denuncian el abandono estatal en materia educativa. La Misión de Verificación
pudo constatar el estado en el que se encuentran la mayoría de los Centros Educativos en los
municipios, corregimientos y veredas visitadas. La infraestructura de las escuelas está bastante
deteriorada, no cuentan con los espacios, ni herramientas necesarias para su buen
funcionamiento. El mal estado de baterías sanitarias, puertas y cocinas es evidente. Las
bibliotecas cuentan con muy pocos recursos de consulta y están desactualizados. El abandono se
hace más evidente a nivel veredal en donde los estudiantes tienen que caminar por más de dos
horas para llegar a una escuela improvisada que no cuenta con mobiliario, ni tablero. No cuentan
con espacios lúdico-recreativos, algunos salones están sin techo y con piso en tierra y en la
mayoría no se cuenta con aula múltiple para realizar eventos culturales.
Los directivos y docentes de varios establecimientos educativos denuncian que los alimentos que
ofrece el Programa de Alimentación Escolar – PAE – no están llegando hasta los colegios y
escuelas de las veredas, debido a la falta de coordinación de la administración municipal, lo cual
ha provocado que la misma comunidad tenga que cubrir el costo del transporte semanal de los
alimentos del programa.
Los docentes reclaman estabilidad laboral y transparencia en los concursos docentes para que
estas condiciones mejoren el nivel educativo de los estudiantes y garanticen su permanencia en la
escuela. Además, reclaman la asignación de docentes que cubran las sedes satélites que
actualmente tienen niños matriculados y consideran necesaria la contratación de docentes
psicólogos y trabajadores sociales que puedan atender los casos de afectación emocional con los
que están llegando los estudiantes en un contexto de conflicto armado.
El acceso a la educación secundaria y superior es mínimo. Los docentes han solicitado en
reiteradas ocasiones la apertura de otras sedes en las que se garantice el bachillerato para los
jóvenes que no tienen cómo continuar sus estudios y quedan en mayor riesgo frente a los grupos
armados. En varios corregimientos sólo se cuenta con Hogares Juveniles de Paz que tienen una
capacidad limitada, no cuentan con personal administrativo y tampoco pueden garantizar
programas y/o alternativas eficaces para que los estudiantes puedan ingresar a la educación
superior.Cientos de estudiantes de las diferentes veredas y corregimientos se ven afectados por la
intervención militar de la fuerza pública en sus territorios. La comunidad denuncia que los
establecimientos educativos son usados como trincheras de guerra por el Ejército Nacional y las
familias están desistiendo de enviar a sus hijos e hijas a clase. Denuncian que las tropas han
ubicado retenes militares cerca de las escuelas y ante el reclamo de los padres de familia les han
dado respuestas como la siguiente: «acá no nos van a atacar porque ahí estudian los hijos de los
guerrilleros, ahí estudian sus propios hijos».
Implementación del Acuerdo de Paz
Debido a la importancia de esta temática, la Misión de Verificación decidió, junto con los
acompañantes, que la implementación del Acuerdo de Paz sería uno de los ejes a valorar con las
comunidades. Particularmente, la situación de reincorporación de los excombatientes de las
FARC y la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET-. En
el recorrido, los líderes y lideresas sociales expresaron su descontento por la falta de información
y transparencia por parte del Gobierno Nacional frente a la implementación de los -PDET-. Estos
líderes participaron activamente hasta la fase subregional en donde se firmó el Plan de Acción
para la Transformación Territorial -PATR- en la ciudad de Cúcuta, les reconocieron varias
iniciativas y recursos asignados. Sin embargo, denuncian que desde la entrada del Gobierno
actual, no se ha convocado a las comunidades a participar de su implementación y que se necesita
una respuesta concreta por parte de las entidades nacionales respecto a las restricciones que se
tienen en esta zona como parte de la Reserva Ambiental para definir, de acuerdo a ello, los
alcances de las propuestas territoriales que tienen las mismas comunidades.
Respecto a la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos
– PNIS manifiestan que el Ejército Nacional ha venido amenazando a sus habitantes trabajadores
con erradicar forzosamente los cultivos. Ellos y ellas mencionan que siguen creyendo en una
posible implementación del PNIS en sus terrenos, pues tienen la voluntad de adelantar una
política concertada de sustitución.
