Estudiantes. A parar para avanzar. ¡Viva el paro nacional!

11/09/18

Escrito por Julio Vargas Vivas. Desde Abajo.

Continúa el paro nacional universitario en pos del cumplimiento del pliego nacional de exigencias de los estudiantes de educación superior.

En medio de movilizaciones que recorren las principales ciudades del país, el pasado 8 de noviembre estudiantes y profesores marcharon exigiéndole al Presidente de la República sentarse a la mesa de negociación y realizar las acciones necesarias para solucionar la grave crisis que afecta al sistema de educación superior. Oídos sordos. La falta de voluntad política de la administración lleva a la prolongación de la protesta y del paro.

Estas movilizaciones se presentan luego de que el martes 6 de noviembre el frente amplio por la defensa de la educación superior, integrado por estudiantes y profesores universitarios se levantara de la mesa de negociación instalada con el Ministerio de Educación y delegados del Gobierno central.

En un comunicado de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior –Unes– declaran que “el gobierno y el ministerio no tienen voluntad política” de negociar y encontrarle soluciones a las demandas del sector educativo.

Mesa de negociación

La mesa de diálogo para la construcción de acuerdos y soluciones que permitan resolver la situación actual de la educación superior, es un espacio de negociación entre estudiantes, docentes universitarios, gobierno y el Ministerio de Educación, acordada el pasado 1 de noviembre luego de las movilizaciones que desde septiembre adelantan los estudiantes, transformadas en el paro nacional estudiantil decretado el 11 de octubre por las 32 universidades públicas, con la demanda de que el gobierno atienda al pliego nacional de exigencias de los estudiantes, así como las exigencias de los profesores universitarios.

Estudiantes y profesores se levantaron de la mesa al considerar que no hay condiciones para la negociación. Paulina Andrea Farfan, estudiante de la universidad pública y quien participa de la Unees nos dijo que: “se le pregunta al viceministro si hay voluntad política de revisar otras fuentes de financiación de donde sacar el presupuesto que exigimos, y el viceministro responde que no hay voluntad política, nosotros ya tenemos un acuerdo con los rectores; y entonces, todos los estudiantes y profesores deciden levantarse de la mesa, pues lo que se decida allí no tiene carácter vinculante”.

El viceministro se refiere al acuerdo firmado el 26 de octubre entre los rectores de universidades públicas y el Presidente (1), donde se anunciaron recursos adicionales para los próximos 4 años, que suman entre 1.8 y 2.2 billones, de los cuales 1.2 billones ingresarían para inversión e infraestructura y entre 0.55 y 1 billones para funcionamiento. Dinero que está muy distante de los 21 billones que necesita el sistema para saldar su déficit histórico en infraestructura y funcionamiento. Particular sobre el que la Asociación nacional de profesores universitarios –Aspu– considera que “es un muy mal acuerdo, porque no permite superar los principales factores de crisis en orden a garantizar el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación y proyección social” de las instituciones de educación superior, así lo hicieron saber en un comunicado del 27 de octubre (2).

Por su parte Beatriz Martínez, representante de los profesores ante el Consejo superior universitario de la UN dice, con respecto al acuerdo entre rectores y gobierno: “Al final de este cuatrienio se va a recibir apenas la tercera parte de lo que debía ingresar y ya aprobado por la reforma tributaria del orden de 6.5 billones de pesos”. Lo que implica que lo generado con esta negociación es una pérdida de recursos logrados en anteriores negociaciones, a saber, las negociaciones y logros en recursos adicionales alcanzados con el anterior gobierno e integrados en la ley 1819 de 2016, o reforma tributaria.

Hay que recordar que con la reforma tributaria de 2016 se agregan tres artículos que destinan nuevos recursos a las 61 instituciones de educación superior pública con que cuenta el país (3). Se estima que son cerca de 2.8 billones de pesos lo recaudado hasta el momento: 1.4 billones en 2017 y otro tanto en 2018; de los cuales solo llegaron 170 mil millones en 2017 y 100 mil millones en 2018, según lo indica Pedro Hernández Castillo presidente nacional de Aspu. El resto de recursos a ¿dónde fueron a parar?, ¿Con la reforma tributaria que ahora pretenden, se mantienen los acuerdos logrados o se eliminan estos recursos adicionales para la educación superior?

Para aclarar estos interrogantes, así como para conocer su opinión respecto a la suspensión de la mesa de negociación, nos tratamos de comunicar con el Ministerio de Educación y la respuesta de la oficina de comunicaciones es tajante: “[…] la única información disponible se encuentra en el comunicado del 7 de noviembre, donde se hace un recuento de lo pactado con los rectores”; con respecto al pliego de petición de los estudiantes no hubo respuesta.

Un movimiento en renovación

Fruto de dos encuentros nacionales de estudiantes de educación superior –Enees–, realizados en marzo y septiembre del presente año, nace la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior –Unees– (4) que construye el pliego nacional de exigencias que incluye 10 demandas para la financiación, acceso a la educación, democracia y autonomía de las instituciones de educación superior (5).

Pliego que propende por la construcción de una educación superior al servicio de las nuevas generaciones, con pertinencia social, que brinde garantías de acceso, permanencia, y proyección. En esta ocasión este movimiento está integrado por estudiantes de universidades públicas junto a los adscritos a las universidades privadas, y centros técnicos y tecnológicos públicos.

