La grave situación de derechos humanos de las comunidades agromineras del sur de Bolívar.
Mientras los grandes medios de comunicación le rinden pleitesía a los “grandes avances” que supuestamente en tan poco tiempo ha tenido el gobierno de Juan Manuel Santos, las comunidades agromineras debemos señalar con profundo dolor y preocupación los grandes retrocesos a los que estamos siendo sometidos los pobladores de esta región, atacada desde todos los puntos cardinales por los diferentes actores armados o económicos que nos ven simplemente como obstáculos para los grandes proyectos de inversión que empresas nacionales y extranjeras quieren imponer por la fuerza en nuestro territorio.
A continuación presentamos un panorama general de las diversas formas de agresión a las que estamos siendo sometidos:
1. El papel de la fuerza pública:
La presencia de la fuerza pública en la región continúa siendo nefasta para la población y ha incidido de una manera muy importante en el deterioro de la situación de derechos humanos, además muchas de sus actuaciones van en contra del respeto y acatamiento al derecho internacional humanitario.
a. En el corregimiento San Pedro Frío, vereda Mina Vieja, del municipio de Santa Rosa del Sur, tropas del batallón Nariño establecieron una base militar permanente en los nacederos de agua que surten a las comunidades, además la base fue montada a menos de cien metros del caserío. El establecimiento de esta base ha implicado que los militares restringen el paso de los pobladores hacia el sector de la Teta de San Lucas y el desvío del camino que conduce hacia Mina Chelín haciendo más largo el camino para llegar hacia este asentamiento minero en el que habitan cientos pobladores.
Además el servicio de agua se ha visto afectado ya que los soldados se bañan y hacen sus necesidades fisiológicas en el lecho del arroyo que luego llega al caserío, contaminando el agua que el la única con la que se satisfacen las necesidades del
consumo de agua para los pobladores de Mina Vieja.
b. La tropa ha asumido una actitud generalizada de maltrato a la población civil en general, se presentan señalamientos a los líderes comunitarios y a la misma comunidad; para estos señalamientos el ejército cuenta con la colaboración de desmovilizados los cuales andan con la tropa y van uniformados y muchas veces encapuchados. Los oficiales que tienen el mando sobre la tropa asumen a los desmovilizados como parte de su tropa. Los señalamientos a la población y a los líderes generalmente señalan a los pobladores de ser colaboradores de las organizaciones guerrilleras. Dentro de esta actitud de maltrato se destacan las amenazas verbales contra los pobladores, especialmente aquellos que son líderes o que critican el papel que viene cumpliendo la fuerza pública en la región.
c. Las acciones delincuenciales se han multiplicado en los sectores donde mayor presencia de tropa oficial hay. Los casos de asesinatos han aumentado en todos los municipios de la región sin que haya acciones de la tropa contra los presuntos asesinos, muchas veces identificados por los pobladores. Los asesinatos en la región han aumentado vertiginosamente en los últimos meses incluso hay zonas en las que de cero se pasó a más 6 homicidios en menos de 60 días. Otro caso de una gran gravedad es el intercambio que entre los militares y algunos delincuentes de armas por marihuana y otros narcóticos, esto es de público conocimiento de los comandantes de la tropa los que no hacen absolutamente nada para tomar los correctivos necesarios en estos casos. De igual manera los atracos y robos han aumentado de una manera alarmante en los caminos y carreteras de la región. Nadie escapa a esto: ni carros, ni comerciantes, ni pobladores que recorren a pie los caminos; igualmente en las fincas se presentan robos de ganado y otros bienes. En una reunión que tuvo la comunidad con el ejército para plantear la preocupación de algunos casos que se vienen presentado en San Pedro Frío el comandante de la base, capitán Quiñones y el sargento Campo, ambos adscritos al batallón Nariño reconocen la colaboración de la fuerza pública en la descomposición social y moral de la comunidad de San Pedro Frío y reconocen que los soldados cambian de drogas por armas, concretamente granadas.
d. Una de las denuncias más graves señala que unidades del batallón Nariño retuvieron un grupo de niños que estaban en una labor académica de la escuela acusándolos de guerrilleros. La retención duró más de medio día. Señalan también los pobladores que los militares llegan borrachos a los negocios exigiéndoles a las personas que se encuentren en los alrededores que se dejen requisar, lo que generalmente termina en que las requisas son solo una excusa para buscarle problema a la gente ya que para realizarlas maltratan a las personas.