Respecto al proceso de reincorporación de los excombatientes, se manifestó la profundización del
miedo generalizado, especialmente tras el asesinato de Dimar Torres y el riesgo de repetición de
casos similares en algunos municipios. Se denunció que dentro de una vivienda en construcción,
cayeron dos granadas, muy cerca de la casa de una joven pareja de excombatientes de las FARC-
EP y su bebé de 4 meses. Su casa fue alcanzada por las balas, debiendo ser desalojada en medio
de la confrontación.
Afectaciones ambientales
De acuerdo con las denuncias hechas por la comunidad de los municipios de Hacarí, Teorama,
San Calixto y El Tarra, el Ejército Nacional a través de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRANo.3, ha desarrollado una estrategia de ocupación y posicionamiento en los filos de las montañas
y nacimientos de agua, talando una gran cantidad de árboles y haciendo uso de zonas de reserva
ambiental y fincas de propiedad privada. Además, contamina el agua que surte a las veredas y
corregimientos ocasionando problemas de salud y de falta de abastecimiento de agua potable a la
población civil. Las comunidades manifiestan que han intentado hacer control frente a la
recuperación de los espacios de nacimiento del recurso hídrico y han sido víctimas de amenazas,
retenciones arbitrarias, y objeto de fotografías y vídeos durante sus desplazamientos.
En El Tarra se denuncia que por órdenes expresas del Ejército, los habitantes no pueden acercarse
al lugar del nacimiento de agua para verificar su estado. Ya se presentó la denuncia en la
Personería de El Tarra, pero la situación no ha cambiado. En el municipio de Teorama, el Ejército
Nacional que hace presencia cerca al oleoducto acusó a las familias de complicidad con la
insurgencia, amenazándolas con recibir disparos. Esto ha hecho que la gente no salga de sus
fincas y denuncian que una parte del tubo no ha sido reparado y provoca contaminación
ambiental muy cerca de una escuela. En el corregimiento de La Cecilia de este mismo municipio,
se denuncia públicamente la contaminación de un nacimiento de agua por parte del Ejército
Nacional que ha establecido campamento en una finca de propiedad colectiva, comprada en el
año 2011, con el fin de establecer allí una reserva de agua para la comunidad.
Con el objetivo de verificar estas denuncias, la Misión Humanitaria junto con líderes y lideresas
sociales del municipio de Hacarí intentaron acercarse al nacimiento de agua de la vereda Mesa
Rica, pero el Ejército Nacional – Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA #3; en comando del señor
Rolan Andrés Moreno Parra lo impidió. Procedió a interrogar a los delegados de la Misión de
Verificación, argumentando que no habían sido informados, pese a que todas las autoridades
civiles y militares ya habían sido notificadas con antelación a esta jornada. Sin embargo y frente a
ello, negaron la entrada de los delegados de la comisión para hacer verificación del estado actual
de los nacimientos de agua.
CONCLUSIONES
De acuerdo con las denuncias hechas por las comunidades y el recorrido realizado por los
municipios de Hacarí, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto y El Tarra en el marco de
la Segunda Misión de Verificación Humanitaria de la región del Catatumbo, la Comisión por la
Vida, la Reconciliación y la Paz confirma los factores de riesgo en los que se encuentra la
población civil como consecuencia de la alta militarización del territorio y el abandono estatal en
materia de garantías de los Derechos Humanos.
En relación con los hallazgos de la Primera Misión de Verificación Humanitaria, se puede
afirmar que el conflicto entre las insurgencias del ELN y el EPL ha bajado en intensidad, aunque
continúa provocando riesgos en algunos municipios del Catatumbo. Por otro lado, la alerta que sehizo hace un año frente al riesgo que provocaría el aumento de tropas militares no fue escuchada
por parte del Gobierno Nacional y, en consecuencia, la mayoría de las denuncias recibidas se
concentraron en las vulneraciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al
Derecho Internacional Humanitario que genera la alta militarización de la región y la estrategia
que el Ejército Nacional está desarrollando.
Las denuncias hechas por la comunidad presentan rasgos comunes y ciertos patrones que se
pueden identificar durante el recorrido por cada uno de los municipios. Estos hechos fueron
evidenciados previamente en el comunicado No. 12 de la Comisión por la Vida, la
Reconciliación y la Paz del Catatumbo debido a su gravedad y relación con las denuncias hechas
por el New York Times. En ese sentido, encontramos reiteradas denuncias que permiten concluir
que a nivel regional las comunidades campesinas son concebidas por la institucionalidad militar
como adversarios u opositores del Estado y, en consecuencia, están recibiendo un tratamiento que
vulnera sus derechos en el marco del DIDH y el DIH.
