28 de enero 2020
Comité de Solidaridad Interenacionalista de Zaragoza.
Colombia entra en el 2020 retomando las movilizaciones de finales del año pasado. El paro nacional del 21 de noviembre fue una protesta convocada para un día y que se prolongó hasta finales de año ante la indignación y malestar que se vive en el país. Inspirada principalmente en las movilizaciones de Chile –y otros países como Bolivia y Haití– pero que tiene unos antecedentes propios con las luchas estudiantiles, magisterio, regionales (como los paros del Chocó y Buenaventura), cocaleras, agrarias de los años 2013 a 2017, movilizaciones contra la corrupción, medioambientales, consultas populares contra el fracking…
El paro parte de ese acumulado reivindicativo y dio un salto sustantivo llegando algunos observadores a compararlas con el Bogotazo de 1948 y el Paro Cívico Nacional de 1977. La respuesta del Gobierno de Duque fue intentar deslegitimar las protestas (acusando a Venezuela de estar detrás de las misma), intimidar (detenciones de 27 estudiantes antes incluso de las primeras movilizaciones), reprimirlas (usando al ESMAD, Escuadrón Móvil Antidisturbios, que mató al estudiante Dilan Cruz en pleno centro de Bogotá) y finalmente desactivar esta movilización llamando a «la gran conversación nacional» (una especie de dialogo abierto en lugar de negociar con quienes están reclamando en las calles y que se encuentran representados en el Comité Nacional de Paro, compuesto por las personas delegadas por todos los sectores sociales que han participado y se han movilizado con el Paro).
La movilización superó a los propios convocantes del paro y a las reivindicaciones que en origen dieron lugar al mismo (articuladas esencialmente contra el paquetazo de medidas neoliberales del Gobierno, a favor de la paz y los derechos humanos). Después de las navidades, se convocó otra jornada de paro nacional que tuvo lugar el 21 de enero en todo el país y el 30 y 31 enero tendrá lugar el Encuentro Nacional en el que se acordará la estrategia política y el plan de acción del Paro Nacional.
La protesta social tiene un calendario por conformar, abierto, se desconoce la evolución que tome a lo largo del año. Dentro del propio comité de paro hay sectores muy diversos: desde organizaciones políticas con perspectivas electorales hasta quienes buscan cambios reales y profundos en el país. En todo caso, la sociedad colombiana no ignora el incumplimiento sistemático de todo tipo de acuerdos alcanzados históricamente por los diferentes gobiernos y cuyo principal efecto es desactivar las protestas hasta que vuelve a estallar el descontento.
¿Cual es la agenda oficial del Gobierno?
Además de recomponerse de la crisis en la que está inmerso para proseguir con sus medidas neoliberales, buscando el apoyo de otras formaciones políticas, el Gobierno insiste en desempeñar el papel de subalterno de Estados Unidos en el hemisferio. El domingo 19 de enero, Duque recibió al diputado opositor Guaidó en Bogotá con tratamiento de Jefe de Estado, desconociéndose si esta vez en su salida de Venezuela volvió a recurrir a grupos paramilitares criminales, como los Rastrojos, con quienes apareció en unas fotos el año pasado en otra de sus salidas de Venezuela. Es decir, persiste en la tarea asignada de construir una posible guerra proxy contra su país vecino a instancia de EEUU.
En esa estrategia, un día antes del paro, tuvo lugar en Bogotá una cumbre anti-terrorista en la que el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo garantizó la continuidad de la injerencia contra Venezuela «nuestros organismos están trabajando en Colombia y en provincias de Venezuela cerca de Colombia». Una cumbre que fue seguida de unas maniobras conjuntas militares de ambos ejércitos en las que participaron 150 paracaidistas -75 norteamericanos y 75 colombianos-.
Al finalizar uno de los ejercicios el Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo declaró, «lo que hoy está teniendo lugar es una evidencia mas de la fortaleza de la relación bilateral, de la importancia de la relación que Colombia tiene con Estados Unidos… este tipo de ejercicios son una herramienta y una oportunidad muy valiosa para fortalecer nuestra lucha conjunta contra las amenazas transnacionales, nos permite también realizar intercambios de información e identificar las áreas a reforzar para obtener resultados muy contundentes en asuntos de interés mutuo». Después de la cumbre anti-terrorista, en la que se acusó a Venezuela de alojar al ELN (Ejército de Liberación Nacional), disidencias de las FARC y apoyar a Hezbolá, no es difícil identificar a qué amenazas transnacionales se refiere el Ministro. Después de los fallidos intentos de golpes de estado contra Venezuela y de aplicar sanciones ilegales contra su economía parece que no se renuncia a una intervención armada en Venezuela, lo que constituiría un auténtico desastre para los pueblos de los países vecinos.
Debe ser una cuestión de prioridades de altos estadistas que no alcanzamos a entender: afianzar el gasto militar (Colombia lidera el gasto militar en la región detrás de Brasil), cuando la calle pide resolver problemas estructurales como la desigualdad social. El complejo militar está fuertemente implantado y en lugar de garantizar la vida de líderes sociales se prioriza preparar eventuales acciones militares que responden a los intereses norteaméricanos.
Después de mas de 800 líderes y lideresas sociales muertos desde la firma de los acuerdos de paz y mas de 20 desde comienzos del 2020 el fin de la escalada de muertos, concentrados en la zona rural, no parece tener fin. Por ello, la oficina de Naciones Unidas en Colombia hizo un comunicado este mismo mes de enero: «reiteramos nuestro llamado al Gobierno colombiano para que aumente los esfuerzos y prevenga los ataques a personas que defienden los derechos fundamentales, investigue todos y cada uno de los casos y juzgue a los responsables de la violencia y sus instigadores».
La histórica implicación de autoridades colombianas en el terrorismo de estado es un hecho acreditado. El tiempo nos dirá en qué medida la doctrina del enemigo interno en la lucha contrainsurgente puede seguir estando detrás de hechos que se producen en la actualidad. Recientes revelaciones en prensa llevaron a la destitución en diciembre del comandante del Ejército, general Nicacio Martínez Espinel, por una posible implicación en unas directivas que incentivaban los asesinatos extrajudiciales y mas recientemente el escándalo de interceptaciones (chuzadas) desde batallones del ejército a jueces, periodistas, congresistas,.. parece demostrar que el Ejército sigue disfrutando de amplios márgenes de autonomía e impunidad.
La firma de los acuerdos de paz con las FARC parece que no ha hecho cambiar la concepción en materia de seguridad y si antes las organizaciones insurgentes eran el objetivo ahora lo son las organizaciones sociales. Un ejemplo es la judicialización de líderes y lideresas sociales. El 21 de enero, coincidiendo con el paro, se inició el juicio contra Julián Gil, miembro del Congreso de los Pueblos, en lo que parece un claro montaje de la Fiscalía. Son muchos los casos de líderes sociales que pasan largas temporadas en prisión pendientes de juicio y que finalmente son absueltos después de un largo proceso durante el que permanecen en prisión.
El Encuentro Nacional del Paro, previsto para finales de enero, empezará a definir la agenda de la protesta social, mientras tanto el diario conteo de asesinatos a defensores y defensoras ha vuelto a dejar claro que hay toda una agenda oculta en Colombia, organizada por los reales enemigos de la paz, quienes no permiten que las comunidades, en sus territorios, por intermediación de sus líderes y lideresas, se atreven a tocar cuestiones relativas a restitución tierras, participación política, cultivos ilícitos y sustitución de los mismos y cuando lo hacen se conviertan en victimas de amenazas, desplazamientos forzados y asesinatos.
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