Documento final Misión Internacional de verificación DDHH

7 de octubre 2019

Organizada por: Asociación Paz con Dignidad
Con el apoyo de: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
Localización: Sur de Bolívar, Sur del César y Catatumbo
Fechas: 15 de septiembre al 24 de septiembre del 20191.Introducción
La asociación Paz con Dignidad, con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación al
Desarrollo, ha impulsado una misión internacional de verificación de los DDHH durante la
segunda quincena del mes de septiembre en territorios del Sur del Bolívar, Sur del Cesar y
Catatumbo.
La vulneración de derechos humanos (DDHH), derechos de las mujeres y del derecho
internacional humanitario (DIH) ha aumentado preocupantemente en estas regiones del
país en los últimos meses. El aislamiento y la militarización de la zona, junto con el aumento
de la violencia por parte de distintos grupos armados legales e ilegales a la población civil
impulsó la necesidad de realizar una misión internacional para verificar la situación, recoger
insumos para denunciar las afectaciones e incidir para que se adopten las medidas
adecuadas ante las autoridades colombianas, el estado español y la Unión Europea.
Además, la misión se plantea como un mecanismo de protección en sí mismo, ya que la
presencia internacional en las comunidades se convierte en un elemento disuasorio de las
amenazas y agresiones.
Las comunidades de la región que históricamente han vivido el conflicto armado están
viendo cómo en los últimos meses aumentan prácticas propias de los años más duros de
la guerra en Colombia. El crecimiento del paramilitarismo, la aparición de nuevos grupos
armados, la intensificación de la actividad del ELN y la estrategia de militarización por parte
del estado pone a las comunidades en una situación de máximo riesgo, provocando crisis
de desplazamiento y de aislamiento de las comunidades.
2.Objetivos

Contribuir a la protección de los procesos comunitarios por la permanencia en el
territorio y la defensa de los DDHH en las zonas fuertemente afectadas por los
actores armados que operan en la región.
Hacer incidencia para lograr compromisos por parte de las autoridades locales,
departamentales y nacionales colombianas con el fin de mejorar la situación
personal y colectiva de las personas defensoras de los DDHH en la región, así como,
garantizar la actividad de sus procesos organizativos y comunitarios. De igual modo,
establecer reuniones con los organismos internacionales que operan en la zona.
Hacer incidencia en Europa y, en concreto, en el estado español, para que se ejerza
presión internacional para que el gobierno colombiano implemente en su totalidad
los Acuerdos de Paz y active las negociaciones con el ELN para buscar una solución
negociada al conflicto armado aún vigente.
3. Contexto
Las personas que ejercen la defensa de los DDHHH, de las mujeres y de los ecosistemas
son las más afectas y penalizadas en el contexto de las regiones objetivo de esta misión.
Personas líderes de nuestras aliadas estratégicas locales, corporación SEMBRAR, Comité
de Integración Social del Catatumbo (CISCA) y la Federación Agrominera del Sur de Bolívar
(FEDEAGROMISBOL), han sido amenazadas y, en algunos casos, se ha atentado contra
su vida.
Hay que destacar específicamente la situación de alta vulnerabilidad de las mujeres de
estas comunidades que ante este contexto ven agravadas su situación. Se convierten enlas grandes damnificadas por ser objeto de distintas violencias que ejercen los grupos
armados que operan en la región.
Sur de Bolívar y Sur del César
En este 2019 se han incrementado los operativos militares principalmente en las zonas
rurales de esta región. La presencia militar, y intensificación de la actividad del ELN han
propiciado nuevos enfrentamientos que ponen en riesgo la vida y la integridad de los
habitantes.
La comunidad de Micoahumado vive en medio ataques entre el ejército, el ELN y la
incursión de grupos paramilitares. Presencia de la fuerza pública en el casco urbano, toques
de queda, fuego indiscriminado contra civiles, asesinatos a agricultores y a miembros de la
comunidad. La población ha denunciado reiteradamente esta situación de riesgo, pero no
hay ningún tipo de avance. Existe una falta de acción por parte de las autoridades que
agrava, por acción u omisión, la situación riesgo para las organizaciones sociales
reclamantes de condiciones de vida dignas para la población.
Las víctimas y familiares de víctimas de Aguachica reclaman justicia, verdad y reparación
ante los casos de falsos positivos y desapariciones forzadas que llevan años sin resolver
en un territorio que todavía hoy sufre los azotes del paramilitarismo.
