Nos indigna que la población civil siga siendo víctima del conflicto social y armado mientras se militariza a ultranza el departamento para proteger intereses transnacionales.
En esta semana de la indignación, convocada por el CONGRESO DE LOS PUEBLOS, decimos que nos indigna el estado de vulnerabilidad en que se encuentra el pueblo araucano, que sigue siendo violentado en sus derechos y garantías fundamentales, al paso que se militariza el territorio y la vida cotidiana, sin que esa fuerte presencia de fuerza pública desplegada para proteger y asegurar la explotación de los recursos petroleros que las transnacionales realizan en la región signifique seguridad para la vida e integridad de las comunidades.
Nuevamente ocurren hechos que atentan de manera seria contra los pobladores del departamento, entre ellos la muerte de tres personas, dos en el municipio de Saravena y otro en Fortul, y los daños a la integridad de otras personas a causa de acciones del conflicto.
El día 09 de octubre en la Vereda Nuevo Horizonte jurisdicción del municipio de Fortul, fue asesinada con dos impactos de proyectiles de arma de fuego el señor JOHN CERDA STEVES, de 20 años de edad.
Ese mismo día aproximadamente a las 6:20 a.m., en la vereda El Consuelo, en cercanías a la Plaza de Ferias del municipio de Saravena, resultó muerto por proyectiles de arma de fuego el señor JOSÉ LORENZO RODRÍGUEZ MANCIPE, quien al parecer fue llevado por personas armadas desde su lugar de residencia en el barrio Pablo Antonio Hernández hasta el sitio donde le dieron muerte.
El día 04 de octubre, en el barrio las Flores del municipio de Saravena fue asesinado JUAN CAICEDO VERA de 21 años de edad con tres impactos de proyectiles de arma de fuego en la cabeza.
Lo anterior se suma a las graves afectaciones sufrida por pobladores de Saravena a causa de acciones del conflicto armado que desconocen el principio de protección consagrado en las normas del Derecho Internacional Humanitario, según el cual deben tomarse todas las medidas para proteger a los civiles durante las hostilidades. En efecto, el día 03 de octubre, detonó un artefacto explosivo en inmediaciones de la Estación de Policía, donde resultaron gravemente heridas las señoras INÉS ROMERO DE ARCHILA y FLOR MÚNERA ARIZA. Y en otro hecho ocurrido en la vereda Rancho Pilón, a una mujer en estado de embarazo se le aceleró el parto, luego de la explosión de un artefacto al paso de una patrulla militar, si bien según informes periodísticos tanto el bebé como su madre se encuentran en buen estado de salud, sin duda es una situación complicada la que vive la comunidad en medio del conflicto.
Por lo anterior se hace necesario transitar ya los caminos de la solución política del conflicto social y armado, más allá de diálogos entre el Estado y las organizaciones rebeldes, que consulte la remoción de las causas estructurales.
Exigimos a los actores sacar a la población civil, sus bienes y organizaciones sociales de sus acciones.
A los organismos de justicia nuestra exigencia de adelantar, sin dilación, las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos narrados.
Al Estado cumplir con sus compromisos internacionales y constitucionales de proteger la vida, honra e integridad de todos y todas; lo mismo que reparar integralmente a las víctimas.
A la comunidad Internacional continuar monitoreando la crisis social y humanitaria del país y la región y adelantando las acciones de solidaridad con el pueblo.
POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUAMANOS JOEL SIERRA
NUESTRA ACCIÓN ES LEGAL Y LEGÍTIMA
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