Son reiteradas las denuncias por los siguientes hechos:
-Señalamientos y estigmatizaciones contra comunidades y líderes comunales y sociales que son
permanentemente señalados como guerrilleros y/o auxiliadores de las insurgencias.
-Disparos indiscriminados contra campesinos y líderes sociales. En los municipios se
denunciaron casos en los que el Ejército dispara contra la población civil mientras se encuentran
trabajando, cuando se acercan a reclamar cuidado por las fuentes de agua y algunos casos contra
líderes sociales.
-Operaciones militares indiscriminadas. Tropas del Ejército Nacional realizan disparos en
campo abierto y/o contra lugares habitados por población civil, lo que ha generado zozobra y
afectaciones en viviendas ocupadas por familias campesinas y muertes a semovientes, violando el
principio de distinción del DIH. Las comunidades se refieren a estos hechos como combates
simulados o falsos.
-Torturas físicas y psicológicas. Tropas del Ejército Nacional han cometido tratos crueles,
inhumanos y degradantes a campesinos a los cuales señalan como integrantes y/o auxiliadores de
grupos insurgentes. Se han presentado casos de allanamientos ilegales en los cuales maltratan
física y psicológicamente a civiles a quienes les roban sus pertenencias y les destruyen sus
lugares de residencia.
Según el artículo 178 del Código Penal se entiende como tortura el acto de infringir a una persona
dolor o sufrimiento físico o psíquico, en el propósito de: a) obtener de ella o de un tercero, una
confesión, b) castigarla por un acto que haya cometido o se crea que ha cometido, o, c) deintimidarla.
Al
respecto
la
Corte Constitucional ha señalado que se entenderá como tal “…la aplicación sobre una persona
de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o
mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. Es decir que de acuerdo con la
Convención Interamericana configura el delito de tortura cualquier acto que en los términos y
para los fines allí señalados atente contra la autonomía personal, incluso si el mismo no causa
sufrimiento o dolor” (Sentencia C-148 de 2005)
Por su parte, la jurisprudencia internacional, ha señalado “la tortura no solamente puede ser
perpetrada mediante el ejercicio de la violencia física, sino también a través de actos que
produzcan en la víctima un sufrimiento físico, psíquico o moral agudo”. (Corte IDH. Caso
Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr.
100).
A partir de estas definiciones básicas, contrastadas con la información transmitida por la
comunidad, se advierte la concurrencia de actos posiblemente constitutivos del crimen enunciado.
En particular, destacamos entre ellos, los hechos que hablan de la aprehensión de pobladores a
quienes se les desnuda, amarra y asfixia con agua o mantas sobre su rostro; al parecer con fines de
intimidación o castigo. Estas conductas son más gravosas cuando afectan de manera directa a
niñas, niños y adolescentes. De igual forma, el permanente maltrato denunciado por los
pobladores, cometido en un contexto en el que se evidencian exacerbadas las relaciones de poder
Estado-ciudadano/a, creando un ambiente de zozobra, angustia y silenciamiento de las y los
habitantes, puede ser entendido como una forma de tortura psicológica.
-Falsos positivos judiciales contra civiles reconocidos por sus comunidades y juntas de acción
comunal como campesinos sin nexos con actores ni actos ilícitos.
En un recuento sobre el origen del Grupo sobre detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, se
señala que “miles de personas están sometidas a la detención arbitraria cada año:
– ya sea sólo porque han ejercido uno de sus derechos fundamentales garantizados con arreglo
a tratados internacionales, tales como su derecho a la libertad de opinión y expresión, su
derecho a la libertad de asociación, o su derecho a salir del propio país y regresar a él,
proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos;
– o bien porque, no pudiendo beneficiarse de las garantías fundamentales del derecho a un
juicio imparcial, han sido detenidas sin que se dicte una orden de arresto, sin ser acusadas ni
juzgadas por una autoridad judicial independiente, o sin tener acceso a un abogado; a veces se
mantiene a los detenidos en régimen de incomunicación durante varios meses o años, o incluso
indefinidamente” [1]En primer lugar, no puede desconocerse que al margen del conflicto armado que afecta la región,
la población del Catatumbo ha tenido una importante tradición organizativa por la reclamación de
derechos y la defensa de proyectos de vida colectivos. Esta realidad ha sido una de las razones que
motivan la estigmatización y persecución contra las comunidades campesinas de la zona, así como
el uso desmedido del poder judicial.