e. Otra denuncia que se ha recibido señala que algunos soldados y un desmovilizado que se conoce en la región con el alias de “candelo” han dicho en diferentes partes que ellos (los militares) están escoltando a tres ingenieros de una empresa multinacional para hacer unos muestreos de mina. Se ha denunciado que aprovechan estos comentarios para decirle a la gente que van a perder las minas. En vista de esto en una reunión del ejercito con miembros de la comunidad le preguntaron al capitán Quiñones que si es cierto que su misión era protegen las multinacionales y el responde que su misión es de inteligencia de comunicación pero no descarta que detrás esté la multinacional y que ésta información solo la manejan los altos mandos.
f. Otra de las denuncias más recurrentes en la región tiene que ver con la connivencia de miembros de la fuerza pública con paramilitares de la región (mal llamados bandas criminales) ya que por parte de las autoridades militares y policiales no existe prácticamente ninguna acción contra la presencia de estos delincuentes tanto en los cascos urbanos como en las zonas rurales, a pesar de que todos saben que los paramilitares se mantienen armados, amenazan y extorsionan a la población. Una muestra de la sumisión de la policía hacia los paramilitares se presentó en el municipio de Rioviejo donde el día 8 de enero de 2011 en una de las cantinas del pueblo varios de reconocidos paramilitares se encontraban con sumiendo licor en horas de la noche. Un grupo de policías entró al establecimiento a realizar un operativo de control. Pidieron al administrador del negocio que le bajara a la música, ante lo cual uno de los paramilitares se levantó de su mesa, cacheteo a un policía y les dio la orden de retirarse del lugar, ante lo cual los policías obedientemente se retiraron. Según ampliación de la información dada por la comunidad, esa noche el comandante de la policía de Rioviejo se encontraba consumiendo licor con los paramilitares en el mismo sitio donde ocurrieron los hechos.
De igual manera aunque se denuncia la ubicación de los campamentos de los paramilitares o la presencia de estos en los cascos urbanos, ni la policía ni el ejército hacen nada para combatirlos, detenerlos y ponerlos a orden de las autoridades competentes.
2. Los grupos ilegales y su presencia en la región.
En este aspecto se están presentando en la región alianzas entre organizaciones paramilitares y la insurgencia que consiste fundamentalmente en que, mediante
acuerdos de tipo económico, estos grupos ilegales, pasando por encima de la voluntad y determinación de organizaciones comunitarias y líderes de la región, permiten el ingreso de máquinas retroexcavadoras que de manera ilegal trabajan la minería cielo abierto.
El trabajo de estas máquinas está causando un grave daño a las cuencas hidrográficas de las zonas donde se encuentran trabajando y generan en incalculable daño económico a los pequeños mineros de la región. Según testimonios de los pobladores, en grandes zonas de municipios como Norosí y Santa Rosa, hay varias decenas de máquinas de este tipo y aunque Fedeagromisbol ha reclamado de las autoridades civiles y mineras acciones para impedir que se siga causando daño con este tipo de labor minera a cielo abierto, hasta ahora no hay ninguna actividad orientada a detenerla. Por el contrario, la autoridad minera departamental presiona a los pequeños mineros tradicionales amenazándolos con aplicarles todo el rigor de lo establecido en el nuevo código de minas si no cumplen con todo lo establecido en éste.
Un segundo aspecto en el que la presencia de los grupos paramilitares afectan seriamente la vida de la población es la interferencia que ejercen en actividades económicas como las rifas, las que controlan en municipios como Tiquisio y Rioviejo, en algunos sectores del mototaxismo, en el comercio, sea directamente o por medio de extorsiones y cobros a los comerciantes. Así mismo la llegada de personas con grandes capitales que pretenden invertir en cualquier actividad económica que haya en la región deja ver el interés de los grupos ilegales, especialmente de narcotraficantes de convertir la región en un “lavadero” de dinero. Es así como en la mayoría de zonas de la región se empiezan a ver grandes y prósperos negocios salidos “de la nada” pero con grandes infraestructuras y un gran movimiento de mercancías y de transporte. Este tipo de negocios se ven de manera cada vez más frecuente en la zona minera y en algunos de los cascos urbanos, especialmente de los municipios de Santa Rosa del Sur y San Pablo.
Comentarios generalizados afirman que estos capitales pertenecen a grupos como “los paisas”, “los urabaeños”, “las aguilas negras”, entre otros. A pesar de que tanto las autoridades civiles como la fuerza pública son conocedores de este tipo de actividad económica inusual y presuntamente ilegal, no ejercen ningún tipo de control sobre estas.