El movimiento estudiantil en Colombia se remonta a inicios del siglo XX, las movilizaciones más recordadas son las del 1970 y 2011. Ya son 100 años de movilizaciones y paros, las enseñanzas son bastantes y se renuevan con cada nueva generación de estudiantes; uno de los retos que siempre los acompañan es el de conectarse y saber llevar su mensaje al cojunto social, aclarando que protestan por derechos no cumplidos y no por simple rebeldía. La necesidad de una educación púbica universitaria y superior de verdad pública, es decir, gratuita y universal, es algo que está en deuda de que el conjunto de la sociedad colombiana acepte y acompañe en esa lucha a quienes llenan las aulas.

El de ahora es un movimiento que gana en conocimiento de causa, soportando sus demandas en estudios sesudos, que en cada reunión sus voceros saben explicar. Tal vez el Gobierno ha reconocdo este conocimiento de causa de parte de su contraparte y por ello no ve con malos ojos que la mesa de negociación no funcione.

Con sus estudios han demostrado que sus demandas pueden cumplirse, siempre y cuando haya compromiso de parte de la actual administración; los recursos necesarios se encuentra en la reducción de la corrupción, acabar con las exenciones fiscales que benefician a grandes grupos económicos, la recuperación de dineros en paraísos fiscales, la reducción del presupuesto para la guerra, detener los programas de financiamiento con dineros públicos al sector privado de la educación, pago de impuestos con visión progresiva, y cumplimiento de los acuerdos ya firmados destinados a financiar la base presupuestal de los centros de educación, entre otras alternativas.

El accionar del movimiento estudiantil demuestra a la sociedad colombiana que han madurado en la comprensión de la realidad de la educación superior, entendido el momento, por lo que, enfatizan, hay que parar ya el modelo mercantil impuesto por grandes grupos económicos al sistema educativo, que la educación se preste en las mejores condiciones posibles y que permita al estudiante educarse para construir un mejor país.

Reconocen que el nuevo gobierno, hasta el momento se está posesionando pero, como lo refiere Juan Esteban Hernández estudiante de ciencias económicas de la UN sede Bogotá “al asumir el cargo debe estar en las condiciones para abrir una mesa de negociación para hablar con los estudiantes y para llegar a un acuerdo, no es simplemente hacerse a un lado y dejarnos a nosotros en las mismas”; por lo que instan a que en la mesa de negociación se discutan con seriedad y compromiso propuestas del pliego nacional.

Ahora reconocen y asumen que es necesario unir fuerzas entre los diferentes sectores públicos y privados, técnicos y tecnológicos, estudiantes y docentes en busca de un escenario de diálogo y negociación donde se puedan concertar las demandas de cada uno, que los estudiantes de universidades privadas estén sentados con los de educación pública es un gran avance para la comprensión de que la lucha se da en diferentes sectores respetando las diferencias, que el trabajo en pro de la educación debe ir acumulando fuerzas, la movilización, el paro, y el diálogo deben ir aunados en un esfuerzo de trabajo conjunto.

Visita Maluma la casa de Nariño y los estudiantes no

El Gobierno, desconociendo el papel de esta juventud en las movilizaciones y las reivindicaciones por la educación superior, hábilmente convoca a los rectores, negocia a puerta cerrada y presenta ante la opinión pública como zanjado el paro estudiantil, como lo refiere Alejandra Cifuentes una ciudadana que ante las movilizaciones del 8 de noviembre en la ciudad de Bogotá, pregunta: “acaso el gobierno no había solucionado ya esto”, confusión comprensible si, además, se revisa la forma cómo los medios de comunicación oficiosos han reportado las manifestaciones y la negociación estudiantes- gobierno.

El Presidente no se reúne con los estudiantes pero sí con el cantante Maluma, en un esfuerzo mediático por sintonizar con la juventud del país. Un esfuerzo sin resultados pues no logra romper la protesta en curso. Por su parte el Ministerio sí se reune pero sin brindar alternativas ni propuestas adicionales a lo pactado con los rectores.

El paro, por las semanas que ya acumula, pone en riesgo la continuidad del semestre académico, y con ello presionan los rectores: buscan romper la undiad estudiantil. Como también busca el Gobierno y los medios de comunicación romper las amplias simpaatías logradas por esta lucha entre el grueso de la sociedad. Es un momento de intensa tensión.

Los más activos de cada uno de los centros educativos sabe esto, como también reconocen que el tiempo –final de año– corre en contra de ellos. Hay que maniobrar, y así obran. Las discusiones en cada centro de estudio están abiertas. El próximo 15 del mes en curso volverán a las calles, esta vez para acompañar a los trabajadores en la lucha contra la reforma tributaria.

Luego de estos meses de intensa movilización estudiantil, hay que denunciar el silencio cómplice de los rectores, así como su forma de proceder con la cual le hacen el juego al gobierno, al tiempo que quiebran cualquier posibilidad de parir una democracia de nuevo tipo en nuestro país, que pasando por los campus del saber aborde otras formas de discutir y decidir, donde unos pocos dejan de decidir por todos, donde la rectoría, como una instancia de dirección, se pliega a lo que decidan sus “dirigidos”, dejando a un lado los pergaminos que supuestamente los han llevado al trabajo que hoy tienen. El mejor saber, sin duda, es reconocer que la mejor forma de mandar es obedeciendo.