Mujeres en defensa de la vida y sus derechos

Colombia, país declarado constitucionalmente «Estado Social de Derecho» paradójicamente antes, durante y después de la Constitución Política de 1991, no ha podido saldar con la historia de violencia expresada en asesinatos, desapariciones, amenazas, hostigamiento y persecuciones contra todas aquellas personas que por pensar diferente, desarrollan labor social de defensa a la vida y la dignidad humana.

Ayer los indígenas, afro descendientes, campesinos, mineros; hoy las mujeres, somos víctimas del horror de esta estrategia que se ha hecho sentir a lo largo y ancho del territorio colombiano para sustentar la práctica del despojo, el saqueo, la explotación de todo recurso generador de riqueza para el lucro de unos pocos ligados a intereses de poderosos conglomerados económicos sin fronteras ni ley diferente a la desmedida codicia del dinero.

Ha sido una estrategia que combina integralmente las diferentes esferas del aparato represivo para identificar, perseguir y aniquilar a quienes potencialmente se interpongan en sus planes, configurando lo que conocemos nacional e internacionalmente como TERRORISMO DE ESTADO, acción que ha tratado vanamente de ocultarse con la utilización de organizaciones civiles, configurando el fenómeno del paramilitarismo hoy eufemísticamente conocidas como bandas criminales –BACRIM-.

En esta estrategia la utilización de los medios masivos de comunicación jugo y sigue jugando un papel preponderante en la justificación de esta práctica genocida legitimada con el llamado combate al terrorismo. El uso de expresiones como estado social de derecho, equidad, justicia, democracia, paz, vida, dignidad sencillamente ha sido catalogado como terroristas al igual que quienes las reivindicamos y luego de estigmatizados/as, objetos de persecución y aniquilamiento.

Por lo anterior se requiere que los entes responsables de protección de los derechos humanos tomen las medidas pertinentes y oportunas para impedir que las bandas criminales existentes continúen desencadenando su accionar contra defensores/as de derechos humanos y de manera particular contra las mujeres, aun habiéndose comprometido el gobierno en garantizar a defensores y defensoras de DHH en el libre ejercicio de la defensa y promoción de los Derechos Humanos, por cuanto persisten los hostigamientos, amenazas, seguimientos, intercesiones telefónicas a mujeres lideresas que han asumido un rol significativo en el trabajo de defensa de los derechos de las víctimas en los temas de restitución de tierra, retorno, en la defensa del territorio, la vida, la paz y en la exigibilidad de derechos para que en Colombia se implementen leyes y normas en favor de las mujeres.

Por ello las amenazas continuas contra Mónica Roa, organizaciones, colectivos y ONGs de Mujeres a nivel nacional y regional por parte de la organización paramilitar LOS RASTROJOS y otros grupos existentes en el país, requieren acciones urgentes de los entes competentes en materia de protección y garantías para la vida y el libre ejercicio de la ciudadanía consagrado constitucionalmente en Colombia.

Barranquilla, mayo 10 de 2012.