Las denuncias evidencian que la estigmatización en contra de las comunidades se ha extendido al
campo judicial. En tal sentido, el procesamiento de campesinas y campesinos de la región parece
un hecho y riesgo inminente, que se agudiza si se tienen en cuenta situaciones como las narradas
por las comunidades, tales como el patrullaje del Ejército con personas encapuchadas, la toma de
fotografías de forma indiscriminada a las y los pobladores, etc.
El relato de los habitantes habla de un contexto de aplicación de normativas de excepción, que por
lo general, como se ha relatado, desembocan o se expresan en actos de detención arbitraria. Los
retenes improvisados, los allanamientos ilegales, los ofrecimientos de dinero para acusar a
miembros de la comunidad, entre otros hechos, muestran un panorama preocupante que
incrementan el riesgo de privación irregular de la libertad.
-Retenciones ilegales a población civil. Integrantes de la fuerza pública restringen el derecho a
la libre movilidad de los pobladores de la región, por espacio de hasta 4 horas y ordenan a la
población señalar datos de presidentes de las Juntas de Acción Comunal -JAC- líderes sociales y
docentes.
-Empadronamientos. Se exige a las comunidades presentar sus documentos de identificación los
cuales son fotografiados al igual que los rostros de las personas. Algunos documentos de líderes
son retenidos y no han sido devueltos a pesar de reiteradas solicitudes.
Se recuerda que la Corte Constitucional en sentencia C-1024 de 2002 afirma que:
“…la realización de censos poblacionales como los previstos en la norma objeto de
control, en virtud de los cuales quedan registrados en poder del Estado informaciones
de carácter personal no sólo sobre la identidad, sino sobre el lugar de residencia de
cada uno, su lugar de trabajo y sus actividades individuales, excede las facultades que
al Gobierno confiere la Constitución Política al ser declarado uno de los estados de
excepción, como lo es en este caso el de conmoción interior. Dichos censos no se
encuentran autorizados en efecto, ni por la Constitución en sus artículos 213 y 214, ni
tampoco por la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción. Esa precisamente es la
razón por la cual esta Corte en sentencia C-295 de 1996 declaró la inconstitucionalidad
del artículo 3 del Decreto Legislativo No. 717 de 18 abril de 1996, respecto de la
obligatoriedad de inscripción en la Alcaldía por parte de los habitantes de zonas
especialmente afectadas por alteración del orden público, por cuanto con esa medida seafecta la libertad individual en forma no autorizada por la Carta. Del mismo modo en
la sentencia C-251 de 2002, en la cual se declaró la inexequibilidad de la Ley 684 de
2001, esta Corte declaró contrario a la Constitución el registro de la población que en
ella se autorizaba adelantar en los llamados “Teatros de operaciones militares”, pues
esa clase de empadronamientos no se encuentra autorizada ni estados de normalidad ni
en estados de excepción”.
Además, se evidencia, a partir de las denuncias recibidas, que existe un abierto incumplimiento
por parte de los uniformados, de los principios rectores del tratamiento de datos contenidos en la
Ley Estatutaria 1581 de 2012 (art. 1 y 8), en tanto: a) No se observa una finalidad legítima y
constitucional en la cooptación de estos; b) Se desconoce el destino de esta información; c) No se
cuenta con evidencia de la autorización de las y los campesinos cuyos datos están siendo
almacenados; d) No es posible predicar el principio de seguridad sobre el uso y destino de la
información.
-Utilización de civiles encubiertos en operaciones militares, en el marco de desarrollo de
retenes y patrullajes con personas que ocultan el rostro con pasamontañas utilizando algunas
prendas de uso exclusivo militar, generando permanente zozobra en las comunidades.
-Aparición de panfletos y letreros alusivos a grupos paramilitares (AUC – AGC) en cascos
urbanos y veredas con alta militarización. Los hechos se han presentado durante y en momentos
inmediatamente posteriores a la presencia de tropas del Ejército Nacional.
Como consecuencia de estos hechos, la posibilidad de decidir el lugar de residencia está siendo
vulnerado en razón a la ocupación militar de los predios de familias campesinas, de los
impedimentos para transitar incluso hacia sus cultivos y el temor que viene generando los
señalamientos y amenazas proferidas por miembros de la fuerza militar del Estado. Se torna
preocupante la falta de atención a esta problemática por parte de las autoridades civiles de los
distintos municipios y el departamento, conforme lo obliga la Ley 387 de 1997, la Ley 1448 de
2011 y los lineamientos propuestos por la Corte Constitucional, entre otras, en las Sentencias T-
025 de 2004 y T-239/13.
