La Comisión de Interlocución del sur de Bolívar denuncia los siguientes hechos que se están presentando en la región:
MUNICIPIO DE TIQUISIO:
1. La creciente presencia de paramilitares sigue generando preocupación y zozobra entre los pobladores ya que estos sujetos han pretendido por diferentes medios controlar la vida social y económica del municipio. Han establecido lo que ellos llaman “puntos de control” en los diferentes caseríos y en las vías, desde esos puntos controlan la llegada y salida de personas, y cuando llega alguien que no es conocido por ellos lo agreden y se han presentado algunos casos de desaparición de esas personas. Además han establecido una serie de normas que obligan a los pobladores propietarios de predios rurales o urbanos a que cada uno se encargue del mantenimiento de dos de los paramilitares que estén en la zona. También se están ejerciendo actividades de la llamada “limpieza social”.
Algunos de los sitios en donde están establecidos los llamados “puntos de control” son: la zona de Guacamayo, el Tigre, la Zorra y Naranjal. El día 14 de diciembre entre la 1:00 y las 5:00 p.m. los paramilitares reunieron a los moto taxistas y a una parte de los comerciantes de Puerto Rico en una finca propiedad de los señores Hernández, la finca está ubicada a unos 8 minutos de la cabecera municipal; en esa reunión les impusieron cuotas obligatorias de los comerciantes y a los moto taxistas les dijeron que tenían la obligación de transportarlos gratis a donde ellos dijeran. En esa misma reunión el sujeto que se identifica con el alias de “político”, comandante de los paramilitares que se identifican como “los Rastrojos” dijo que le va a demostrar a la comunidad que ellos no son ningunos delincuentes.
MUNICIPIO DE ARENAL:
1. En el municipio de Arenal, se han presentado una serie de hechos de infracciones al derecho Internacional Humanitario por parte de la fuerza pública que se encuentra acantonada en ese municipio. La policía hace uso constante de la emisora comunitaria “Negrita Estéreo”, para difundir informaciones que en algunos casos no son susceptibles de ser de publico conocimiento, y que guardan relación con investigaciones que se adelantan contra personas del municipio, para emitir sus propios programas, adelantar campañas que ponen en alto riesgo a los líderes, a las organizaciones sociales y a los procesos comunitarios, en razón de que “envían saludos” aparentemente efusivos a algunos líderes, realizan señalamientos a organizaciones sociales, lo que en una zona de alto conflicto armado pone en alto riesgo los procesos comunitarios. También en sus programas, la policía hace campañas de respaldo a la administración municipal, lo que constituye una infracción al deber funcional por participación en asuntos que por su condición de miembros de fuerza pública le están prohibidos.
2. El casco urbano del municipio ha sido invadido por una serie de venteros ambulantes que no son conocidos en la región, cuyos productos no son de gran acogida entre los pobladores y que sin embargo se mantienen en el municipio. Se sospecha por parte de los pobladores que algunos de esos “venteros” están comprometidos con actividades delincuenciales.
3. En diciembre se cometieron algunos asesinatos en el municipio de Arenal, que aunque aparentemente corresponden a acciones de delincuencia común, tienen un trasfondo que muestra la grave situación de inseguridad que se presenta en la región. Estos son los hechos:
– El día primero de diciembre fue asesinado un administrador de una cantina, del que no se conoce el nombre, pero que era conocido como “el mono”. Los asesinos fueron dos personas desconocidas que se movilizaban en moto y que luego de cometido el crimen huyan hacia la vía que del municipio de Arenal conduce a Norosí y Micoahumado. Se comenta que la víctima había sido retenida en dos ocasiones por la policía que lo señalaba de ser guerrillero.
– El día 22 de diciembre a las 8:00 de la noche fue asesinado por un desconocido el señor Pablo Emilio granados, más conocido con el sobrenombre de belleza. El asesinato ocurrió en la puerta de una casa donde funciona una juguetería en la zona céntrica del casco urbano de Arenal. A un poblador que intentó seguir al asesino, éste le disparó para evitar la persecución. A la salida del municipio hacia Norosí, por donde huyó el asesino, lo estaba esperando otra persona. Según versiones que se han conocido, la víctima era un comercializador de insumos para el procesamiento de estupefacientes y últimamente vendedor de ropa. También se afirma que el muerto había tenido problemas con miembros de una banda delincuencial.
