Casos de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ evidencia responsabilidad de la fuerza pública en crímenes de estado.
Trochando Sin Fronteras, 28 de Marzo 2016
A tempranas horas de este lunes 28 de marzo el fiscal Eduardo Montealegre firmó la medida de aseguramiento con orden de detención contra el General del Ejército Henry William Torres Escalante. Éste se entregó casi de inmediato.
El general Torres Escalante se desempeñó como comandante de la Brigada XVI -con sede en Yopal- durante los años 2005 al 2007, tiempo en que ocurrieron alrededor de 75 de las más de 190 ejecuciones extrajudiciales que se produjeron en Casanare en la primera década del siglo XXI.
Dentro de los crímenes que se le atribuyen al General se encuentra el asesinato de los campesinos Daniel Torres Arciniegas y Roque Julio Torres (padre e hijo). Éste último, siendo menor de edad, era testigo del homicidio de Fredy Alexander Sanabria y Edgar Hugo Araque, todos ellos campesinos habitantes de la vereda El Triunfo del municipio de Aguazul.
Primero se conoció del asesinato del joven Freddy Alexander Cárdenas. Semanas después el ejército ejecutó a Hugo Edgar Araque, quien fue presentado por el ejército como “dado de baja en combates”.
Roque Julio Torres, en su condición de testigo presencial del homicidio, fue amenazado por los militares, quienes le prohibieron permanecer en su finca. La amenaza se cumpliría cuando un pelotón del Ejército sacó de su casa a Roque junto a su padre, Daniel Torres, el 16 de marzo del 2007. Familiares y vecinos de las víctimas llamaron angustiados a ONGs de derechos humanos y a autoridades locales informando de los hechos; horas más tarde, el brigadier general Torres Escalante presentó a Roque Julio y a Daniel como “guerrilleros del ELN dados de baja en combate”.
Por denuncia de las comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos, la Brigada 16 y sus tropas que operan en Boyacá y Casanare están siendo investigadas por su participación en más de un centenar de asesinatos contra población civil, o mal llamados “falsos positivos”.
Roque Julio Torres
Estos hechos, incluyendo el homicidio de los 4 campesinos mencionados, fueron conocidos y condenados por el Tribunal Permante de los Pueblos realizado en julio de 2008 en Bogotá. En la sentencia ética de ese tribunal internacional resultó además implicada la empresa British Petroleum -BP-, pues los hechos ocurrieron en zona de influencia de esa petrolera y donde la función de la Brigada XVI era velar por sus intereses.
Entre los militares implicados se encuentran el ex comandante de la brigada XVI Álvaro Velandia Hurtado -relacionado con la persecución del movimiento social en 1995-. También está el coronel (r) del Ejército Nacional Juan Carlos Castañeda Villamizar, quien después se desempeñó como embajador de Colombia en Brasil[1], y estuvo involucrado por encubrir las estructuras paramilitares que desaparecieron, en menos de 5 meses, a 53 campesinos y desplazaron a más de 1000 en los municipios de Recetor y Chámeza; precisamente en esos lugares fue que, posteriormente a la ola de violencia, llegó la empresa Petrobras a implantar su maquinaria exploratoria de petróleo. Por último está el mencionado general Henrry William Torres Escalante[2] quien estaría implicado en más de 70 homicidios durante el tiempo en que se desempeñó como comandante de la brigada XVI.
Antecedentes de la violencia en Casanare
En la década de los noventa una alianza entre terratenientes, narcotraficantes -entre ellos, Víctor Carranza, Víctor Feliciano y Héctor Buitrago-, políticos, paramilitares, militares y empresas petroleras como BP[3] (hoy Equion), Perenco[4] y Petrobras configuraron una tenebrosa estrategia en defensa de sus intereses económicos. Para ello sembraron el terror y la barbarie en varios municipios de Casanare, acabando con la vida de campesinos, sindicalistas, indígenas, líderes sociales y políticos, y acabando con un histórico tejido social. Todo ello fue cubierto por un efectivo manto de impunidad que se entreteje entre los beneficiarios de esa violencia y los órganos de investigación y administración de justicia del estado colombiano.
Expectativas de justicia
Ante el suceso de hoy, esto es, la entrega del general Escalante a la Fiscalía, organizaciones de derechos humanos han manifestado la necesidad de que la acción del ente investigador no se convierta en escenario de teatro, sino que sea el inicio de un proceso verdad y de justicia en favor de las víctimas y de las comunidades que hoy siguen siendo afectadas por la imposición del extractivismo en Casanare, considerado como motor de la barbarie.
En tal sentido, a las víctimas les preocupa la posibilidad de que la investigación y el juicio contra el general resulte en manos de la justicia transicional, ya que ésta garantizaría una pena irrisoria o la impunidad para este tipo de casos. Así mismo, aún se espera que la Fiscalía General de la Nación investigue a los autores intelectuales y beneficiarios de las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que superan los varios miles de casos desde que en Casanare empezó la explotación petrolera.
Roque Julio Torres Daniel Torres Arciniegas
[1] http://www.ivancepedacastro.com/cepeda-denuncia-convenios-entre-empresas-mineras-y-batallones-militares-implicados-en-investigaciones-por-ejecuciones-extrajudiciales/
[2] http://www.eltiempo.com/politica/justicia/general-torres-escalante-no-asiste-a-indagatoria-por-falsos-positivos/16448078
[3] http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/noticias/colombiano-demanda-petrolera-britanica-bp-por-complicidad-su-secuestro
[4] http://www.bastamag.net/Pollutions-secheresses-menaces-de-mort-l-inquietant-cocktail-de-l-industrie
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