CAMPAÑA CONTRA EL DESPOJO

CAMPAÑA CONTRA EL DESPOJO
Por la soberanía, la autodeterminación y la Permanencia en el territorio.
Red de Hermandad y solidaridad con Colombia REDHER

A lo largo de los últimos 10 años se ha dado un auge importante de las luchas sociales. La reivindicación de los Derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales y su exigibilidad frente al Estado, el problema del Conflicto Social y Armado que vive Colombia y la necesidad de buscar CAMPAÑA CONTRA EL DESPOJO
Por la soberanía, la autodeterminación y la Permanencia en el territorio.
Red de Hermandad y solidaridad con Colombia REDHER

A lo largo de los últimos 10 años se ha dado un auge importante de las luchas sociales. La reivindicación de los Derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales y su exigibilidad frente al Estado, el problema del Conflicto Social y Armado que vive Colombia y la necesidad de buscar su solución por la vía política, la lucha por la tierra, la vida y la permanencia en los territorios, la defensa de la educación y salud públicas, la lucha por el agua y los bienes comunes han sido apuestas principales en los procesos de movilización y organización de agendas conjuntas y de confluencia.

La defensa de los bienes comunes (tierra, territorio, agua, minerales, bosques, biodiversidad, etc.), la defensa de la soberanía y la existencia de las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas se instauraron como puntos de reivindicación en la agenda social, dándose una dinámica de confluencia de diversos procesos como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –MOVICE, Movimiento Nacional en Defensa del Agua y de la Vida,  Marcha Nacional de Mujeres Campesinas, el nacimiento  de la Red Colombiana Frente a La Gran Minería Transnacional-RECLAME,  La Marcha Patriótica y el Cabildo Abierto por la Independencia, la sesión Inaugural del Congreso Nacional de Los Pueblos, la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, entre otras muchas formas de luchas por la tierra, los territorios y las soberanías que de una u otra manera empiezan a caminar juntos.

Como respuesta a este auge, la propuesta del actual gobierno de Unidad Nacional plantea un nuevo discurso frente a las Víctimas con un Plan Nacional de Desarrollo enfocado en el problema agrario y de tierras que buscan generar ante la comunidad internacional una imagen limpia, al mismo tiempo que da continuidad a las políticas de despojo desarrolladas en los últimos años; propuestas como ley de víctimas y todo el paquete legislativo agrario amenazan con fragmentar una vez más los escenarios de confluencia del movimiento social- popular, buscando eludir soluciones estructurales a los conflictos por la tierra, los territorios y las soberanías.

Las políticas gubernamentales de despojo presentan amenazas, tales como:

• La política de restitución de tierras que privilegia intereses empresariales.
• La política de tierras y desarrollo rural que busca profundizar el mercado de tierras al servicio de la agroindustria y el sistema financiero, incluyéndolas además como un nuevo renglón de la inversión extranjera directa.
• La Intervención con megaproyectos mineros, energéticos y de infraestructura especialmente la gran minería transnacional a cielo abierto, que modifican el uso y la tenencia de la tierra y el acceso a los beneficios ambientales.
• La conversión de alimentos a combustibles de los cultivos de caña, palma aceitera y otros, que ha provocado la expansión de la frontera agrícola y las agroempresas cuyos capitales empiezan a colocarse en los negocios del rentable mercado energético.
• La ofensiva privatizadora sobre las fuentes hídricas y las grandes represas multipropósito que están en marcha y los planes departamentales de aguas.
• Los Tratados de Libre Comercio donde el tema de la agricultura lesiona aún más la producción alimentaria nacional, debilitando nuestra capacidad de autoabastecimiento.
• Los planes de ordenamiento territorial y urbano, que colocan los espacios de vida de nuestras comunidades en función de la globalización neoliberal.
• Los Planes de Consolidación de la estrategia gubernamental de control social del territorio bajo la llamada Doctrina de Acción Integral, que militariza todos los aspectos de la vida de las comunidades.
• La denominada Ley de sostenibilidad fiscal, donde el gasto del Estado se orienta en función de la deuda financiera y no de la deuda social lo que quiere decir poner los intereses de la Banca Internacional por encima de los derechos de los colombianos,

De acuerdo a esta realidad se ve la necesidad de un espacio de unidad que pueda dar respuesta a los retos del momento donde la Vida y el Territorio retoman reivindicaciones estructurales de las movilizaciones regionales actuales en las que hemos emprendido el camino de legislar para aportar en la construcción del país justo y posible para el conjunto de la población colombiana. Este propósito es el que nos convoca en el Congreso de Tierra, Territorio y Soberanía.