Además, la violación sistemática de los DDHH y el DIH que sufre la población del Sur de
Bolívar y Sur del César está asociada al control del territorio por parte de actores armados.
Un control que pretende garantizar la explotación y extracción de la riqueza natural de la
región por parte de grandes empresas tanto nacionales como transnacionales. Y para
conseguir este objetivo, la población campesina y minera artesanal que quiere seguir
viviendo en su territorio son un obstáculo que ha de ser neutralizado.
La extracción de oro por transnacionales como AngloGold Ashanti en la Serranía de San
Lucas, la extensión del cultivo de palma por Indupalma en toda la región y la amenaza del
fracking que han traído las corporaciones Conocco Phillips y Gran Tierra en San Martin,
son algunos ejemplos de los intereses económicos legales que tiene la región. Y este
modelo se completa con toda la economía ilegal que atraviesa el Sur de Bolívar y Sur del
César como un corredor desde Antioquia hasta el Catatumbo. Una gran cantidad de riqueza
y de ganancias cuyo control por parte de la elite económica local e internacional es ejercido
por todas las vías: social, económica, jurídica y militar. De ahí la entrada de la Fuerza Tarea
Conjunta Marte y la mayor militarización del Magdalena Medio.
La explotación del territorio está lejos de ir reduciéndose, más bien se está expandiendo la
frontera extractiva a aquellos territorios donde no se había llegado por la presencia de la
guerrilla o por la oposición social. Así las cosas, el riesgo de hostigamiento, criminalización,
amenazas a la población va a aumentar pues desplazar a la población de su territorio es un
medio para tenerlo plenamente disponible.
Catatumbo
Esta región desde la firma del Acuerdo de Paz se ha convertido en un territorio en disputa
entre diferentes grupos armados enfrentados por tener el control de los territorios y las
actividades comerciales que antes ocupaba las FARC. Esta situación se ha agravado
mucho más en lo que va de año. El gobierno ha respondido militarizando la región con cercade 17.000 efectivos de la fuerza pública, lo que da una relación de 1 soldado por 10
habitantes, en contraste con el indicador de 1 médico por cada 5.000 habitantes.
Las poblaciones que viven en las veredas y en los corregimientos de esta región son las
más vulnerables, ya que no cesan las confrontaciones entre la fuerza pública y las
insurgencias del ELN y EPL, apareciendo, además, nuevos grupos armados disidentes de
las FARC.
Por la posición estratégica del Catatumbo con la frontera con Venezuela se han
incrementado las economías ilegales y la consiguiente presión de EEUU para gestionar
militarmente esta situación que deriva en la afectación violenta de la población de manera
indiscriminada y sitúa como objetivo militar a las organizaciones sociales que luchan por la
paz, los DDHH y la protección de los ecosistemas.
Bogotá
Consideramos imprescindible visibilizar la grave situación e las personas que viven bajo la
violencia sistemática de la guerra, la desigualdad y la opresión. Pero no solo esto. De igual
modo, es muy importante hacer llegar a las instituciones nacionales e internacionales el
mensaje de que en sus manos está la responsabilidad de atender la llamada a la paz y al
respeto de los DDHH de los colectivos que permanecen en los territorios objetivo de esta
misión.
De este modo se tiene programado reuniones en Bogotá con instituciones del estado
colombiano y con la embajada española para trasladarles las conclusiones y
recomendaciones que se extraigan de la misión.
4. Participantes
Esta misión está integrada por personas pertenecientes a diversas organizaciones
españolas que desarrollan su actividad en ámbitos académicos, jurídicos, de la cooperación
internacional, de los DDHH o de medios de comunicación, entre otros.
A continuación, señalamos un pequeño perfil de cada participante:

Pablo Elorduy (Madrid, 1978). Escritor y editor. Ejerce como periodista y en
labores de coordinación en El Salto (elsaltodiario.com), un medio de
comunicación autogestionado.
 José David Fernández (David F. Sabadell. Valladolid, 1975). Fotoperiodista y
coordinador del área de fotografía en El Salto desde 2016 hasta la actualidad.
Editor de fotografía en el periódico Diagonal desde 2008 hasta 2016.
Colaborador en diversos medios del estado, principalmente La Marea, elcritic.cat
o La Directa.
