Centro Oriente de Colombia, 17 de septiembre de 2018.
El Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, reafirmamos nuestro compromiso histórico con el pueblo araucano y sus gestas populares, disponiéndonos a las acciones de exigibilidad de derechos que iniciamos el día de hoy, de carácter indefinido hasta tanto se atienda y se abran los espacios de interlocución para la evaluación y cumplimiento de acuerdos pactados.
Tal como lo hemos manifestado de manera reiterativa, el Estado colombiano mantiene una histórica deuda social con el pueblo araucano; en primer lugar, por su acción y/u omisión frente a la hecatombe ambiental, social, humanitaria y económica de más de 30 años de presencia y activad extractivista de empresas petroleras en la región; en segundo lugar, por la falta de voluntad para atender las exigencias en inversión social que las y los campesinos de Arauca hicieron luego de adelantar un proceso de erradicación manual, consciente y voluntaria de los cultivos de coca durante los años 2007 a 2010.
Durante un tiempo, se mantuvo la expectativa que el Contrato Plan, luego, Contrato Paz, iba a significar la inyección de recursos del nivel nacional en proyectos estratégicos para la región, pero, finalmente, lo único que sucedió fue el gasto de recursos propios del departamento que habían sido ahorrados en los Fondos de Ahorro y Estabilización Petrolera FAEP y el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales- FONPET, sin que significara satisfacción de las necesidades prioritarias para las comunidades.
Hoy después de 5 años de haber presentado el pliego único de exigencias en el marco de las movilizaciones adelantadas en el año 2013 y la expedición del decreto presidencial 0285 que institucionalizó la mesa de interlocución y concertación entre el gobierno, el movimiento social y las corporaciones transnacionales en el departamento, así como, de haber agotado diversas reuniones e incluso acciones de exigibilidad de derechos, el avance ha sido poco y la inversión social no compensa las necesidades y esfuerzos de las comunidades.
De igual manera, rechazamos categóricamente el modo perverso y sistemático con el que se viene señalando y criminalizando el derecho a la protesta social por parte del ministro de defensa nacional, discurso con el cual se justifica la masacre a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.
Por lo anterior, nos vemos avocados, nuevamente a hacer ejercicio de las acciones de exigibilidad de derechos, en el marco de la legal, legítima y constitucional protesta social, para reclamar del Estado colombiano en el ámbito regional y nacional, el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones en materia de derechos y garantías para la vida digna de los pobladores del departamento de Arauca.
En consecuencia, convocamos de manera fraterna y respetuosa al magisterio, a los comerciantes, a los transportadores, a los gremios del sector agropecuario, al sector de la salud, a los contratistas, a las iglesias, gremios, sectores y población en general a vincularse de manera directa y decidida al paro cívico a fin que de manera colectiva logremos mejorar las condiciones de vida digna en nuestro territorio.
Por lo anterior solicitamos la presencia de una comisión del Estado conformada por instituciones del orden departamental y nacional con poder de decisión frente a las exigencias del pliego; de igual manera solicitamos la participación de los órganos de control, como la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Personerías municipales; y el acompañamiento de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, MAPP-OEA, la Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia, la Federación Luterana Mundial y la iglesia católica.
¡POR UNA COLOMBIA LIBRE Y SOBERANA…UNIDAD Y LUCHA!
¡MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS SOCIAL Y POPULAR DEL CENTRO ORIENTE DE COLOMBIA!!!
¡CONGRESO DE LOS PUEBLOS CONSTRUYENDO PAÍS PARA LA VIDA DIGNA!!!
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