Asamblea Legislativa Popular construye unidad para enfrentar la derecha en Colombia

9 dic. Colombia Informa.- El Proceso que agrupa a movimientos populares, plataformas de derechos humanos inicia construcción para la huelga general que se viene en 2019.

Por Vivian Fernandes*. “Nosotros hemos dicho, históricamente, que la única posibilidad para que Colombia tenga una transición, un cambio, es que el pueblo llegue al poder”. Marylen Serna, mujer campesina del departamento del Cauca, es asertiva al decir cuáles fueron las bases para la realización de la Asamblea Legislativa Popular y de los Pueblos, en octubre, en la capital de Bogotá.

Dirigente nacional de la organización Congreso de los Pueblos, ella explica que la construcción del poder popular en los territorios es el primer paso para cambiar la realidad colombiana, pero que es fundamental garantizar la unidad de fuerzas sociales y políticas.

Así, la realización de esa asamblea es un elemento clave que dará el tono de la lucha política en 2019. Con la presencia de 1.300 mil representantes de comunidades, movimientos y organizaciones sociales y políticas de toda Colombia, fue aprobada una agenda común que incluye una huelga general en el país para el primer semestre.

Como un paro político, la acción será: la defensa de los territorios; el fin de la violencia sociopolítica contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, pueblos y comunidades; el rechazo a la criminalización de la protesta social, el desmonte efectivo y comprobable de las estructuras paramilitares, el rechazo a las reformas de seguridad social, de trabajo y tributaria, la defensa de la salud y educación pública, etc.

Además de eso, para elecciones regionales de 2019, la asamblea orientó que “las organizaciones sociales y políticas procuren generar espacios de coalición de propuestas políticas y mecanismos democráticos para la definición de candidaturas de convergencia”.

Participaron de la asamblea, y seguirán en esta articulación, cerca de 40 organizaciones y parlamentarios de la banca alternativa para la paz.

Entre ellos, están el Congreso de los Pueblos, la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, el Coordinador Nacional Agrario –CNA-, el Proceso de Comunidades Negras –PCN-, la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-, además del movimiento sindical, estudiantil, de juventud, de mujeres, cultural, ambiental y comunitario, y plataformas de derechos humanos.

“Creemos que este es un momento propicio para que los diferentes procesos organizativos que existen hoy en Colombia se sienten juntos, y hagamos un análisis sobre lo que está pasando en el país. Y más que un análisis, cuales son las oportunidades que tiene hoy el campo social y popular, democrático y alternativo, para afrontar la situación que estamos viviendo”, afirma Marylen.

Ella explica que, como resultado de la instalación de esta asamblea, fue definido un equipo nacional que sale con el compromiso de dar continuidad a la movilización de este proceso. “Necesitamos salir para construirla, proponer, recorrer los territorios y regiones. Necesitamos hacer que las personas se enamoren de la asamblea”.

Escenario que se repite

El momento en que ocurre el inicio oficial de la asamblea es el del retorno de un gobierno de extrema derecha a Colombia. En las últimas elecciones presidenciales, ocurridas en mayo y junio de 2018, salió ganador el candidato del Centro Democrático, Iván Duque.

Él es ahijado político del expresidente Álvaro Uribe, que gobernó el país de 2002 a 2010 y fue conocido por sus supuestas alianzas con grupos paramilitares, en un periodo de aumento de la violencia contra movimientos sociales, que dejó un saldo de millones de muertos.

El candidato derrotado en segunda vuelta fue Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, considerado un político progresista, que lideró la coalición Colombia Humana, apoyada por diversas organizaciones populares.

El resultado obtenido por Petro, que contó con cerca de 8 millones de votos –frente a 10,3 millones de su oponente-, fue emblemático, ya que Colombia nunca ha tenido un gobierno progresista.

“Tenemos, lamentablemente, la repetición de un gobierno de extrema derecha que tiene el propósito de dar legalidad a los despojos territoriales, que ya ocurrieron por muchos años, por medio de violencia, de masacres, y que se presentan como leyes regresivas de los derechos de los pueblos, que pretende entregar los territorios indígenas, de afro-colombianos y campesinos a las empresas multinacionales”.

Esa es la apreciación de Alejandra Llano Quintero, representante de la ONIC, organización que reúne 84 pueblos indígenas de Colombia. Otros puntos de aumento de la violencia en el país, apuntados por ella, son la represión a la protesta y el alto índice de asesinato de líderes sociales.

Desde el inicio del gobierno de Duque, en agosto de este año, hasta mitad del mes de noviembre fueron asesinados 69 dirigentes populares, según el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo -Indepaz-.

Asamblea popular

Con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC- –actual partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, de la misma sigla –el acuerdo fue firmado en 2016. Pero, pasados dos años, aún falta mucho que cumplir por parte del gobierno, lo que llevo a un número de más de 80 asesinatos de exguerrilleros y sus familiares desde la firma, según los datos del propio partido.

Ya con el Ejército de Liberación Nacional –ELN-, los diálogos de paz, iniciados en el gobierno anterior, de Juan Manuel Santos, están suspendidos por el actual mandatario. Un elemento colocado en las mesas de diálogos de esta guerrilla es que la paz solo será posible con justicia social, lo que trae a la superficie elementos de cambios estructurales, como más derechos a la población colombiana.

Sobre el tema, la Asamblea Legislativa Popular aprobó, en su resolución final, que ira a demandar por medio de protestas “solución política al conflicto social armado, cumpliendo los acuerdos de paz y la agenda de diálogos con el ELN y el Gobierno nacional”.

Trayectoria histórica

Este no es el paso inicial, pero es un salto cualitativo. Así puede ser entendida la instalación de la Asamblea Legislativa Popular y de los Pueblos, conforme apunta Marylen Serna, que es militante hace 30 años y enfoca su trabajo en temas de paz, defensa del territorio y organización de las mujeres.

“Nosotros venimos transitando hace muchos años en diferentes espacios de articulación. Por ejemplo, en 1992, nos articulamos para rechazar la celebración de los 500 años que el gobierno colombiano, junto con el español, querían hacer de la llegada de los españoles a América”.

Otros momentos fueron recordados por la líder campesina, que relata constantes momento de articulación. “Cada cuatro o cinco años proponemos a los movimientos sociales que nos juntemos y vamos acumulando fuerzas, también vamos mirando para donde va esa fuerza, para ir pensando efectivamente en algo estratégico.”

Recuperando la trayectoria de experiencias, paros y articulaciones, Alejandra Llano, dirigente indígena, cita la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, creada en 2014, de la cual hacen parte 14 organizaciones. Muchos de los movimientos que hoy están en la asamblea también participan de este espacio, que posee una plataforma política coincidente con la propuesta actual.

Lo diferencial de esta cumbre es que logró la aprobación de su legitimidad como actor político ante el gobierno, por medio del Decreto 807, que insistió en una mesa de negociación de las reivindicaciones. “En este país tenemos una mesa de diálogo con las insurgencias, pero también una mesa de diálogo con el movimiento social, que tiene igual de importancia. [Pero] ha sido muy difícil sostener la relación con los gobiernos”, expresó.

Con el retorno de un presidente de extrema derecha al país, los movimientos populares colombianos pretenden no retroceder, pero avanzar, para eso la estrategia de acción unitaria aprobada en la Asamblea Legislativa Popular. Siguiendo la línea histórica de resistencia, Alejandra retoma: “Nosotros hemos insistido que la movilización es la estrategia fundamental de lucha”.

*Vivian Fernandes es periodista de Brasil de Fato. Especial periodístico realizado por Marcha, Brasil de Fato, Peoples Dispacht, y Colombia Informa.