 María Naredo (Madrid, 1970). Jurista especializada en género y derechos
humanos con 20 años de experiencia en investigación, análisis de política
pública y propuestas legislativas en el Estado español y en el contexto
internacional, especialmente focalizada en combatir la violencia contra las
mujeres.

 Amparo Pernichi López (Barcelona, 1968). Ingeniera Técnica de Obras Públicas
y Máster en Impactos Ambientales. Activista de movimientos feministas,
vecinales y de solidaridad en la ciudad de Córdoba.
 Zuriñe Rodríguez Lara (Gasteiz, 1988). Periodista e investigadora. Trabaja en la
cooperativa Sudergintza y colabora como periodista freelance para varios
medios. Además, es activista del Movimiento Feminista de EusKal Herria Vasco
y miembro del colectivo feminista antirracista AMAR.
 Eneko Gerrikabeitia (Venezuela, 1974). Presidente de la Fundación Mundubat.
Ha trabajado con Mundubat durante 16 años en Centroamérica, Colombia y
Palestina, especialmente con movimientos campesinos y de mujeres y
colectivos de DDHH.
 José Ramón Antón (Madrid, 1975). Abogado, consultor internacional y profesor
universitario, especializado en materia de DDHH. Actual Secretario General de
APDHE.
 José Elías Esteve (Concentaina, Alicante, 1974). Profesor de Derecho
Internacional, experto en Derechos Humanos. Secretario Instituto Derechos
Humanos de la Universidad de Valencia. Vicepresidente APDHE. Como jurista
ha litigado en distintos casos relacionados con la persecución de crímenes
internacionales.
 Emilio Polo (Madrid 1971). Politólogo. Hace parte de la Coordinación Colegiada
y Coordinador de Cooperación de la asociación Paz con Dignidad. Docente de
la Universidad Nacional Abierta a Distancia (UNAD) de Colombia.
 Estefanía Castillo (Madrid, 1982) Área de Comunicación de la Asociación Paz
Dignidad. Amplia experiencia en la coordinación de iniciativas educativas y de
sensibilización.
 Erika González (Madrid, 1977). Hace parte de la Coordinación Colegiada de la
asociación Paz con Dignidad. Es investigadora en el Observatorio de
Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.
 Lara Gil (Madrid, 1988). Delegada de la asociación Paz con Dignidad en
Colombia. Es activista feminista y especialista en género y desarrollo.

Más allá de las personas que se han desplazado desde España, esta misión ha contado
con el acompañamiento de la organización internacional que opera en Colombia Red de
Hermandad y Solidaridad con Colombia (REDHER).
Esta iniciativa ha contado, además, con el acompañamiento de organizaciones
colombianas pertenecientes a los movimientos sociales y los medios de comunicación
alternativos.
4. Actividades programadasA lo largo de estos aproximadamente diez días se han realizado diversas actividades. Entre
ellas queremos subrayar las reuniones que se han mantenido con diversos actores
gubernamentales e internacionales.
Las instituciones, organizaciones sociales y población civil con la que nos hemos reunido
han sido:
Día 1: Barrancabermeja, Santander
Reunión con Julián Zafra. Procuraduría delegada para la defensa de los Derechos
Humanos en Barrancabermeja.
En esta reunión se trasladaron las preocupaciones sobre la situación de las
comunidades del Magdalena Medio y se realizó un intercambio de información sobre
las medidas de control que se ejercen desde la Procuraduría.
Reunión con Eduardo Mojica. Defensor del Pueblo Magdalena Medio en
Barrancabermeja.
Al igual que en la reunión anterior, se expresaron las principales preocupaciones
respecto a la situación de riesgo en que se encuentran las comunidades y las
personas defensoras de derechos. Así mismo, se solicitó información sobre las
acciones de las instituciones del Estado colombiano que actúan como mecanismo
de control y son garantes del cumplimiento del DIH y los DDHH.
En esta sesión se revisó Alerta Temprana de Inminencia (ATI) N° 019 – 2019
referida a la situación humanitaria del municipio de Morales, específicamente a los
corregimientos de Micoahumado y Corcovado. Y el aumento de judicialización a
personas líderes.
En las reuniones con la Defensoría y la Procuraduría ambas instituciones
manifestaron que había una situación de riesgo hacia las mujeres, pero no aportaron
datos ni valoraciones sobre la situación específica de estas.
