La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular exige al gobierno nacional garantías e implementación de los acuerdos.

19 de septiembre 2017.

Transcurridos 14 meses desde la firma de acuerdos parciales, en Santander de
Quilichao, entre el gobierno nacional y la Cumbre Agraria en materia de tierras y
territorios, economía propia, política minero-energética, garantías y derechos
humanos, cultivos de uso ilícito y política agraria, entre otros, en el marco de la
Minga nacional adelantada en varias regiones del país ante el incumplimiento de
otros acuerdos firmados el 13 de mayo de 2014; el gobierno de Santos insiste en
su estrategia de dilación y desgaste para generar un vacío político a la Mesa
Única Nacional (MUN), con el objetivo de incumplir lo pactado o pretender
llevarnos a un escenario de renegociación. La Cumbre Agraria ha sido enfática al
plantearle al gobierno nacional que no renegociaremos, debe implementarse
inmediatamente lo pactado, y es inaplazable retomar la negociación del Pliego de
ocho puntos.
Estos compromisos fueron adquiridos por el gobierno nacional antes de la firma de
los Acuerdos de la Habana. Su incumplimiento, sumado al incumplimiento de los
acuerdos con otros sectores sociales, con las FARC y la agenda pactada con el
ELN, envía un pésimo mensaje al país y al movimiento social. Es evidente, que el
único propósito del gobierno es firmar acuerdos para lograr la desmovilización
popular y de la insurgencia, al tiempo que profundiza la implementación del
modelo agroexportador y extractivista neoliberal. En consecuencia, las
comunidades campesinas, afros, indígenas y populares nuevamente nos
movilizaremos y convocaremos a otros sectores sociales, para exigir el
cumplimiento de los acuerdos pactados en diferentes Mesas de negociación de los
conflictos sociales.
La ausencia de garantías y la violencia sistemática en contra de líderes sociales y
defensores de derechos humanos, constituye una gran preocupación para la
Cumbre Agraria. En el periodo comprendido entre el 2016 y lo transcurrido del
2017, se han registrado 248 asesinatos de líderes sociales y defensores de
derechos humanos. También nos preocupa, que pese a las garantías de
seguridad y protección pactadas entre el gobierno nacional y las FARC, desde
abril de 2017 a la fecha hayan sido asesinados 17 integrantes de esta
organización en proceso de reincorporación y 11 de sus familiares.
Si bien, la Fiscalía General de la Nación ha iniciado investigaciones y producido
capturas, estas se han limitado a los autores materiales con nulos resultados
respecto de los autores intelectuales. La persecución judicial al movimiento socialy sus dirigentes, sustentada en montajes probatorios y gerenciada por funcionarios
cuestionados penalmente, ha sido la característica vergonzosa en los últimos
tiempos. Por su parte, el gobierno nacional niega la existencia del paramilitarismo
y la sistematicidad en estas graves violaciones a los derechos humanos, a pesar
de la abundante documentación presentada por diferentes organizaciones e
instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluida
Naciones Unidas, que evidencia tales situaciones. Las organizaciones sociales y
defensoras de derechos humanos realizaremos veeduría autónoma, y
continuaremos denunciando toda agresión contra nuestros procesos e integrantes.
Rechazamos, enfáticamente, la actitud del gobierno nacional, a través del Ministro
del Interior, de pretender invisibilizar la crisis humanitaria y de derechos humanos
que vive el país, y desconocer la existencia de la Subcomisión de Garantías y
Derechos Humanos de la Cumbre Agraria. No ha sido posible avanzar en el
cumplimiento de los acuerdos en esta materia, la agenda acordada para realizar
misiones de verificación al departamento del Chocó, el sur de Bolívar y la Bota
Caucana, así como dar cumplimiento a las recomendaciones emanadas de las ya
realizadas, ha sido saboteada sistemáticamente por parte del gobierno. Instamos,
a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a profundizar
el seguimiento a esta grave situación, y estar atentos sobre las graves violaciones
a los derechos humanos que a diario ocurren en nuestros territorios.
Exigimos, la suspensión inmediata de la erradicación forzada y la fumigación
aérea de cultivos de coca, que va en contravía de los acuerdos con la Cumbre
Agraria para buscar una sustitución social de los mismos de manera participativa,
concertada y garantizando planes y programas dirigidos a reconstruir las
economías propias de las comunidades, destruidas por la imposición de políticas
funcionales al modelo extractivista y agroexportador.
Reconocemos que los acuerdos logrados entre las FARC y el gobierno nacional,
así como el cese al fuego bilateral alcanzado con el Ejército de Liberación
Nacional ELN, son avances importantes en la construcción de la paz para
Colombia, sin embargo es necesario brindar garantías reales para el ejercicio de la
organización y la movilización.
Consideramos fundamental la participación directa y vinculante de la sociedad,
especialmente del movimiento popular, en la implementación normativa y el
desarrollo de lo acordado en La Habana, así como en los diálogos con el ELN
para avanzar hacia una paz con justicia social y ambiental, estable y duradera. Un
paso, en tal sentido, debe darlo el gobierno cumpliéndole al movimiento social y a
las insurgencias. Si no lo hace, no le queda otro camino al pueblo colombiano que
continuar resistiendo, movilizándose y haciendo uso del legítimo derecho a
rebelarse.Por último, exigimos la realización de la reunión acordada, aplazada
injustificadamente en varias oportunidades por el gobierno, con el Ministro del
Interior Guillermo Rivera, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de
Protección, la Unidad de Víctimas y el Alto Comisionado para la Paz, por parte del
gobierno nacional, y las Vocerías políticas y la Subcomisión de Garantías y
Derechos Humanos, por parte de la Cumbre Agraria; para abordar el punto de
participación en el proceso de paz, y definir la ruta de cumplimiento de los
acuerdos en materia de garantías y derechos humanos, temas que no pudieron
ser tratados en la última sesión de la MUN ante la maniobra del gobierno para
eludir su debate a fondo.
SEMBRAMOS ESPERANZA… COSECHAMOS PAÍS