Territorio en disputa

Paul Salgado
Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (RedHer)
13 de marzo de 2019

La selva en llamas, las explosiones de bombas de gas cilíndricas, la tierra quemada y los helicópteros militares y los disparos nocturnos aterrorizan a el  Aserrio, un pueblo pequeño en el lado de las aguas rocosas del río Catatumbo en el Norte de Santander.
Miedo, desplazamientos, y un toque de queda marca las vidas de las familias de este pueblo, y también de San Pablo, más arriba en el cañón del río, a menos de 100 kilómetros de la frontera con Venezuela.
Sobrecogidos por las plantaciones de coca y las interminables confrontaciones entre los guerrilleros del ELN y el ejército colombiano, las vidas inciertas y precarias de los campesinos del Catatumbo desmienten las afirmaciones de los medios de comunicación de que Colombia ha logrado la paz.
‘Para los medios de comunicación no pasa nada aquí. Los periodistas dicen que nuestro territorio está militarizado, pero nunca dicen por qué, o hablan de cómo se ve afectada la gente,’ relató un líder de la Junta de Acción Comunal en una reunión de campesinos convocada por investigadores del Equipo Jurídico Pueblos, acompañada por observadores internacionales de RedHer en el Aserrio.

El día anterior, los insurgentes del ELN habían intentado atacar a los militares en las montañas sobre este pueblo, lanzando bombas utilizando cilindros de gas como morteros. El ejército respondió con morteros y granadas cuyas explosiones aterrorizaron a la gente y causaron incendios que aún estaban quemando plantaciones de coca y selva mientras los campesinos relataban la confrontación 30 horas después.
Los soldados dispararon indiscriminadamente durante horas, golpeando casas en Aserrio con balas que atravesaron los techos frágiles de hojalata y golpearon las paredes de las habitaciones de los niños.
Una campesina mostró a los investigadores el vídeo que tomó en su celular, una película que recuerda a las grabadas por los civiles atrapados en sus hogares en la primera línea de la guerra civil en Siria.
El terror golpeó a los niños acurrucados por una cama cubierta de peluches, mientras que increíblemente fuertes ráfagas de fuego de rifle automático y explosiones de granadas sacudieron las ventanas de su habitación.
‘La gente estaba desesperada por los disparos,’ ella relató, ‘hubo pánico, los niños muy asustados.’
Otros campesinos organizados en el Comité para la Integración Social en el Catatumbo (CISCA), informaron cómo las fuerzas de seguridad de la empresa petrolera estatal colombiana, Ecopetrol, acompañados por soldados, patrullan sus tierras para hacer cumplir, en efecto, un toque de queda de estilo marcial.

‘Ellos declaran que nadie puede moverse durante la noche o que serán fusilados, porque según ellos, “los que están afuera en la noche son guerrilleros”,’ dijo un hombre.

‘Nos preocupa que nos maten un muchacho de la vereda y lo pasen como guerrillero, sabemos que vivimos en una zona difícil, pero no somos guerrilleros y de eso nos tildan, y por eso vivimos las consecuencias de la guerra, los abusos de la fuerza pública,’ dijo.

Los líderes del CISCA describieron cómo Ecopetrol explotó la riqueza petrolera de su territorio pero no contribuyó al desarrollo de  la comunidad.

‘La presencia militar y el dinero para proteger a ellos son excesivos, pero Ecopetrol nunca está interesada en nosotros, no se molesta en capacitar la gente de aquí y nunca emplea a trabajadores de aquí,’ explicó un hombre.

Los líderes del Congreso de los Pueblos en San Pablo confirmaron las afirmaciones de sus compañeros del CISCA. ‘En el Catatumbo hay un soldado por cada 100 campesinos, pero solo un médico por cada 6.000 personas. Los militares tratan este territorio como si lo estuvieran ocupando, y como si todos los que estamos aquí son el enemigo,’ comentó un hombre.

Las campesinas que se refugiaron en San Pablo luego de ser desplazadas de sus tierras informaron cómo los soldados habían ocupado su finca. ‘Había combates y estaban pasando las balas y las explosiones cerca de la casa, el helicóptero llega y comienza a hacer ráfagas de disparos y esto nos preocupa porque pueden caer en la casa. No teníamos más remedio que irnos, y ahora hemos perdido nuestra cosecha.’

La evidencia proporcionada a los investigadores del EJP y a los observadores internacionales de RedHer en  el Aserrio, San Pablo y también  El Tarra, donde más de 100 campesinos han sido desplazados por el aumento de las incursiones militares y las ocupaciones de fincas, contradice la afirmación del gobierno de que no hay conflicto en Colombia.

