El pasado 16 de julio los gremios camioneros ajustaron 40 días en paro por las carreteras de Colombia. Algunas de las razones refieren a temas como el precio de los fletes de carga, los combustibles, el alto costo en los peajes, el sistema de chatarrización de los automotores de carga y el monopolio de una multinacional de carga como Impala, entre otros. Pese a que durante el gobierno de Santos se han hecho acuerdos para solucionar los problemas, otra de las razones de este nuevo paro es el incumplimiento de los mismos, según manifiestan los camioneros.
Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera. Así es como se nombra esta jornada de movilización que adelantan desde el pasado 6 de junio los camioneros de Colombia, e integrantes en su mayoría de la Asociación Colombiana de Camioneros -ACC-, la Confederación Colombiana de Transportadores -CCT-, la Asociación Nacional de Transportadores de Carga -ANT- y la Asociación de Transportadores de Carga -ATC-. El objetivo primordial de este colectivo es defender los acuerdos pactados luego del paro del 2013, y paros anteriores, y que se reconozca que el gremio camionero viene desempeñando sus actividades a pérdida.
Lastimosamente y como quedó evidenciado en La Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, el Estado colombiano está acostumbrado a incumplir su palabra. A los camioneros tampoco les ha cumplido, salvo el acuerdo temporal del congelamiento por tres meses en el precio de los combustibles. Y como no fue tampoco excepcional con La Minga, el aparato militar del Estado apareció agravando con desmanes la protesta camionera, causando víctimas, heridos y judicializados, como ocurrió en Duitama – Boyacá con el asesinato a manos del ESMAD de Luis Orlando Saiz, pintor de camiones. O con las constantes amenazas que van desde el decomiso de los camiones, suspensiones de licencias de conducción, multas millonarias y hasta de extinción de dominio.
John Jairo Henao laboró en el sector camionero hasta casi finales del 2014. Para él, las razones del paro camionero actual son verdaderas, tanto en el no cumplimiento de los acuerdos de anteriores paros por parte del Gobierno, como en la falta de atención integral a las exigencias justas por y para el bienestar de ese sector. Henao ejemplifica la situación así: El costo total de los peajes, por ejemplo, en la ruta Medellín-Ipiales asciende a $600.000 y muchas veces hasta más; y no los reconoce en su totalidad el operador de carga y la mayoría de ocasiones es íntegramente asumido por el conductor, y a esto se suma el bajo costo de los fletes, el precio altísimo del combustible, el anticipo del costo de la carga por parte de las empresas operadoras por debajo del real costo de la misma, entre otras cosas. Esto, en resumidas cuentas es para Henao trabajar a pérdida, por lo que considera que las soluciones a la dignificación de la profesión camionera no dan más espera, así como que también es inadmisible la entrada de 5.000 o más camiones nuevos de la multinacional Impala, a cambio de la derogación de las regulaciones legales colombianas, dado que esta sería la condena a muerte tanto a los medianos como a los pequeños camioneros que a lo largo de toda la vida han hecho patria por las carreteras colombianas.
¿Qué hay detrás del paro camionero?
Puede ser posible, o es cierto que hay un cartel de la chatarrización y que por cuenta de ello hay pequeños camioneros estafados, funcionarios del estado investigados penalmente y muchos intermediarios en medio, pero, al parecer, nadie sabe dónde están las mafias que se quedan con las grandes sumas de dinero. A la Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera le interesa la continuidad de la regulación uno a uno, es decir, entra un camión nuevo y sale el camión viejo, y se cambia el camión pero el camionero tradicional sigue trabajando. En cambio al gobierno le interesa la chatarrización total del camión viejo a precio muy bajo y al mismo tiempo la salida del camionero tradicional del negocio para dejar su trabajo en manos de multinacionales de carga, como Impala. Así que lo que se pone en juego es la seguridad y estabilidad laboral de los camioneros tradicionales.
Por su parte, la Cruzada Nacional por la Dignidad Camionera quiere que se cumplan las actuales normas legales existentes para el sector, pero el Gobierno no solo las incumple sino que desea ejecutar proyectos en pro del libre mercado para dar cumplimiento con los Tratados de Libre Comercio firmados, y con el objetivo de atraer las inversiones, pero sin consultar con ninguno de los actores del sector camionero implicados. Así mismo, la Cruzada Nacional quiere que el gobierno modifique la fórmula de cálculo con que se da el precio de los combustibles y por ende su estabilización acorde con los precios internacionales del petróleo, pero el Gobierno insiste en seguirlos encareciendo. Sucede igual con los peajes, pues cada vez son más y con tarifas incrementadas para financiar las llamadas vías de cuarta generación que en términos económicos benefician a las empresas multinacionales más que los mismos trabajadores y al pueblo en general. La Cruzada Nacional es entonces una apuesta por la vida digna sustentada en la dignificación de su labor, que es además de alto riesgo, lo que amerita pensar en el derecho a la pensión a los 20 años de servicio cumplidos.
¿Quiénes están detrás de estas contradicciones?
La clase empresarial del gremio camionero es la que se opone a las manifestaciones de los trabajadores de este sector. Allí se encuentran ASECARGA, COLFECAR, la Cámara Nacional del Transporte (CNT), y la Asociación Gremial de Transportadores (AGT). También se encuentran la ANDI, FENALCO Y ANALDEX, quienes pretenden que el paro camionero finalice sin acuerdos y como si nada ocurriera. También las grandes multinacionales, que cuanto antes quieren irrumpir en el negocio del movimiento de carga pesada, tanto por tierra como por vía férrea y fluvial; allí está la multinacional suiza IMPALA. Igualmente está el gran caudal de políticos que desean el pedazo de la torta del transporte que hoy los camioneros humildes poseen. Y por supuesto el gobierno nacional que ve como se le complica el ambiente de conflicto y la economía.
Oportunismo político y económico
En medio de estas manifestaciones, el senador Álvaro Uribe aparece en vídeos respaldando las peticiones de los camioneros. Sin embargo, cabe anotar que durante su gobierno, en 2008 y 2009, en menos de 9 meses, los camioneros salieron a las carreteras con las mismas exigencias de hoy. Para ese momento, Uribe firmó acuerdos que durante su mandato no fueron cumplidos, como acelerar el proceso de chatarrización y reducir los precios de la gasolina y el diesel. Por otro lado, como estrategias para enfrentar el actual paro, el gobierno de Santos ofrece caravanas de seguridad para los camioneros que continuaron trabajando, aunque nunca lo ha hecho así para todos, porque al parecer, está de por medio únicamente la defensa del interés económico de la clase empresarial, y no la defensa de las condiciones dignas de trabajo como derecho fundamental para todos los colombianos.
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