LA PAZ SOLO ES POSIBLE BRINDANDO GARANTÍAS AL MOVIMIENTO SOCIAL

Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, la práctica sistemática de la fiscalía general de la nación al presentar acusaciones sin sustento probatorio idóneo

Junio 13 de 2018. Comunicado de Congreso de los Pueblos.

La persecución, criminalización y judicialización al movimiento social sigue siendo una estrategia del estado colombiano y el conjunto de sus instituciones para obstaculizar y acabar con el derecho a la protesta social, la defensa del territorio y el ordenamiento comunitario.

Con mayor fuerza, durante los últimos quince años (cuatro periodos presidenciales), el aparato judicial y los medios masivos de comunicación han sido usados para deslegitimar y enlodar ante la sociedad a los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos con el fin no solo de exterminar por vía de hecho la organización social sino impedir el ejercicio de la democracia y el estado social de derecho. El Congreso de los Pueblos así como los demás procesos hermanos, hemos sido víctimas de estigmatización, persecución, atentados, asesinatos, amenazas y judicialización de nuestros integrantes; quienes representan en los territorios las diferentes expresiones organizativas.

Ejemplos del desprecio que siente el gobierno nacional por los procesos sociales y populares se evidencian en las expresiones del ministro de defensa cuando públicamente califica el asesinato de líderes y lideresas sociales como consecuencia de “líos de faldas” re victimizando a quienes hemos sufrido la sistematicidad de esta práctica genocida. También en la falta de seriedad al desconocer e incumplir los acuerdos alcanzados con el movimiento social en las mesas de negociación construidas en medio de los grandes paros y protestas a lo largo y ancho del país; al tiempo que niega la existencia del paramilitarismo, y evita confrontarlo.

En una acción sistemática y mediática con el afán de deslegitimar la acción de nuestro proceso Congreso de Los Pueblos, se presenta el caso más reciente de judicialización y criminalización contra nuestro secretario técnico y miembro de la comisión internacional JULIAN ANDRES GIL REYES. Las autoridades judiciales, utilizando como “informante” a quien fuera su compañero de universidad ANDRES FELIPE OSPINA GUARIN, con testimonios injuriosos y calumniosos, y con el fin de obtener beneficios jurídicos, pretende propinar un “falso positivo judicial” señalándolo de participar de manera indirecta en acciones bélicas como miembro de la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional; imputando delitos que son de competencia de la justicia especializada.

Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, la práctica sistemática de la fiscalía general de la nación al presentar acusaciones sin sustento probatorio idóneo que tiene como objetivo privar de la libertad a los líderes sociales por un tiempo para luego dejarlos en libertad como ha ocurrido en cientos de oportunidades.

Denunciamos las graves violaciones a los derechos humanos y le pedimos urgentemente hacer seguimiento a esta difícil situación, solicitando al gobierno que cumpla con el debido proceso y los tratados internacionales en materia de derechos humanos; así mismo les invitamos a conformar misiones de verificación y acompañamiento, que pueda aliviar la difícil situación de nuestro compañero y nuestro proceso social.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS – CONGRESO DE LOS PUEBLOS.