‘Se están produciendo olas de desplazamientos masivos debido a amenazas de muerte, hostigamiento y enfrentamientos,’ declaró el abogado del EJP Rommel Durán Castellano, ‘y estas prácticas se derivan de la aplicación por parte de los militares de una doctrina del enemigo interno, que trasciende los motivos del conflicto armado con los guerrilleros.’

‘Las comunidades del Catatumbo son vistas por los militares como adversarios u oponentes del estado,’ enfatizó Castellano, ‘y el aumento en casos de detención arbitraria, la estigmatización y la presión crean un ambiente de angustia y ansiedad para la gente.’

Artículo en inglés:

Territories in dispute

Paul Salgado
Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (RedHer)
13 March 2019

The jungle in flames, explosions of cylindrical gas bombs, scorched earth and military helicopters and shootings throughout the night terrorise Aserrio, a small town on the edge of the rocky waters of the Catatumbo river in Colombia’s Norte de Santander state.
Fear, displacement, and a curfew mark the lives of the families of this town, and also of San Pablo, further upstream in the river canyon, less than 100 kilometers from the frontier with Venezuela.
Overshadowed by coca plantations and endless confrontations between ELN guerrillas and the Colombian military, the uncertain and precarious lives of the campesinos of the Catatumbo give the lie to mass media’s claims that Colombia has achieved peace.
‘For the media nothing happens here. Journalists say that our territory is militarized, but they never say why, or talk about how the people are affected,’ recounted a Junta de Acción Comunal leader in a meeting of campesinos convoked by Equipo Jurídico Pueblos (EJP) investigators, accompanied by Red de Solidaridad international observers in Aserrio.
The day before, ELN insurgents had attempted to attack the military in the mountains above this pueblo, launching bombs using gas cylinders as mortars. The army responded with mortars and grenades whose explosions terrified the people and caused fires that were still burning coca plantations and the jungle as the campesinos recounted the confrontation 30 hours later.
Soldiers fired indiscriminately for hours, hitting houses in Aserrio with bullets that tore through fragile tin roofs and thudded into the walls of children’s bedrooms.
One peasant worker showed the investigators the video she took on her phone, a film reminiscent of those recorded by civilians caught in their homes on the frontline in the Syrian civil war.
Terror struck children cowered by a bed covered with cuddly toys, while incredibly loud bursts of automatic rifle fire and grenade explosions rattled the windows of their bedroom.
‘The gunfire was making people desperate,’ she related, ‘the children were in panic, very scared.’
Other peasant workers organised in the campesino organisation, the Committe for Social Integration in the Catatumbo (CISCA), reported how security forces from the Colombian state oil corporation, Ecopetrol, accompanied by soldiers, patrol their land to enforce, in effect, a martial law style curfew.

‘They declare that noone can move during the night or they will be shot, because according to them, ‘those who are out at night are guerrillas’,’ one man said.

‘We are afraid that they might kill someone in our community and claim that he is a guerrilla, but even though this is a difficult area and we suffer the abuses of the military, we are not guerrillas,’ he insisted.

CISCA activists described how Ecopetrol exploited the oil wealth of their territory but failed to contribute to the community.

‘The military presence and the money to protect them is excessive, but the corporation is never interested in us, it doesn’t bother to offer apprenticeships to locals and never employs workers from here,’ one man explained.

Congreso de los Pueblos activists in San Pablo affirmed the assertions of their comrades in CISCA. ‘In the Catatumbo there is a soldier for every 100 campesinos, but just one medic for every 6000 people. The military treat this territory as though they are occupying it, and as though everyone here is the enemy,’ one man commented.

Campesinas taking refuge in San Pablo after being displaced from their land reported how soldiers had occupied their finca. ‘There were battles, bullets and explosions near the house. A military helicopter came and soldiers started firing. We had no choice but to leave, and now we have lost our harvest.’

The evidence provided to the EJP investigators and Red international observers in Aserrio, San Pablo, and also in El Tarra, where more than 100 campesinos have been displaced by increased military incursions and occupations of fincas, expose the government’s claim that there is no conflict in Colombia.

‘Waves of mass displacements are taking place due to death threats, harassment and confrontations,’ EJP lawyer Rommel Durán Castellano stated, ‘and these practices derive from the military’s application of a doctrine of the internal enemy, which transcends the motives of the armed conflict with the guerrillas.’

‘The communities of the Catatumbo are seen by the military as adversaries or opponents of the state,’ Castellano emphasised, ‘and the increase in arbitrary detention, stigmatisation and pressure create an environment of anguish and anxiety for the people.’