Detención de líder de la USO es parte de un plan de persecución

Prensa de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, FCSPP, sostuvo una conversación, este 25 de julio, con el abogado Leonardo Jaimes, quien hace parte de la FCSPP y a su vez es abogado defensor del Fiscal de la Subdirectiva Centro de la Unión Sindical Obrera, Rafael Rodríguez Moros, este último detenido el 21 de julio pasado, a las 5:35 de la tarde, después de que supuestamente le encontraran una granada en su bolso personal, cuando pasaba por el escáner del Aeropuerto Yariguíes de la ciudad de Barrancabermeja.

Montaje judicial a lider sindical de la USO

“De absurdos”, catalogó el abogado Jaimes, los hechos que le endilgan al líder sindical, pues resulta inverosímil que Moros, quien suele movilizarse en distintos aeropuertos del país para el desarrollo de su actividad sindical, porte ahora y sin más una granada en su bolso personal; antes bien, aseveró el abogado Jaimes, este hecho puede tener relación con una persecución sistemática en contra de la USO.

Otro aspecto que resalta Jaimes es que este sindicalista ha sido objeto de  atentados por cuenta de sicarios y amenazas por cuenta de grupos paramilitares. Es de destacar, como lo afirmó, que Rodríguez Moros, al momento de su detención, era negociador del pliego de la convención colectiva que se está desarrollando entre la USO y Ecopetrol en la ciudad de Bogotá y este día se dirigía justamente a una reunión relativa a esta Convención.

En este momento Rafael Rodríguez Moros, sindicalista de 48 años de edad, se encuentra recluido en el Patio 7 de la Cárcel Modelo de Bucaramanga, luego de que el juez le adjudicará la responsabilidad objetiva, a sabiendas, como lo manifestó Jaimes, “que ésta está proscrita del ordenamiento penal” e ignorando su condición de persona amenazada y con medidas cautelares de la CIDH.

Es de destacar que el Patio 7 de este centro de reclusión fue construido en la década de los setenta por la USO, tras las detenciones masivas de las que fue objeto el sindicato, en el marco de las huelgas laborales del 77, lo que puede ser leído, según el abogado Jaimes, como un mensaje claro de continuidad de la persecución a la actividad sindical en Colombia.