INFORME PARCIAL DE DERECHOS HUMANOS

En el marco de la Movilización Nacional Por la Vida y la Permanencia en los Territorios

El día de hoy, en distintos puntos del territorio nacional, varias comunidades y procesos organizativos dieron inicio a la Movilización Nacional Por la Vida y la Permanencia en los Territorios; acción a través de la cual se pretende visibilizar la avanzada del paramilitarismo en el país y su impacto en las poblaciones rurales y urbanas, y exigir su desmonte.

En desarrollo de la Movilización, se han podido identificar una serie de prácticas comunes que atentan contra el derecho a la protesta social y ponen en riesgo la integridad y la vida de las personas que acuden a ella. Esta respuesta -sin duda- configura una forma de estigmatización y criminalización de las comunidades y sus acciones de exigencia, que evidencia la continua reproducción de la doctrina de seguridad nacional y del enemigo interno.

  1. Militarización de la protesta

En los distintos puntos de concentración en los que se han instalado los Refugios Humanitarios en el marco de la Jornada, se ha podido establecer que la militarización constituye una respuesta común de las autoridades en los distintos lugares del país donde se está desarrollando la protesta; la cual se ha expresado en la presencia de personal de la fuerza pública (de civil y uniformado) portando armas de fuego y traumáticas, en contravía de los manuales y protocolos de actuación de la fuerza pública en contextos de protesta.

En la Ruta del Sol

A las 10:10 am, al menos diez (10) policiales arribaron al lugar, portando armas largas (fusil galil). La gran mayoría de los agentes no presentaban identificación visible, como lo exigen los protocolos y normas sobre la materia.

A las 10:08 am, se pudo establecer la presencia de un hombre de civil que portaba un arma traumática. Al ser abordada por las comunidades, esta persona señaló ser un miembro de la fuerza pública, que presta sus servicios en la ciudad de Bogotá. El hecho fue constatado por el Personero municipal de Pailitas, Cesar y de levantó un acta de la situación.

A las 10:38 am, cerca a una de las cocinas, fueron halladas prendas del Ejército Nacional, evidenciando presencia militar en el punto, pese que las fuerzas armadas no tienen competencia para actuar en contextos de protesta social.

Instalaciones del Ministerio del Interior, Bogotá

A las 9:00 am hicieron presencia varios agentes de policía con sus armas de dotación, quienes se retiraron aproximadamente a las 11:20 am gracias al proceso de interlocución iniciado por parte de defensores/as de derechos humanos. Uno de ellos quedó en el sitio, desarmado.

A esa misma pasó frente al Refugio Humanitario dos vehículos tipo bus de la Unidad Nacional de diálogo y mantenimiento del orden de la Policía Nacional (UNDMO, antes Esmad).

Al medio día se reportó el patrullaje de una triada del Ejército con un perro antiexplosivos, lo que denota una caracterización errónea de parte de las fuerzas armadas del Refugio Humanitario como amenaza a la seguridad de la comunidad; situación que no se compadece con la realidad y constituye además una forma de intimidación y estigmatización de la protesta.

  • En el Nuncio Apostólico, Bogotá

En horas de la mañana y una vez se conoció de la presencia de las comunidades en el punto, a la sede del Nuncio Apostólico arribaron agentes del UNDMO (Esmad) y de la Fuerza Disponible.

Así mismo, desde las 9:00 am han permanecido a las afueras del lugar, entre 4 y 6 policías portando su arma de dotación.

  1. Acciones de perfilamiento contra manifestantes

De acuerdo con los reportes e información remitida por las organizaciones de derechos humanos que acompañan la Movilización Nacional Por la Vida y la Permanencia en los Territorios, se puede identificar que las acciones de perfilamiento, consistentes en el registro fotográfico y fílmico de las y los manifestantes, constituye un patrón común de comportamiento de la fuerza pública en los distintos de los lugares donde se desarrollan las protestas:

  • Ruta del Sol – Cesar

Desde el inicio de la jornada, personas de civil y agentes de la Policía Nacional han arribado a los distintos puntos de la movilización apostados sobre la Ruta del Sol, realizando un registro de fotografía y vídeo -en sus teléfonos- de las personas que participan en la protesta.

Hacia las 10:10 am, los uniformados que arribaron al sitio -entre los que se encuentra el intendente José Bueno-, procedieron a realizar tales registros especialmente contra las y los defensores de derechos humanos que acompañan la movilización. Estas acciones han sido recurrentes, pese a los llamados que sobre el particular han realizado a los policiales, a efectos de proteger la seguridad de quienes participan de la protesta.

A las 11:54 am un agente de la policía que conforma la escolta del Alcalde Municipal de Pailitas, procedió a tomar desde su teléfono celular imágenes de las y los manifestantes, razón por la cual se le conminó a borrarlas para garantizar la seguridad e integridad de quienes participan en la protesta. A pesar del acuerdo alcanzado sobre el tema, las comunidades se percataron de que con posterioridad el mismo uniformado volvió a tomar registro fotográfico, sin que se tenga certeza de las razones y fines de este procedimiento.

Nuncio Apostólico, Bogotá

Desde las 10:00 am, de manera reiterada y hasta el momento fuerza disponible de la Policía Metropolitana de Bogotá hace videos y toma fotos a los manifestantes que se encuentran en el Nuncio Apostólico en Bogotá.

Desde la 1:00 pm y de manera constante, dentro de las instalaciones del Nuncio ha sobrevolado un dron de la Policía Nacional, el cual es retirado tan pronto se intenta tomar registro fotográfico del mismo, por parte de los defensores/as de derechos humanos que acompañan la movilización.

Es de anotar que el dron ha sido descendido a una altura menor a diez (10) metros, lo que le permite la toma de imágenes detalladas de la población manifestante.

Reseñado este alarmante contexto en materia de Derechos Humanos y garantías para la protesta social, hacemos un llamado urgente a las Entidades Nacionales e internacionales para que en estricto ejercicio de sus funciones salvaguarden y actuen de manera eficaz atendiendo los reclamos de los manifestantes y garantizando sus Derechos. Por tanto instamos:

A la Presidencia de la República de Colombia, como máxima autoridad ejecutiva a garantizar la protección de los derechos humanos y asegurar que las fuerzas de seguridad actúen conforme a la ley.

A el Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa como responsable de coordinar las políticas relacionadas con los derechos humanos y la seguridad. Debe asegurar que la policía y otras fuerzas de seguridad respeten los derechos de los manifestantes.

A la Defensoría del Pueblo como encargada de la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos para que monitorea la situación y esté presta a recibir quejas y proporcionar protección a los afectados.

A la Procuraduría General de la Nación Responsable de la vigilancia de la conducta oficial y del cumplimiento de las leyes, para que investigue y sancione a los funcionarios que desde iniciada la manifestación actúan de manera contraria a los Derechos Humanos, la constitución y la ley.

A la Fiscalía General de la Nación quien debe iniciar investigaciones sobre cualquier abuso reportado y abstenerse de criminalizar el legítimo derecho a la protesta social.

Así como a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia para que pueda observar, monitorear y reportar sobre la situación de derechos humanos, proporcionando recomendaciones al gobierno colombiano.

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que asegure el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, específicamente en contextos de protesta social.

Al Nuncio Apostólico en Colombia, para que a través de sus buenos oficios y la relación cordial entre el Estado Vaticano y Gobierno Nacional se gestionen escenarios de diálogo que atienda las exigencias de los manifestantes, garantizando la vida, la integridad y otros derechos en el marco de la protesta social.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS

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