La sombra del paramilitarismo sigue rondando a Colombia

12 jul. CI.- A pesar del avance en la construcción de paz en el país, reflejado en hechos como la dejación de armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC- y el avance en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional –ELN-, en los territorios la guerra continúa. Una de sus expresiones es la persistencia del paramilitarismo, cuyo actor más visible son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –ACG-, una gran amenaza para las organizaciones sociales, las poblaciones y los acuerdos de paz.

El pasado 27 de junio culminó la dejación de armas de las FARC, con una ceremonia de cierre que tuvo lugar en el municipio de Mesetas, Meta. Este momento histórico para Colombia, luego de 53 años de levantamiento armado, significa una invaluable demostración de voluntad en el camino de la construcción de paz. Paralelamente, la mesa de Quito entre el Gobierno Nacional y el ELN avanza a pesar de los percances y encrucijadas. Terminado el segundo ciclo de negociaciones, se presume que se acerca la posibilidad de concertar un cese bilateral al fuego.

Hechos recientes

A pesar de los gigantescos avances para le terminación del conflicto armado, la guerra aún recorre los territorios colombianos. En lo corrido del 2017, en distintos rincones del país se han presentado acciones de grupos paramilitares que llaman la atención sobre la reconfiguración de ese fenómeno. Los episodios más recientes se presentaron en San José, corregimiento del municipio de Apartadó en Antioquía, históricamente golpeado por la violencia. En la mañana del 11 de julio sorprendió a sus habitantes con graffitis en sus viviendas alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia: “AGC llegamos para quedarnos” podía leerse en los muros de sus casas. Hechos similares y otros más preocupantes que incluyen amenazas, asesinatos o desplazamientos se vienen presentaron en otros municipios y departamentos, principalmente por parte de este grupo armado y en algunas zonas a nombre de las Águilas Negras.

Tan sólo unos días antes la historia se repetía en el suroccidente del país. Según denuncias de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Francisco Isaías Cifuentes y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana –COCCAM-, el 2 de julio en el corregimiento El Paraiso, municipio de Sucre, Cauca, y en Leiva, Nariño, aparecieron mensajes amenazantes firmados por las AGC y las AUC.

Estos episodios se suman a la toma armada del corregimiento de Puerto López, municipio del Bagre, Antioquía el pasado 1 de julio, además de las frecuentes incursiones paramilitares en diferentes municipios del Chocó que generaron desplazamientos masivos y confinamiento.

La Respuesta Estatal

El Gobierno Nacional ha insistido por medio de varios de sus ministerios en negar la existencia del Paramilitarismo. Para la oficialidad, se trata de delincuencia o crimen organizado. Luis Carlos Villegas, actual Ministro de Defensa, afirmó en el mes de enero que “en Colombia no hay paramilitarismo. Decir que en Colombia hay paramilitarismo significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada”.

La reiterada negación gubernamental del paramilitarismo -a pesar de que en los acuerdos de paz con las FARC se contemple como eje fundamental de la implementación el desmonte del paramilitarismo y en los diálogos con el ELN se exija una respuesta efectiva por parte del Estado para atacar este fenómeno, en especial porque está vinculado al asesinato de líderes sociales-, obedece a tres razones: Impedir el otorgamiento a esta fuerza de un carácter político cerrando así la puerta a una negociación; evadir la responsabilidad de algunas estructuras o personas de las fuerzas militares en las regiones con el consentimiento, omisión o relaciones con estas fuerzas y no presentar el proceso de dejación de armas de las AUC como fallido, en tanto sirvió de incubadora para las estructuras paramilitares de hoy.

En cualquier caso, hasta el momento la acción del Estado, a pesar de haber puesto en marcha múltiples planes, no ha sido contundente. El vacío de poder dejado en algunas zonas por las FARC ha sido copado rápidamente por los grupos paramilitares a sangre y fuego, motivados por el control de diferentes economías ilegales y poblaciones.

Su presencia se ha extendido a los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre y Valle del Cauca. Varios analistas coinciden en afirmar que no es el mismo fenómeno paramilitar vivido en años anteriores a la negociación con las AUC. Por esto se emplean múltiples adjetivos para denominarlos: neoparamilitares, Bandas Criminales o Grupos Armados Posdesmovilización -GAPD-, tal como lo sugiere el último informe sobre el tema del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Aunque este fenómeno se ha transformado y tal vez estas fuerzas no tienen una unidad orgánica como en tiempos pasados, conservan un poderío territorial notable y son una amenaza para las organizaciones sociales, el proceso de paz y los sectores populares en las regiones. Están íntimamente ligados con las economías ilegales y con poderes y élites regionales. En el mes de junio el Gobierno puso en acción el Cuerpo Élite de la Policía para la paz, que cuenta con 1088 policías, quienes tienen entre sus tareas combatir a estas organizaciones.

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como Urabeños, Clan del Golfo o Clan Úsuga, surgieron tras el proceso de desmovilización de las AUC, ocurrido durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Entre 2006 y 2008 el grupo tomó forma en el Urabá bajo el mando de “Don Mario” entre otros paramilitares antes integrantes de las AUC. Hoy son comandadas según las autoridades por “Otoniel” y “Gavilán”, excombatientes de las AUC y del EPL. Algunos análisis le adjudican una estructura orgánica en red nacional, sin una cohesión jerárquica fuerte como en las AUC y un carácter narcotraficante que intenta politizar bajo su nombre de AGC, reclamando incluso una negociación política.

Hoy son uno de los actores armados que hacen crecer la sombra de la guerra en las regiones de Colombia, convirtiéndose en una amenaza para los procesos de construcción de paz y la movilización social.