El CONGRESO NACIONAL DE TIERRAS, TERRITORIOS Y SOBERANÍAS debe pensarse en el desarrollo de estrategias para enfrentar el despojo y el modelo de acumulación; entendiendo que estas no solamente deben pasar por resolver la concentración de la tierra en Colombia, sino que como ya se constata, debe abordarse integralmente el problema del gobierno y ordenamiento de la sociedad y el territorio.

EL DESPOJO EN COLOMBIA

Para caracterizar el despojo hoy es necesario interpretar el proceso inserción  de  Colombia  a  la economía  mundial. Esta caracterización evidencia que el desarrollo se ha dado de manera violenta, donde el control territorial y la ocupación militar esta aparejada a graves violaciones  a los derechos humanos de la población y la amenaza de desestabilización  a los pueblos y gobiernos hermanos.

Lo que se ha llamado las “locomotoras de la prosperidad” solo encubren la profundización del saqueo de los recursos de la naturaleza. El énfasis en la minería amenaza con hacer de Colombia un gran desierto al tiempo que se agravarían los problemas de la pobreza, la guerra y la descomposición social. Los proyectos de restitución de tierras y la Ley de Víctimas solo buscan legalizar el despojo,  acabando de una vez por todas, la economía campesina para el beneficio de grandes monopolios y agroindustriales.

Algunos casos:

Jiguamiandó y Curvaradó: En el pacífico colombiano ha podido corroborarse que varias comunidades de campesinos y de afrodescendientes han sido expropiadas ilegalmente por empresarios de los agrocombustibles vinculados con grupos paramilitares; en lugares como Curvaradó los pueblos afro han perdido 29.000  Hectáreas por accionar paramilitar, 7000 de esas hectáreas expropiadas están hoy sembradas de palma de aceite.

Indígenas Embera en Urabá: Las explotaciones mineras agenciadas por la empresa estadounidense Muriel Mining Corporation, han ocasionado el desplazamiento forzado de varias comunidades indígenas Embera de los resguardos de Uradá, Jiguamiandó, Chageradó, Turriquitado y Río Murindó, de los municipios de Carmen del Darién y Murindó, que se encuentran localizadas en el bajo y medio Atrato Chocoano-Antioqueño. El desplazamiento de las comunidades indígenas ha sido ocasionado por la constante militarización de las zonas donde la empresa  realiza sus actividades, lo que ha vulnerado los sitios sagrados del pueblo Embera y ha puesto en situación de riesgo a las comunidades que se oponen a la profanación de sus territorios.

La hacienda Las Pavas: Esta hacienda, ubicada en la Depresión Mompoxina al norte del país, es objeto de una férrea disputa entre más de un centenar de familias campesinas que ocupan el territorio hace varias décadas, y los empresarios palmicultores que esgrimen títulos de propiedad validados por la policía. Las y los campesinos han sido desalojados al menos cinco veces con la combinación de procedimientos legales e ilegales, y con la participación de civiles encapuchados respaldados por la policía que han llegado a quemar las viviendas de los pobladores obligándolos a desplazarse.

La explotación petrolera de la transnacional REPSOL: empresa que ha sido relacionada en crímenes de lesa humanidad al financiar compañías mercenarias y financiar unidades militares relacionadas con la violación de los derechos humanos, entre ellas la Brigada XVII del ejército nacional. Es importante destacar que en el campo “Capachos” donde Repsol desarrolla sus actividades después de 2005, aumentó la presencia paramilitar en la zona justo después de la iniciación de labores de extracción petrolífera. No obstante, la violencia desarrollada por estos grupos ha golpeado exclusivamente a la población civil sin afectar a la empresa.

La explotación minera de la Anglo Gold: El investigador Jorge Molano reveló que en la transnacional Kedahda (filial de la Surafricana Anglo Gold Ashanti) ha solicitado concesiones en 336 municipios, en cada uno de ellos hay una permanente presencia paramilitar o sus antecedentes; en el 99,9% de estos lugares se han presentado desplazamientos forzados, que en total sumarían al menos seiscientas mil personas (601.110 hasta agosto de 2008). Adicionalmente, en el 70% de los municipios donde tiene intereses la Kedahda, se han registrado casos de tortura y
 ejecuciones extrajudiciales.

Esta y otras situaciones de orden estructural son las que se expresan en el actual Plan Nacional de Desarrollo, y las que se busca enfrentar desde la Campaña contra el Despojo, a través de la  la información, la educación y la visibilización de las diferentes manifestaciones, propósitos y dinámicas del despojo, apostándole desde aquí a construir un proyecto de nuevo país desde la soberanía popular y nacional; priorizando la lucha contra las industrias extractivas y la recuperación de la tierra y el territorio para las comunidades rurales y urbanas despojadas o amenazadas.

¡ Con el pueblo ando y mandatando vamos haciendo legislación para una nueva Nación !

¡ Cosechando con esfuerzo, soberanía y dignidad, el país que queremos caminar !