Aparte de la importante presencia en la vida económica que van ganando los grupos ilegales en la región, se presentan acciones de control social y de ejercicio de una autoridad suprema que preocupan y desvelan a los pobladores. Veamos varios ejemplos:
En el municipio de San Pablo, grupos paramilitares abiertamente y sin ningún recato cerraron algunas vías durante los días de navidad. El 24 de diciembre cerraron la vía que conduce a los sectores Belén y la Concesión para realizar allí una fiesta que duró toda la noche y en la que participaron reconocidos miembros de grupos paramilitares. Ni la policía ni el ejército hicieron absolutamente nada ante esto. También es conocida la estrecha relación entre miembros de la fuerza pública y miembros de grupos paramilitares, la que se evidencia en municipios como Tiquisio, Rioviejo, San Pablo, en los cuales es normal verlos juntos jugando fútbol, caminando por las calles o consumiendo licor.
3. La estrategia de expulsión de las instituciones estatales:
Además de las acciones delincuenciales mencionadas, las actitudes asumidas por las autoridades civiles son también materia de preocupación para los pobladores de la región. En el caso de las autoridades mineras, representadas en la región por la gobernación de Bolívar en cabeza de su Secretaría de Minas, las presiones contra los pequeños mineros han sido permanentes y cada vez más agresivas.
En el marco de generar las condiciones para la explotación minera a gran escala, la Secretaría de Minas de la Gobernación ha adelantado una campaña de desprestigio de las organizaciones agromineras de la región, en particular contra la Federación Agrominera del Sur de Bolívar – Fedeagromisbol, señalándola de ser la organización que se opone al progreso regional al negarse a aceptar la presencia de empresas mineras transnacionales en la región. Así mismo ha desarrollado una labor de división entre las Asociaciones Agromineras de la región, generando desconfianza entre ellas, cooptando algunos de los directivos de algunas asociaciones para que acepten negociar con las empresas transnacionales e impulsándolos para que peleen la desagregación de las áreas mineras (que están tituladas colectivamente) para de esta manera facilitar el proceso de despojo que se pretende aplicar en la región.
Para ello se ha recurrido a estrategias como incumplimiento de compromisos adquiridos con las comunidades como es el caso del proyecto piloto de minería limpia al cual nunca le fueron entregados los dineros aprobados para su ejecución y en cambio se dedicaron a la realización del llamado censo minero; luego, en el municipio de San Martín de Loba a donde hay una presencia muy importante de la empresa Anglogold Ashanti, fueron destinados importantes recursos para un supuesto proyecto de minería limpia.
Las presiones se ejercieron sobre los pequeños mineros para que aceptaran la realización del censo minero. La mayoría de ellos no aceptó censarse y se recurrió a estrategias de engaño como que si no se censaban no podrían acceder a recursos de mejoramiento minero o a programas de beneficio desde Acción Social de la presidencia. En cuanto entró en vigencia el nuevo código de minas, en febrero de 2010, la Secretaría de Minas de Bolívar desató una campaña de impulso a la legalización de la llamada “minería ilegal”, llamando a los pequeños mineros que legalizaran sus minas.
Para ello se utiliza la difusión masiva del nuevo código de minas, eso sí, sin advertirle a los pequeños mineros los graves riesgos que tiene la aplicación del mismo para la región, particularmente para la pequeña minería ni la prohibición que el Ministerio del Medio Ambiente ratificó en el sentido de no permitir la legalización de minería en las zonas de reserva forestal. Para complementar la normatividad contra los pequeños mineros, el 3 de febrero de 2001 se presentó el “plan de choque contra la ilegalidad minera” que no es otra cosa que la orden de expulsión de los pequeños mineros de sus territorios.
En el caso de los agrocombustibles, la estrategia de despojo ha sido prácticamente dirigida desde diferentes instituciones estatales en una macabra combinación. En el caso de la comunidad de Las Pavas desde el desalojo ordenado por un juzgado del municipio del Peñón hasta la presencia de unidades del escuadrón antidisturbios para impedir el retorno de los campesinos. También han jugado su papel las instituciones encargadas por el gobierno nacional del tema de tierras, las que han dilatado el proceso de restitución de tierras reclamado por los campesinos de la hacienda en litigio.
Pero los campesinos de Las Pavas no son los únicos que han sufrido esta situación. En El Garzal, corregimiento del municipio de Simití los campesinos han venido sufriendo una serie de presiones, amenazas y agresiones por parte de terratenientes que reclaman la propiedad sobre la tierra que habitan estos campesinos. En medio de las presiones jurídicas y de las presiones armadas por parte de grupos paramilitares al servicio de los presuntos propietarios han ocurrido asesinatos y desplazamientos de líderes que se oponen a entregar sus tierras. Otros campesinos de diferentes zonas se encuentran en grave riesgo. Entre ellos están campesinos de Caimital, Villadoris, El Antojo, Puerto Gaitán, y los Playones del río Magdalena.