En materia de vías, salud, educación y condiciones socioeconómicas, se verifica que a pesar de la
visibilización de denuncias y exigencias de las comunidades en el marco de la Primera Misión de
verificación, no se han presentado cambios significativos en los municipios. En todos los puntos
visitados, se denuncia falta de personal médico, de equipamiento técnico y precariedad de la
infraestructura de centros de salud. Además, no cuentan ambulancias adecuadas lo que dificulta
la atención en poblados rurales y pone en riesgo la seguridad de los pacientes, agravada con los
traslados en las pésimas condiciones de infraestructura vial.La misión reafirma los hallazgos de hace un año y denuncia que los centros educativos de la
región no cuentan con personal docente y administrativo suficiente para cubrir las necesidades de
la población estudiantil; así como la falta de materiales pedagógicos e implementos tecnológicos
que garanticen una educación de calidad. Se subraya la falta de personal capacitado para el
acompañamiento psicosocial de los menores, especialmente en zonas en donde se presentan
enfrentamientos armados.
El impacto psicosocial y los efectos que en este campo se están generando en las comunidades,
hablan de una vulneración del derecho a vivir sin humillaciones. Los pobladores son insistentes
en manifestar que se sienten sometidos a relaciones de dominación y degradación y que sus
proyectos de vida se están viendo afectados, por lo que incluso dudan si deben insistir en su
permanencia en el territorio.
Las comunidades manifiestan que la falta de reconocimiento a su labor campesina como
productores de alimentos y las malas condiciones de las vías para la comercialización de sus
productos, impiden que tengan ingresos suficientes para sobrevivir. Por esta razón, reclaman
apoyo estatal a las formas de economía campesina y solidaria que lideran las organizaciones
sociales y Juntas de Acción Comunal. Es evidente la necesidad de inversión social en esta región
y denuncian que no han sido convocados para la implementación del Programa de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET).
La Misión de Verificación pudo constatar, una vez más, que las pocas condiciones de vida digna
que mantienen a los habitantes de esta región en el territorio son producto del trabajo articulado y
de las capacidades organizativas que han desarrollado las comunidades a través de las Juntas de
Acción Comunal, las Asociaciones de Juntas y las organizaciones sociales. En este sentido, la
Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo anima a las comunidades a
continuar con los esfuerzos organizativos, a ampliar los mecanismos de denuncia en materia de
DDHH y a promover un trabajo unitario para garantizar la permanencia en el territorio.
EXIGENCIAS
Ante la grave situación en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
se requiere la adopción de medidas urgentes a favor de las comunidades del Catatumbo. En este
sentido en ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en la Constitución Nacional
en su artículo 23, las organizaciones sociales que integramos la Comisión por la Vida, la
Reconciliación y la Paz del Catatumbo, exigimos:
A todos los actores armados que hacen presencia en la región del Catatumbo Ejército de
Liberación Nacional- ELN, Ejército Popular de Liberación EPL, Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia FARC:-El cese inmediato de toda confrontación armada.
-Respeto al Derecho Internacional Humanitario, especialmente, a los principios de distinción y de
proporcionalidad que se encuentran vulnerados en la ocupación de predios de las comunidades.
-Asumir compromisos de descontaminación de los territorios donde hay minas antipersonales y
munición sin explotar artefactos que ponen en riesgo a la población civil.
-Adoptar mecanismos de evaluación e investigación interna sobre la actuación de sus fuerzas, que
permitan la prevención y sanción adecuada de abusos contra las comunidades de la región.
Al Ejército Nacional de Colombia:
– Respetar el Derecho Internacional Humanitario: especialmente, a los principios de distinción y de
proporcionalidad que se encuentran vulnerados en el involucramiento de civiles en asuntos de
índole militar, en la ocupación de bienes civiles de las comunidades y predios de los cuales
derivan su subsistencia y en las afectaciones de las que han sido víctimas familias que han
quedado en medio de confrontaciones militares causándoles afectaciones materiales y
psicológicas.
– Evitar su presencia en cascos urbanos y escuelas: esta situación aumenta el riesgo de la población
civil y especialmente de niños y niñas.
– Cesar los disparos indiscriminados en ocasiones dirigidos hacia los sitios de residencia de la
población civil y sin combate aparente.