Reunión con organizaciones sociales:
Durante esta reunión, representantes de organizaciones sociales que llevan
décadas trabajando en el Magdalena Medio compartieron a la delegación las
principales problemáticas que afectan a la región con especial atención a las
referidas al conflicto social y armado y a la situación de las mujeres. La región se
caracteriza por la presencia de la Serranía de San Lucas, un territorio de alrededor
de 1.800.000 hectáreas repleto de riquezas, en el que la principal economía es la
agricultura, la ganadería y la minería. La riqueza de sus tierras, la ausencia de
garantías básicas para la calidad de vida de sus pobladores/as, y la presencia
histórica de diferentes grupos armados genera situaciones de riesgo para las
comunidades
Respecto a la situación de las mujeres, la delegación pudo tener un mapeo en
profundidad de las vulneraciones específicas a sus derechos que se producen en laregión. También se pudo apreciar los principales procesos de empoderamiento y
resistencia de las mujeres durante las últimas décadas.
Se observa que tras los Acuerdos de Paz existe una grave falta en su
implementación debido a múltiples obstáculos para la participación de la sociedad y
las comunidades en este proceso. La participación de la sociedad civil en la
construcción de paz es necesaria pero no está siendo efectiva y esto genera
frustración en las organizaciones, especialmente en las organizaciones de mujeres.
Día 2: Micoahumado, Sur de Bolívar
Reunión con líderes de los municipios de Morales, Arenal y Santa Rosa.
Reunión con profesores y padres de alumnos.
Reunión con Inspector de policía de Micoahumado.
Actividad cultural con los y las jóvenes del corregimiento.
La delegación pudo tener varias reuniones con diversos actores sociales y la
población en general. Se evidenciaron varias situaciones entre las que destacamos:
grave afectación en varios niveles a la población civil de la confrontación en la zona
urbana entre la fuerza pública y el ELN, gravísima situación de abandono de parte
del estado ante las necesidades básicas de la población, situación e indefensión por
parte de la población ante las actuaciones de la Fiscalía y la fuerza pública, entre
otros.
Día 3: Santa Rosa del Sur y Aguachica
Reunión en Santa Rosa del Sur con el Brigadier General Jairo Leguizamón,
Comandante Fuerza de Tarea Conjunta “Marte”.
En esta reunión se expresaron las inquietudes de la delegación en cuanto la
vulneración de los DDHH de la población tras haber visitado Micoahumado y
haberse reunido con organizaciones sociales de la región.
Reunión con líderes de Fedeagromisbol de Rioviejo, San Pablo, Santa Rosa y
Gamarra, y San Martín.
En esta reunión se trató específicamente la persecución y estigmatización por parte
de algunas instituciones del estado del ejercicio del liderazgo y de la población que
vive en zonas de influencia del ELN. Hay una gran estigmatización hacia las
poblaciones que viven en zonas de influencia del ELN, lo que supone un riesgo
enorme para sus vidas ya que se encuentran en una región donde se está realizando
un operativo militar y judicial para combatir al grupo armado. Esta estigmatización
deriva inevitablemente en la persecución, asesinato y judicialización de los y las
pobladoras. En este sentido ha aumentado la criminalización de la protesta social,
incluso hay casos donde en las acusaciones se menciona “organizar marchas,
organizar la población” como delito, cuando forma parte de los derechos ciudadanos
a la protesta.También se evidenció un impedimento burocrático para que las asociaciones de
pequeños mineros se formalicen, lo que pone en riesgo la situación de los procesos
comunitarios ante una posible judicialización, a pesar de haber intentado por todos
los medios formalizar la situación.
Reunión con integrantes del Capítulo de Victimas sur de Bolívar, sur del Cesar y
Catatumbo.
En la última jornada de la delegación en la región del Magdalena Medio, las víctimas
y familiares de víctimas compartieron los casos de falsos positivos y desapariciones
forzadas que todavía hoy siguen sin resolverse. Las víctimas exigieron su derecho
a la verdad, justicia y reparación en el marco del Acuerdo de Paz de 2016. Los daños
físicos, mentales, emocionales y materiales de las víctimas son evidentes y van en
aumento. Esta situación es agravada por la alarma ante las situaciones nuevamente
detectadas que indican una reactivación de estos procedimientos extrajudiciales.
Día 4: Ocaña
Sesión de trabajo de la delegación internacional.
Día 5: Ocaña y San Pablo
Reunión en Ocaña con instituciones y organismos de control del Catatumbo.
Marta Lucía Torres. Delegada para el Sistema de Alertas Tempranas
de la Defensoría del Pueblo Regional Ocaña.
Rocío Cobo. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos.
Arnault Serra-Horguelin. Jefe de la Oficina Regional en Cúcuta de la
Misión de Verificación de las Naciones Unidas.
Roberto Carlos Parra Chinchilla. Coordinador de la Oficina de la
Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA) de
Ocaña.
Jesús Huerta y Yazmín Pabón. Misión de Apoyo al Proceso de Paz
en Colombia (MAPP-OEA) de Ocaña.
Representante de la Comisión por la Vida, La Paz y la Reconciliación
del Catatumbo.
Al igual que sucede en el Sur de Bolívar y del César, en el Catatumbo hay un
aumento de la militarización, en este caso, en la actualidad hay 17 mil efectivos en
la región, y ante el aumento de la fuerza armada no hay un acompañamiento desde
el Estado en lo que respecta al proceso de paz y a los procesos de justicia y
reparación.
En este contexto, se creó la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del
Catatumbo que es un escenario que articula a los movimientos sociales y a la
población en general. La delegación tuvo acceso a información sobre el alcance de
las actuaciones de esta comisión durante el 2019.La Defensoría compartió las alertas tempranas en el Norte de Santander. Las alertas
advierten sobre diversos riesgos en la región, entre los que destacan: los riesgos
para la paz social producto de la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y los
riesgos ante el proceso electoral del mes de octubre.
Aunque en la reunión se evidenció una preocupación por parte de los mecanismos
internacionales de control y verificación, también fue claro que es poca la maniobra
que tienen de actuación en los territorios afectados por el conflicto social y armado.
Esto es preocupante ya que las comunidades del Catatumbo se encuentran aisladas
y en medio de fuertes enfrentamientos entre diferentes grupos armados legales e
ilegales.
Reunión en San Pablo con personas líderes provenientes de varios
municipios y corregimientos de la región del Catatumbo:
En esta reunión las personas líderes expresaron sus preocupaciones frente a las
situaciones anteriormente descritas, pero también mostraron ejemplos de
organización y resistencia frente a la situación de riesgo y vulnerabilidad en que se
encuentran.
Día 6: Filo Gringo y El Tarra
Reunión con el presidente de la Junta de Acción Comunal de Filo Gringo, los comités
de mujeres de San Pablo, El Tarra, Filo Gringo, y el comité de jóvenes de Filo
Gringo.
En esta reunión se denunció la situación en que vive la población de San Pablo, el
Tarra y Filo Gringo respecto a la presencia de grupos armados ilegales, la
militarización del territorio y la falta de garantías y servicios por parte del Estado
colombiano.
Reunión con el presidente del Recaudo Voluntario de Convención y el alcalde y
concejales de El Tarra.
En la última jornada de la delegación en el territorio, se expusieron las dificultades
que tienen las instituciones locales y las personas líderes para garantizar los
derechos de la población y asegurar los servicios necesarios para que la población
viva plena y dignamente.
5. Conclusiones
En este apartado nos proponemos redactar una serie de conclusiones con el fin de que este
documento sirva a los objetivos de la misión y pueda ser circulado entre las organizaciones
participantes, a las instituciones pertinentes nacionales e internacionales y a la sociedad
civil europea y colombiana.
Una de las principales conclusiones a la que llegamos tras finalizar las distintas actividades
programadas y las visitas a los territorios objetivo de la misión es que el conflicto social y
armado sigue vigente en el Sur de Bolívar y Catatumbo. La no implementación de los
Acuerdos de La Habana, la ruptura de las negociaciones entre el Estado y el ELN, y ladisputa por el territorio entre diversos actores armados, legales e ilegales, sitúan a quienes
habitan en estos lugares bajo un nivel de alerta altísimo en cuanto a la afectación sus
derechos fundamentales.
Consideramos que el estado tiene la responsabilidad última en la situación que se vive en
las zonas que hemos visitado. El estado no ha abordado a través de políticas públicas las
causas estructurales que mantienen a la población sin la posibilidad de garantía de sus
necesidades más básicas y ejercicio de sus derechos fundamentales.
Y no solo el estado no ha asumido esta responsabilidad, si no que entiende que es tarea
de las fuerzas de seguridad jugar un rol protagonista en la llegada de la institucionalidad a
las zonas visitadas. La actividad de actores armados ilegales ha servido de justificación
para la militarización de los territorios objetivo de esta misión. En este sentido, en las
reuniones mantenidas con la institucionalidad ninguno de sus representantes ha hecho
mención alguna a la reactivación del paramilitarismo como uno de los actores ilegales que
están reconfigurando la disputa por el control del territorio y sus recursos económicos.
Esta militarización está afectando gravemente a las poblaciones. Más allá de la afectación
directa de la violencia a la población producto de los combates entre ejército y policía, de
un lado, e insurgencia del ELN, disidencias de las FARC y EPL, de otro lado, existe una
preocupación de esta misión internacional por el hecho de que las actividades vitales y
económicas de la población de estas zonas sea considerada por el estado como parte de
la actividad delictiva de actores ilegales. Esta estigmatización es el paso previo para
justificar actitudes que claramente entran en colisión con el DIH y los DDHH. Actitudes que
van desde la ocupación de los espacios públicos y privados de los corregimientos para
operativos militares, detenciones arbitrarias, hostigamiento a quien lidera los procesos
sociales, operaciones de castigo colectivo, operaciones de inteligencia que ponen en
peligro la vida de la población, entre otras cuestiones.
Esta estigmatización es una de las causas que dificulta la labor de las dirigencias de las
organizaciones sociales. Pareciera que la actividad de las personas que ejercen el liderazgo
social sea lo que las convierte en objetivo para los actores legales e ilegales. Preocupa
especialmente que el estado no reconozca su la labor social y que impulse mecanismos
legales para su desactivación e ilegalización. Como consecuencia de ello las distintas
organizaciones sociales han manifestado toda una estrategia de persecución por parte de
la Fiscalía General de la Nación que respondería al objetivo de neutralizar su labor y
encarcelar a quien les lidera.
La paralización u obstrucción de las investigaciones dentro del marco de verdad, justicia,
reparación y garantía de no repetición son alarmantes. La impunidad de los casos
pendientes de ser investigados y resueltos en materia de ejecuciones extrajudiciales y
desapariciones forzosas son un auténtico calvario para las familias afectadas. De igual
modo, se siguen reportando situaciones relacionadas con estos asuntos a lo largo de este
año. Es decir, ya no hablamos de casos pendientes de resolver de años atrás, si no que
durante estos dos últimos años se tiene constancia de numerosos casos de crímenes
relacionados con la actividad de actores legales e ilegales en la región que ha sido visitada.
Este grado de afectación no siempre se manifiesta de la misma manera hacia todas las
personas residentes en la región. Es necesario destacar la especial incidencia negativa
hacia las mujeres y niñas de toda esta grave situación. El impacto de la militarización y elabandono del estado se hace aún más evidente en la vulneración de los derechos de las
mujeres y niñas. Se constata una situación injustificable de todo tipo de violencias hacia las
mujeres por parte de actores legales e ilegales. Esta violencia se ensaña en aquellos
lugares que padecen la ya citada militarización. Supone una especial preocupación el
ejercicio de violencia sexual hacia las mujeres en situaciones de mayor indefensión, esto
es, las que se encuentran en las zonas de disputa por el control del territorio y las que
pertenecen a colectivos migrantes que provienen de Venezuela. De igual modo, las mujeres
son las que están más excluidas de los procesos de participación en la toma de decisiones
en los espacios públicos y del acceso y control a los beneficios económicos disponibles en
la región.
La explotación del territorio por la actividad económica de grandes empresas con capital
nacional e internacional, entre las que destacan empresas de la agroindustria,
corporaciones extractivistas y compañías de hidrocarburos, está lejos de ir reduciéndose,
más bien se está expandiendo, produciendo un gran impacto medioambiental y una gran
afectación a las economías locales.
En definitiva, podemos concluir que las condiciones de vida y los derechos fundamentales
de quienes habitan las regiones visitadas, están muy deteriorados, especialmente en el
caso de las mujeres y niñas. Esta profundización de la pésima situación que arrastran
históricamente las comunidades visitadas está relacionada con la falta de voluntad política
para impulsar políticas públicas por parte del estado, la militarización del territorio, la
estigmatización de los procesos sociales comunitarios y la disputa de los recursos
económicos disponibles por los distintos actores armados y grandes corporaciones
económicas.
6. Recomendaciones
Como consecuencia de las labores realizadas y de las reuniones mantenidas proponemos
una serie de recomendaciones que consideramos han de ser dirigidas hacia el estado,
comunidad internacional y movimiento social.
a) Al estado colombiano
El estado ha de velar por la protección de todas las personas que habitan estos
territorios, especialmente las más vulnerables, e impulsar políticas públicas que
tengan como objetivo final garantizarles una vida digna y el ejercicio efectivo de sus
derechos fundamentales.
Que facilite y proteja la actividad social y económica de la población y de las
organizaciones sociales que operan en el territorio. Para ello, debe establecer un
procedimiento claro y efectivo para la legalización de tierras y empresas de
economía local.
Que proteja y no persiga la actividad de quienes lideran las organizaciones sociales
y de quienes los acompañan jurídicamente en sus luchas históricas por la
permanencia en el territorio. Es necesaria la puesta en marcha un plan nacional para
la protección de hombres y mujeres que lideran los procesos sociales en las
diferentes regiones.
Que no se contemple la militarización como estrategia de pacificación.
Consideramos que abordar las causas estructurales de la desigualdad, la
implementación de los Acuerdos de La Habana y la salida negociada al conflicto
armado con el ELN es la mejor estrategia para alcanzar una paz real y duradera.
Que se impulsen campañas públicas encaminadas a poner en valor la actividad
social de líderes comunitarios como paso previo a acabar con su estigmatización.
Que se ponga en marcha un plan regional para garantizar las necesidades básicas
y los derechos fundamentales de la población desde la perspectiva del enfoque de
derechos y diferencial.
Que las alertas tempranas incorporen enfoques diferenciales, que tengan un mayor
seguimiento y que no puedan ser consideradas por parte de la Fiscalía General de
la Nación como un instrumento para la judicialización de integrantes de las
organizaciones sociales.
Que desde las instituciones del estado se diseñe e implemente planes de
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y que se les permita una
presencia permanente y continua en los sistemas de seguimiento respecto a las
amenazas y riesgos.
Que se reconozca la existencia de presencia paramilitar y se desarrolle una
investigación al respecto para aclarar cómo se financian y qué tipo de relación tienen
con sector empresarial e institucional que opera en la región.
Que la fuerza pública no use como parte de sus operativos los bienes de uso público
y privado de las personas que habitan la región.
Que la fuerza pública no sitúe la actividad militar y/o policial por encima del respeto
de los DDHH y del DIH en las comunidades.
Que se establezcan planes de formación permanente, de carácter independiente e
internacional en materia de DDHH y DIH a las personas que integran las fuerzas y
cuerpos de seguridad del estado.
Que se establezca mecanismos rigurosos para garantizar el cese de la impunidad
en la acción de la fuerza pública, la investigación de crímenes cometidos por los
actores armados legales e ilegales y el buen desarrollo de medidas relacionadas
con la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Garantizar el efectivo funcionamiento en términos de investigación de violaciones
de DDHH de la Defensoría del Pueblo y su imparcialidad e independencia.
Que se implementen mecanismos eficaces de acceso a la justicia por parte de las
comunidades, con especial situación a los casos que inciden en las diferentes
violencias hacia mujeres y niñas.
Que se diseñen planes específicos a la atención en materia de DDHH y DIH a la
población en tránsito desde Venezuela, con especial énfasis en lo relativo a la trata
de personas y la explotación sexual de mujeres y niñas.
Que las distintas instituciones estales cumplan escrupulosamente las
recomendaciones que llegan de los Comités de Naciones Unidas (NNUU).
Que se establezcan planes de desarrollo local que vayan encaminados a la
sustitución de los cultivos de uso ilícito y desestimar los planes de erradicación
forzosa.
Que se garantice los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
(DESCA) en las comunidades a través de los planes de desarrollo con enfoque
territorial. Estos planes deberán contar con su correspondiente enfoque de género
y diferencial, presupuesto y hoja de implementación. Se habrá de reflejar de manera
clara el enfoque de género, teniendo en cuenta el cruce de discriminaciones y el
carácter interseccional que sufren las mujeres en su acceso efectivo a los derechos,
al mismo tiempo que se ponga en valor el papel de las mujeres en el desarrollo de
sus comunidades.
Que se dé efectivo cumplimiento con indicadores de evaluación al Plan Nacional de
Empresas y DDHH.
Que se entienda que la labor de las organizaciones sociales comunitarias es un
indicador de salud democrática y no una amenaza para las instituciones del estado.
b) A la comunidad internacional que conozca y visibilice por las agencias internacionales que en estos
momentos la región objetivo de esta misión está en situación de conflicto armado.
Que se incida para que el gobierno colombiano implemente de manera efectiva los
Acuerdos de La Habana y que impulse la negociación para una salida negociada al
con el ELN.
Que los estados garantes del proceso de paz supervisen la efectividad de su
imptación tomando como fuente de verificación, entre otras, a la sociedad civil
y organizaciones de DDHH.
Que se incida en el estado colombiano para que desmilitarice la zona y cumpla con
los compromisos establecidos en el DIH.
Que se incida en el estado para que proteja y facilite la labor de las organizaciones
sociales.
Que Colombia sea considerado país prioritario de la cooperación internacional para
fortalecer las alternativas de construcción de paz, con un especial interés en las que
se proponen para minimizar los impactos del conflicto en la vida de las mujeres y
las niñas.
Que los planes de cooperación estén diseñados para atender las causas profundas
de la desigualdad y la opresión que viven las comunidades en la región.
Que se establezcan mecanismos de seguimiento a la situación de quienes ejercen
el liderazgo social.
Que se incida y, en su caso, se exija que las grandes corporaciones empresariales
respeten en su actividad los derechos fundamentales de la población y la protección
de ecosistemas.
Que se establezcan mecanismos internacionales de protección a juristas y personas
defensoras de DDHH encargados de las causas judiciales que afectan a las
organizaciones sociales.
Que se explore la posibilidad de denuncia de la situación de amenaza del liderazgo
social ante los mecanismos convencionales y extra convencionales de la NNUU.
Que se eleve la atención y seguimiento de la fiscalía del Tribunal Penal Internacional
a la investigación del caso Colombia.
Que lleve a cabo un seguimiento internacional de los mecanismos de verdad,
justicia, reparación y no repetición de los Acuerdos de La Habana.

Que se materialicen exigencias de responsabilidades y diligencia debida de los
estados donde radican las empresas matrices que operan en Colombia.
Que se apoyen los procesos comunitarios de construcción de paz y todas aquellas
propuestas locales encaminadas a la lucha contra la desigualdad y opresión hacia
las mujeres.
Que se apoyen los procesos colectivos de protección generados desde las propias
comunidades para evitar la estigmatización y señalamiento de quien ostenta el
liderazgo social.
Reforzar el acompañamiento a los procesos organizativos de las comunidades por
parte de los entes de protección internacionales.
c) A la sociedad civil organizada y movimientos sociales
Creación de espacios colectivos y herramientas colaborativas que permitan
establecer/fortalecer redes de defensoras de DDHH a nivel nacional y el intercambio
de experiencias, la mejora de capacidades y recursos, estrategias de litigación,
esquemas de seguridad, entre otros.
Potenciar los diálogos regionales encaminados a fortalecer la presencia en el
territorio, a la formación de cuadros y a la incorporación de la mujer a los espacios
de toma de decisiones.
Potenciar las juntas de acción comunal como mecanismo de autoprotección de las
comunidades.
Establecer circuitos de comercialización entre los procesos sociales de la región
bajo el enfoque de la economía local solidaria con el fin de garantizar una parte
importante de sus necesidades básicas.
Explorar la senda de la permanencia en el territorio mediante el uso colectivo de la
tierra.
Establecer mecanismos de autoprotección colectiva.
Valorar la posibilidad de presentar litigio estratégico ante el sistema interamericano
por las violaciones de DDHH.
Denunciar colectivamente ante los correspondientes comités de NNUU, y al Tribunal
Penal Internacional si se diera el caso, la situación de afectación de las personas
que ejercen el liderazgo de las organizaciones sociales.
Todo este conjunto de conclusiones y recomendaciones de manera breve fueron
socializadas en Bogotá durante los días 23 y 24 de septiembre con la Oficina Técnica de
Cooperación y con la embajada de España, con distintas representantes de movimientos
sociales colombianos y con representantes del Congreso de la Republica de Colombia.
En Bogotá a, 30 de septiembre del 2019