Nuevamente la presencia paramilitar y la falta de acompañamiento estatal obligaron a más de 500 familias a abandonar sus hogares en el Catatumbo.
El pasado 17 de febrero, la comisión de verificación solidaridad con el Catatumbo, integrada por la Asociación Campesina del Catatumbo -Ascamcat-, el Comité de Integración Social del Catatumbo –Cisca-, el Equipo Jurídico de Pueblos –EJP-, el Congreso de Los Pueblos, la Federación Nacional por La Paz, entre otras asociaciones, recibieron los testimonios de la comunidad de la zona rural de Tibú, en el marco de los desplazamientos forzados hacia el vecino país, Venezuela.
Los desplazamientos en la zona de La Gabarra, se presentaron durante los días 9 y 10 de febrero, derivados de los actos intimidatorios recibidos por los campesinos e indígenas del territorio por parte de los autodenominados grupos paramilitares. Según las declaraciones de la comunidad, aproximadamente 100 familias se movilizaron no sólo hasta el corregimiento del Laguito, en Venezuela, también han llegado otras 600 cerca de junto a la zona de Concentración Veredal de las FARC, en Caño Indio.
La población no sólo ha sido víctima de las amenazas anteriormente mencionadas, también blanco de atropellos por parte de la Fuerza Pública, de los cuales La Comisión de Solidaridad con el Catatumbo fue testigo el día de su llegada al sitio conocido como Pueblo Nuevo en el municipio de Tibú, con la interrupción del paso de la Comisión hacía la zona de los refugios humanitarios: “En el sitio conocido como Pueblo Nuevo, municipio de Tibú, después de la base militar de La Gabarra, una unidad del Ejército Nacional perteneciente a la Brigada Móvil 30, al mando del teniente Merlo, en coordinación con la Policía Nacional, obstruyó y retrasó cerca de una hora el paso de la caravana de vehículos que transportaba a la Comisión, pese a que todas las autoridades civiles y militares habían sido notificadas con anticipación de esta jornada. Exigimos al Gobierno Nacional las garantías y acciones necesarias para ejercer el derecho a verificar y documentar directamente las denuncias de las comunidades. Entorpecimiento acompañado de filmaciones y fotografías a las personas de la Comisión”, declaró el Equipo Jurídico de Pueblos en un boletín emitido el pasado 19 de febrero.
Además, la comunidad manifiesta recibir hostigamiento por parte del Ejército Nacional, con el fin de obtener información acerca de la actividad paramilitar en la región. La población Catatumbera hace un llamado de denuncia desde sus refugios y movilizaciones al Gobierno Nacional para exigir garantías de no repetición de hechos como la masacre de 1999 (en la que estuvieron involucrados también las fuerzas armadas y paramilitares), así como el acompañamiento del Estado en la implementación de los acuerdos con las FARC, no con la militarización de sus veredas y lugares de trabajo y vivienda, sino con inversión que influya positivamente en el desarrollo social, desde aspectos como la salud, educación y el avance agroindustrial en la provincia.
Teniendo en cuenta que los campesinos son los principales afectados por el conflicto existente en torno a la presencia de Paramilitares, es importante que el Estado se encargue de cambiar la percepción errónea que tiene de estos dentro del mismo contexto.
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