– Tratar dignamente a la población civil. Se percibe un aumento de la estigmatización y presión
que genera un ambiente de permanente angustia y zozobra.
– Garantizar la seguridad de los líderes y lideresas sociales y de las comunidades en general.
– Detener los empadronamientos y la cooptación irregular de datos de las comunidades.
– Investigar las denuncias y detener los hechos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y
degradantes.
– Frenar las detenciones arbitrarias y abuso de judicialización (o amenaza de esta) como
mecanismo de intimidación y represión contra las comunidades.
–
Investigar y tomar medidas concretas frente a todas las denuncias presentadas en este informe de
Verificación.Al señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez:
-Garantizar la vida y los derechos humanos de la población civil de la región del Catatumbo.
– En calidad de comandante en jefe de la Fuerza Pública, velar por el respeto del Derecho
Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
-Como jefe de Estado, garantizar que los planes, programas y proyectos de inversión en la región
del Catatumbo respondan a las necesidades territoriales de sus comunidades y garanticen la
transformación de sus condiciones de vida.
– Garantizar que la inversión social se ejecute a través de las entidades correspondientes y no, a
través de jornadas cívico-militares que en este contexto, ponen en riesgo a la población civil.
A la Unidad de Víctimas y la Secretaría de Víctimas, Paz y Posconflicto:
-Reconocer e incluir a las víctimas en el Registro Único de Víctimas de conformidad con la ley de
víctimas 1448.
-Activar según los lineamientos de la ley 1448 los planes de reparaciones individuales y colectivas
correspondientes a las afectaciones vividas durante el control paramilitar y aquellas que son
producto de la actual confrontación armada que se presenta en la región. Fue reiterativa la queja
frente a la falta de respuestas concretas a las víctimas de esta región.
A los organismos de defensa de Derechos Humanos nacionales e internacionales, en cabeza
de la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, así como a los
entes de Control en Cabeza de la Procuraduría y Contraloría Nacional y Congresistas:
-Velar por la superación dialogada del actual conflicto que afecta la región del Catatumbo.
-Velar por la minimización de los impactos del conflicto armado actual en la población y generar
garantías de protección a los líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos de la
región.
– Acompañar de manera efectiva a las comunidades del Catatumbo y ejercer un rol de mediación
con los distintos actores que hacen presencia en el territorio.
– Al Ministerio del Interior garantizar que todas las denuncias tengan seguimiento y respuesta
efectiva.
– A la Oficina de Naciones de Unidas para los Derechos Humanos hacer seguimiento y
verificación al cumplimiento de las exigencias aquí manifiestas.-A la Defensoría del Pueblo emitir quejas formales a las entidades correspondientes de las
denuncias recogidas durante esta Misión de Verificación. Y cumplir con el compromiso adquirido
frente a las comunidades respecto a los talleres sobre víctimas e implementación de los PDET.
-A la Comisión de Paz del Congreso de la República hacer acompañamiento a las comunidades de
la región del Catatumbo y ejercer control político a los funcionarios responsables de cumplir las
exigencias expuestas.
-A la Procuraduría General de la Nación, iniciar las investigaciones y procesos formales que
correspondan de acuerdo a las denuncias acá presentadas y presentar públicamente los avances de
dichos procesos.
– A la Misión de Verificación de Naciones Unidas ampliar el ejercicio de seguimiento y
verificación alrededor de todos los puntos de implementación del Acuerdo de Paz.
Al Estado colombiano y a las autoridades departamentales y municipales:
– Garantizar el derecho a la libre circulación para que las personas puedan transitar sin obstáculos o
temor por un territorio (Corte Constitucional, Sentencia T-202/13).
– A la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, al Gobernador y alcaldes,
incluir en los planes nacionales, departamentales y municipales de inversión, así como en la
implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, la participación
de las comunidades y responder a las denuncias manifiestas en este informe de verificación.
– Al Ministerio de Ambiente y a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –
Corponor, investigue y tome medidas frente a las denuncias sobre deforestación y contaminación
de nacimientos de agua en los municipios mencionados.
Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo
Junio de 2019
Acompañantes
Ministerio del Interior
Procuraduría General de la Nación
Defensoría del Pueblo – Regional Ocaña
ONU – DDHH
MAPP/OEA
Equipo Jurídico Pueblos
Asociación MINGA – Corporación Construyendo Poder, Democracia y Paz – PODERPAZ
International Action for Peace – IAP y Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia –