Comunicado a la opinión pública del Movimiento Nacional Carcelario

09 de abril de 2020

En Colombia, todos los dias hay que recordarles a los que gobiernan que el derecho a la vida se debe respetar, y que sus intereses egoistas no deben primar sobre la vida de las miles de personas que sobrevivimos en las cárceles. Ya se cumple 15 dias de la declaración de “emergencia carcelaria” tras la masacre de 23 prisioneros en la cárcel la modelo de Bogotá y la manifestación con cacerolazo en más de 24 centros carcelarios del orden nacional y regional; y hasta el momento, no se han conocido las medidas que den solución a la crisis humanitaria que se vive al interior de las prisiones y que se agrava por la amenaza del Sar-cov 19.

La pandemia va en aumento día a día, y con ella, va profundizándose la crisis social, política y económica de la nación. La ciudadanía no conoce soluciones en cuanto a inversión en salud ni contención a la crisis humanitaria a través de garantías sociales, sino que el Estado colombiano, siguiendo la línea del garrote, ha dado via libre al reforzamiento de los mecanismos de represión en las calles y en las cárceles, y al desvío de recursos para el sostenimiento de la crisis en el sector financiero. Y para colmo de males, el aparato judicial en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, y en su orden, el INPEC, parece no conocer límites ni medidas racionales o lógicas que resulten efectivas ante esta situación humanitaria que vivimos como humanidad.

El dia 7 de abril, el INPEC en cabeza del brigadier general Norberto Mujica, dió a conocer mediante la circular no. 000016, la orden de traslados y recepción de personas privadas de la libertad en los ERON, con la finalidad de dar curso a los procesos de personas retenidas en las URI del país. Comunicación que desconoce la grave situación vivida en los centros de reclusión, caracterizada, como ha sido reiteradamente denunciada por organizaciones defensoras de derechos humanos y por la misma corte al declarar el estado de cosas inconstitucionales, por la insuficiente planta médica y la pésima adecuación de espacios para la atencion en salud; además de ignorar los crecientes brotes de viruela, parotiditis (paperas), y su potencial contagio al interior de las cárceles. Directríz que pone en riesgo inminente la salud y vida de las PPL y de todo el personal de custodia y vigilancia que trabaja en estos lugares.

Esta circular contradice todas las recomendaciones realizadas por distintos organismos en el marco de la declarada emergencia sanitaria decretada en el país por la pandemia, transgrediendo los parámetros de distanciamiento social y anulando las medidas de prevención. Lo mismo que, hace oídos sordos a la emergencia carcelaria que tendría que propender por cuidar la vida deshacinando las cárceles y procurando no detonar un problema de salubridad que desbordaría la capacidad del sistema de salud colombiano, en tanto que:

1. Las personas que lleguen de las URI tendrán obligatorio contacto directo con la guardia en el proceso de recepción, y además, con interpuestas personas así sean sometidas a cuarentena.
2. Las personas que vayan a ser trasladadas, aumentarán el riesgo de infección en el recorrido de prisión a prisión.

Por estas razones, llamamos una vez más la atención de la opinión pública nacional e internacional, ante la grave situación en que nos encontramos las más de 123 mil personas recluídas en las cárceles del país, y el riesgo inminente que corre nuestras vidas.

Solicitando a quien corresponda:

1. Se anule la decisión contenida en la circular 000016 del INPEC, que da vía libre al traslado y recepción de sindicados y condenados de las URI a centros penitenciarios ERON.
2. Se de vía al decreto de emergencia carcelaria, enfocado en proteger el derecho a la vida; es decir, deshacinamiento de las prisiones a través de la excarcelación a: Mayores de 60 años, mujeres en embarazo y lactantes, personas que hayan completado el 50% de la pena, sindicados, madres y padres cabeza de hogar, enfermos gráves y/o crónicos, personas con problemas de movilidad o discapacidad física; todos, sin distinción de delito o pena.
3. Se disminuya el número de capturados diarios o se opte por medidas distintas a la privación de libertad en centros carcelarios.
4. Se tomen medidas reales en atención a los problemas estructurales de salud al interior de las cárceles.
5. Se abra proceso de investigacion disciplinar al director del INPEC y al cuerpo de vigilancia y custodia por la masacre de 23 PPL ocurrida la noche del 21 de marzo de 2020, y por las medidas equivocadas que ha venido imponiendo en el marco de esta emergencia sanitaria nacional y la declarada emergencia carcelaria.

No queremos creer que las medidas tomadas por el director general del INPEC, apuntan en dirección a deshacinar las cárceles mediante la infección y la tasa de mortalidad que se destaría ante la entrada del COVID a las prisiones. Negligencia conveniente para el Estado colombiano.

Hacemos un llamado a toda la población privada de la libertad para que protestemos de manera pacífica; y extendemos nuestra invitación al cuerpo de vigilancia y custodia, porque somos, en conjunto, los diractamente afectados por las pésimas decisiones del gobierno y sus instituciones.

!Preso es quien no lucha!

Movimiento Nacional Carcelario