COPINH interpone recusación ante incompetencia del tribunal en el caso Berta Cáceres

17 sep CI. – El día de hoy en Tegucigalpa, la capital de Honduras, se inicia el juicio de los ocho acusados como autores materiales en el asesinato de Berta Cáceres y atentado contra la vida del compañero mexicano Gustavo Castro el 2 de marzo 2016.

Justo antes del inicio del juicio, la familia de Berta Cáceres, los integrantes de su organización, el -Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras- COPINH, junto al equipo jurídico del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia -MADJ- se interpuso una recusación al tribunal de sentencia. En un comunicado comentan que esto “significa que rechazamos su accionar y su aptitud para conocer este caso y solicitamos que sean reemplazados por un tribunal que garantice las condiciones para encontrar justicia en este proceso.”

Explican que la recusación es porque “el tribunal de sentencia que conoce el caso ha fallado en garantizar nuestros derechos como víctimas e incluso los derechos de los imputados, demostrando una parcialidad constitutiva de delito, por el encubrimiento del Ministerio Público en el ocultamiento de información y por consiguiente de la verdad.”

El caso

Berta Cáceres fue coordinadora general del COPINH y estaba liderando una resistencia fuerte junto con la comunidad de Río Blanco contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca cuando se dio su asesinato.

Desde que el COPINH y la comunidad de Río Blanco empezaron a resistir la imposición del hidroeléctrico sobre el sagrado Río Gualcarque, la empresa Desarrollos Energéticos S.A. -DESA-empezó una campaña sistemática de desintegración comunitaria, desprestigio al COPINH y a sus líderes como Berta, amenazas, judicialización, represión con fuerzas estatales, privadas y paramilitares de las manifestaciones y acciones de la organización (en una manifestación en julio 2013 el ejército disparó contra miembros del COPINH y causó la muerte de Tomás García) y finalmente en asesinatos.

Esa campaña violenta contra el COPINH tuvo el objetivo de parar su resistencia al proyecto Agua Zarca para que pudieran seguir en su construcción ya que el proyecto era uno de alta importancia que representaba muchos intereses al nivel nacional e internacional. El proyecto tenía financiamiento de bancos, empresas e instituciones como el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco de Desarrollo Holandés -FMO-, FinnFund, la empresa china Sinohydro, Banco Ficensa, Grupo Financiero Ficohsa, el Banco Mundial, y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID-.

Ahora, en 2016 cuando asesinan a Berta, debido al compromiso al internacionalismo de COPINH y la importancia que dio el COPINH a la incidencia internacional, el asesinato provocó una ola de denuncia y movilización al nivel nacional y mundial.

Esa presión hizo que el gobierno hondureño tuviera que responder al hecho y tomar acciones contundentes para mostrar su seriedad sobre el asunto, ya que con la mayoría de asesinatos de líderes en Honduras los autores del crimen continúan en la impunidad, mientras las familias de las victimas llevan años denunciando y exigiendo justicia. En eso se da la captura de ocho personas involucradas en el asesinato de Berta y el atentado a la vida de Gustavo Castro.

En este grupo de ocho personas que irán al juicio hoy, se encuentran exmilitares, miembros de seguridad privada de la empresa DESA, el gerente ambiental y de comunicaciones de DESA y sicarios, todos implicados sobre todo en la autoría material del asesinato.

El COPINH ha denunciado que, en los dos años y medio desde el asesinato de Berta, el gobierno de Honduras en vez de apoyar las víctimas y la organización afectada ha jugado un papel de proteger los grandes responsables, los autores intelectuales en el caso.

Por ejemplo, poco después del asesinato rechazó el pedido del Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- de realizar una investigación independiente, ha impedido el acceso a las pruebas al equipo legal de las víctimas y del COPINH, ni siquiera hoy tienen acceso a todas las pruebas necesarias en el caso, negó al COPINH la condición de víctima formal en el caso que niega la posibilidad de representación legal del COPINH pero también demuestra la actitud del gobierno frente el caso: despolitizar y descontextualizar el asesinato de Berta.

Por ende, el COPINH sigue denunciando la complicidad de la empresa DESA, el gobierno de Honduras, los bancos internacionales y miembros de las familias poderosas de Honduras en el asesinato y también en impedir la justicia en el caso.

Hace unas semanas el COPINH lanzó una campaña #DESACulpable para destacar el papel de la empresa y de altos funcionarios de la empresa en la campaña violenta contra Berta y el COPINH que terminó en el asesinato de la compañera Berta Cáceres.

Hoy empieza otra etapa en una lucha por la justicia para Berta Cáceres. El COPINH hace llamados a la solidaridad nacional e internacional para que el proceso de justicia no termina hasta que los autores intelectuales, los grandes capitalistas y poderosos también lleguen al juicio y castigo. Luchar por justicia para Berta es luchar para que la clase elite transnacional no pueda seguir usando el asesinato selectivo de líderes y lideresas para avanzar con sus proyectos extractivistas que atentan contra las comunidades.