En los municipios de San Pablo y de Tiquisio se están presentando personas desconocidas en la región que llegan hasta las fincas de los campesinos y los
presionan para que les vendan sus tierras, estas presuntamente se utilizarán luego para la siembra de palma africana o para venderlas a empresas mineras de explotación a gran escala.
Las empresas identificadas que han estado mayormente comprometidas con estas acciones de despojo son: en minería de oro la Anglogold Ashanti. En agrocombustibles y palma el grupo Daabon.
Finalmente y a manera de conclusión, estos hechos solo tienen una explicación: hacen parte de la estrategia de despojo del territorio contra los campesinos, mineros y pobladores en general de una región que se ha opuesto a la explotación irracional de sus recursos naturales y a la lucha histórica de ellos por la defensa de la vida y la permanencia en el territorio que durante muchos años se ha librado por parte de ellos.
Anexo:
Listado de algunos de los asesinatos, maltratos y amenazas llevadas a cabo en el último trimestre.
En los últimos dos meses (noviembre – enero 2011), los pobladores se encuentran alarmados por la cantidad de asesinatos a manos de paramilitares, que se registran en varios municipios como Tiquisio, Rioviejo y Achi.
El día 2 de noviembre en la vereda El Polvillo en la entrada de la finca del señor Julián Rojas fue asesinado el señor Luís Carlos Mercado Torres de 30 años de edad, soltero, de profesión agro minero natural del municipio de Norosí.
La victima era el encargado por la comunidad de Mina Brisa de cobrar el peaje comunitario en el tramo carreteable que conduce del casco urbano de Norosí al
corregimiento Buena Seña y al municipio de Puerto Rico. Según versiones de algunos pobladores tres días antes de los hechos el propietario de una retroexcavadora (cuyo nombre se desconoce) había pasado en la moto negándose a pagar el peaje; dos días después Luís Carlos fue a Buena Seña a hacer un mandado y se lo encontró con el dueño de la retroexcavadora, el cual le dijo a Luís Carlos que cual era la vaina que quien mandaba en ese peaje, que quien lo tenia trabajando ahí; Luís le respondió que lo tenia la comunidad para recoger fondo para los arreglos de la vía el retrero le dijo que – que comunidad ni que mierda.
Dos días después entre las cuatro y cinco de la tarde llegaron dos sujetos en una moto y le preguntaron que si el era Luís Carlos el les dijo que si, y sin mediar mas palabra le propinaron diez tiros. Lo que cuentan vecinos que vieron lo sucedido fue que le habían pegado tres tiros y le dieron vuelta a la moto para regresarse, en ese momento Luís se movió y uno de ellos dijo que todavía estaba vivo y le pegaron el resto de tiros. El 24 de noviembre de 2010, fue asesinado Carlos Martínez Arrieta de oficio agricultor, en hechos ocurridos en el río nuevo, jurisdicción del municipio de Achí Bolívar.
El 2 de diciembre del 2010, fue asesinado el mototaxista Héctor Rojas en la vereda la Bomba del municipio de Achí.
El 06 de diciembre de 2010, fue asesinado Pedro Baldovino, agricultor en el municipio de Tiquisio.
El día 18 de diciembre el señor Inocencio López, vicepresidente de la Junta de Acción comunal de San Pedro Frío fue atacado con un puñal por Denys Anaya, alias “orejitas” quien cambia armas por marihuana con miembros del ejército acantonados en la zona. Los hechos ocurrieron en Mina Vieja, jurisdicción de Santa Rosa.
El día 24 de diciembre, fue asesinado el señor Isidro López, Vicepresidente de la Asociación Agrominera de San Luquitas y minero de profesión. Este señor fue
asesinado en inmediaciones del caserío Mina Quemada, jurisdicción del corregimiento San Pedro Frío.
El 07 de Enero de 2011, fue asesinado en puerto mango corregimiento de Tiquisio, el comerciante, Albín Navarro residente en puerto Coca.
Los casos de maltrato denunciados son:
El sábado 29 de enero en el municipio de Arenal a eso de las 3:00 p.m., un joven de nombre Eder, soldado profesional, pasaba por el puesto de la policía, acompañado de un amigo, cuando les hicieron el pare, les pidieron documentos y en el momento el no los portaba; el policía le pide una requisa, Eder se muestra reacio ante lo cual le preguntaron que a que se dedicaba y el respondió que es soldado profesional.
