Víctimas de un círculo vicioso en Yopal, Casanare

17 ago CI. – Mujeres, hombres, adultos, ancianos, niñas, niños, personas con algún tipo de discapacidad, comunidades afro, indígenas, madres cabeza de hogar; todas y todos en un círculo vicioso, de la desigualdad al desplazamiento, del desplazamiento a la ocupación, y de la ocupación al desplazamiento: la realidad de los asentamientos humanos.

Son desplazadas y desplazados por el conflicto -no sólo armado-, conflicto por la falta de oportunidades, por la desigualdad, por el abandono estatal, por los índices de extrema pobreza.

Y llegan a otro sitio, a experimentar una situación para nada diferente.Según la Organización de las Naciones Unidas -ONU- Colombia es el tercer país más desigual del mundo, apenas superado por Haití y Angola, y el segundo más desigual de la región en la distribución del ingreso.

Asentamiento Humano Ciudadela “La Bendición” en Yopal, Casanare

776 familias, un aproximado de 20.000 personas viven en el Asentamiento Humano Ciudadela “La Bendición”, ubicado en la vereda San Rafael, sector conocido como El Copey, Los Manantiales y los Claveles de Yopal, un sitio donde más de 4.000 viviendas se estaban construyendo de manera ilegal por el ex alcalde del municipio John Jairo Torres Torres “John Calzones” como es reconocido por los pobladores del lugar. Quien enfrenta un proceso penal por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por el que ya estuvo privado de la libertad durante un año, y a quien el año pasado la Corte Suprema le ratificó la condena de 24 meses de prisión por urbanización ilegal.

Lo anterior se debe a que en 2014 empezó con la construcción de estas viviendas, en un sitio que desde 2012 estaba en extinción de dominio, ya que los propietarios de dicho predio, el empresario Jairo Enrique Pérez y su hermano Néstor Leonardo Pérez Barreto, dueño del terreno desde 2010, serían testaferros del narcotraficante Germán Sánchez Rey, alias ‘Coletas’.

Estos terrenos fueron ocupados por vías de hecho hace aproximadamente dos años y medio por personas víctimas de las consecuencias de un sistema político, económico y social desigual.

Y pensaron que con la ocupación alzarían más fuerte la voz para exigir sus derechos, pero lo que ocasionó fue que se convirtieran en objeto de constantes amenazas. Según Marly García Castillo, Presidenta de la Asociación Unidos Por Una Vivienda Digna -Asporavig- cada 3 u 8 días reciben amenazas enviadas por parte de “John Calzones”.

García comentó además que la han llamado directamente a su teléfono afirmando que “van a mandar a los ancianos para un ancianato, a los niños al bienestar familiar y al resto los sacan a la fuerza”.

El lugar en donde viven tampoco hace las cosas más fáciles. Las habitaciones son precarias, los pisos son de tierra, inundados porque en época de lluvias, los techos de plásticos no aguantan.

No hay alcantarillado ni agua potable. Los pozos sépticos están contaminados con material fecal, tampoco hay escuelas ni oportunidades para acceder a la Salud. Se han presentado 2 muertes en menores por el virus pandémico AH1N1. La comunidad ha intentado reunirse con el Alcalde, pero este no ha dado nunca respuesta a las solicitudes. Han sido violentados por el ESMAD y la Policía Nacional.

Para Bernando Gómez, habitante del asentamiento “el Gobierno se ha olvidado hasta de las personas con discapacidad y ha desprotegido a los niños”, pues según su relato, en un contexto como el que viven, es muy fácil que los niños sean atraídos por bandas delincuenciales.

En las zonas conocidas como La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -Ptar-, La Laguna, La Libertad, La Victoria, Mi Nueva Esperanza, habitan más de 400 familias en una situación similar, donde no sólo el estado sino la sociedad en general tiene una deuda enorme, pues sus problemáticas han sido invisibilizadas, porque muy pocos se preguntan a dónde van a parar los desplazados de las diferentes guerras que se presentan a diario en Colombia.

En Casanare existen múltiples problemáticas que ocasionan estos desplazamientos, entre las que se destacan los daños ambientales ocasionados por las arroceras, quienes fumigan con avionetas cultivos extensos, y secan ríos construyendo grandes bocatomas, y los cultivos de palma de aceite, refugio económico de grandes terratenientes paramilitares.

Sin embargo y pese a estos obstáculos, la ciudadanía poco a poco va entendiendo la importancia de la unidad y la organización, haciendo asambleas y decidiendo en conjunto, teniendo buena representatividad de las mujeres, como Marly García, quien ha logrado interlocutar con entidades como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación para que se les garantice la seguridad a líderes y lideresas que trabajen por sus comunidades.

Por esta razón, García apoyó la iniciativa de La Caravana por la vida y el territorio de los pueblos del centro oriente de Colombia y afirmó que “hasta el momento han sido las únicas personas que de verdad se han preocupado por nosotros y que nos han apoyado a visibilizar nuestras problemáticas”.