El teniente le dijo “usted tiene cara de gamín”, en ese instante Eder mandó a buscar los documentos a la casa, en el transcurso de 15-20 minutos mientras llegaban los documentos, los policías maltrataron verbalmente a Eder, le tomaron fotografías, le hicieron firmar un documento y le tomaron huellas. Cuando llegaron los documentos y les demuestra que es soldado profesional, le dijeron que se fuera, pero al salir de laestación acompañado de 4 niños menores de edad un policía hizo un tiro al aire y le dijo “mirame bien que conmigo si te vas a ver la cara”.
El domingo 30 de enero a las 8:00 p.m. el señor Cesar Urquiza Florez, c.c.13881887 de Barrancabermeja, se encontraba en la cantina del señor Víctor
Pacheco junto con un amigo. Llego la policía y le preguntaron como se llamaba, el respondió Cesar Urquiza, inmediatamente le dijeron siga, el preguntó que porqué, ellos respondieron usted tiene orden de captura; Cesar les dijo que le mostraran la orden de captura, los policías no la tenían. El señor Urquiza no se dejó llevar aunque ellos lo querían forzar. Cesar Urquiza salió corriendo y entró a una casa, los policía se metieron a la casa lo esposaron y empezaron a golpearlo. La comunidad al ver esto reaccionó y lo defendieron, se lo quitaron a los 5 policías y le hicieron quitar las esposas, el señor esta muy golpeado, no puede caminar por los golpes que le dieron en la cadera y en la pierna, en ese forcejeo al señor Cesar se le perdió el celular y 300.000 pesos que tenia.
Casos de hostigamiento:
Lideres de la comunidad de Las Pavas, del municipio del Peñón, denuncian los siguientes hechos:
Durante el mes de enero de 2011 hicieron presencia en el corregimiento Buenos Aires del municipio de Regidor, sitio a donde se encuentran desplazadas 123 familias campesinas de la comunidad de Las Pavas quienes fueron expulsados de sus tierras por el grupo palmero Daabon con el apoyo del escuadrón Esmad de la policía, una serie de personas ajenas a la comunidad quienes se presume son enviados de la empresa palmera para espiar y atemorizar a los campesinos desplazados que están adelantando acciones jurídicas para lograr el retorno a sus tierras. Varias de esas personas extrañas han sido identificadas como algunos de los paramilitares que amenazaron y desplazaron a las 123 familias de Las Pavas.
El día 16 de enero de 2011 en una chalupa se movilizaban aproximadamente 40 policías en dirección a Papayal. Llegaron hasta el corregimiento Buenos Aires, allí en la casa de uno de los pobladores del corregimiento prepararon almuerzo y terminando la tarde salieron rumbo a Las Pavas. Mientras se encontraban en la casa donde prepararon el almuerzo los niños desplazados de la comunidad de Las Pavas se mostraron temerosos porque los identificaban como los mismos que los desplazaron.
En los días anteriores a la consulta popular para definir la creación del nuevo municipio Brazuelo de Papayal, varios líderes de Buenos Aires y de Las Pavas identificaron a varias personas empleadas o cercanas a la empresa palmera que llegaron hasta el corregimiento Buenos Aires con cantidades importantes de dinero destinado a la compra de votos por el si a la consulta mencionada. Se denuncia así mismo que el domingo 23 de enero, terminada la consulta popular, mientras en horas de la noche los “ganadores” celebraban el triunfo del sí, y los miembros de la comunidad cristiana “Rosa de Saron” celebraba una vigilia en la que participaban la mayoría de socios de Asocab, fue incendiada la enramada construida a manera de salón comunal donde se realizaban las reuniones de Asocab.
Denuncia también la comunidad de Las Pavas que al educador Eliud Alvear Cumplido, docente de la Institución Educativa del corregimiento Buenos Aires, se le ha iniciado una campaña de persecución por parte del rector de la IE, debido a su compromiso con la lucha por el retorno de la comunidad de Las Pavas. Según denuncias de los pobladores el rector ha sido coptado y está al servicio de la empresa palmera que despojó a los campesinos de sus tierras.
Esta grave situación de agresión y despojo ha sido agenciada por las autoridades nacionales, departamentales y municipales. Llamamos a las organizaciones hermanas a nivel nacional e internacional para que exijan a esas autoridades el respeto de las comunidades y el respeto a los derechos fundamentales de los pobladores del sur de Bolívar.
FEDERACIÓN AGROMINERA DEL SUR DE
BOLÍVAR
FEBRERO DE 2011
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