– El día 22 de diciembre a las 8:30 de la noche fue asesinado Jamey Bastos Ramírez. El hecho se presentó en su casa de habitación ubicada en el barrio 2 enero habitado por desplazados y víctimas, y fue cometido por tres personas desconocidas 2 de ellas ocultaban su identidad con pasamontañas y señalaron a la víctima mientras que el tercero sin pasamontañas le propicio varios disparos a la víctima. Un hermano de la víctima emprende la persecución de los asesinos que huían por la vía que de Arenal conduce a Micoahumado, pero la policía de Arenal sale en persecución de quienes perseguían a los asesinos, disparan contra las llantas del vehículo en que se realizaba la persecución y hacen devolver al familiar de la víctima. Los policías no continuaron siguiendo a los sicarios a pesar de conocer la vía por la que estaban huyendo.
El inspector del corregimiento de San Rafael, al secretario del Inspector de policía y a dos personas más que los acompañaban para hacer el levantamiento del cuerpo, fueron agredidos con arma blanca por personas desconocidas. Los agredidos alcanzaron a huir sin haber sufrido daño alguno. Se comenta en el pueblo que la persona muerta había tenido problemas con algunos retreros, con grupos armados, por el negocio del combustible para la explotación a cielo abierto del oro en las minas de la serranía de San Lucas.
– El día 22 de diciembre llegaron al municipio dos personas una con el nombre de Franklin Velásquez de profesión Agrónomo y su hijo, oriundos de Rio Nuevo corregimiento de puerto Pajon, haciéndose pasar por supuestos abogados, quienes en coordinación con algún funcionario de la administración municipal le recogieron a los pobladores del municipio fotocopias de la cedulas de ciudadanía, sisben, del registro único de damnificados por la emergencia invernal-reunidos 2010-2011 y haciéndoles firmar un poder con huella, con lo cual presentarían una denuncia judicial, para reclamar el beneficio de 1.500 mil pesos por persona que debieron entregarles a través del Banco agrario de Morales, como dignificados de la ola invernal 2010-2011, cada persona debe pagarles 400 mil pesos, una vez el banco les desembolse a cada beneficiario, de ahí se le paga al funcionario de la unidad de atención a desastres, encargado de asignar y desembolsar los recursos, al juez encargado del caso y a los supuestos abogados, es decir los pobladores recibirían 1.100 mil pesos, según lo manifestado por esas mismas personas. ¿Cuál es la real intención con estos documentos? ¿Es beneficiar a la red que realizan el trabajo? o ¿es otra estrategia para el despojo?
– Al final del mes de diciembre, circuló en el casco urbano del municipio un panfleto sin firma que expresa una serie de acusaciones de complicidad entre la policía, los paramilitares, la alcaldía y la guerrilla y lanza amenazas generales manifestando que esas personas indeterminadas “también caerán”.
Esta ola de asesinatos y de acciones ha generado pánico en la población.
– Desde hace varios meses se adelanta en el municipio la ejecución del proyecto para la construcción y optimización del acueducto para el suministro del agua potable en la población de la cabecera municipal, cuya fuente de financiación es la gobernación de bolívar (Aguas de Bolívar) con recursos de Colombia humanitaria y ejecutado por una empresa, por un valor de 8.000 millones de pesos, la mayor parte de las obras se realizaran en la zona alta entre las veredas de Soya y Sabana, comunidades perteneciente al Consejo Comunitario de Comunidades Negras del municipio y esta última, ubicada dentro de la zona de reserva campesina de Morales y Arenal(ZRCMA), sin que las comunidades hayan sido objeto de consulta previa, de conformidad con lo establecido por el convenio 169 de la OIT, ratificado por ley 21 de 1991 por el estado colombiano, por tal razón estas comunidades no tienen claridad sobre el proyecto, los aspectos técnicos, la ejecución y los beneficios del mismo.
– La segunda semana de enero fue quemada la granja San Isidro, de la Asociación de Desplazados y Victimas del Municipio de Arenal sur de Bolívar-ADIASUR, conformada por 42 familias, que desarrollaban un proyecto productivo para la inclusión social y el restablecimiento socioeconómico, financiado por la pastoral social–Caritas Colombia y el Ministerio de la Protección Social, debido a la falta de tenencia de tierra, consiguieron un lote arrendado con opción de compra, ubicado en la vía que comunica al municipio con Micoahumado, dentro de la ZRCMA, estas familias tenían muchas dificultades incluso les habían solicitado desocupar el predio por parte del propietario a través de un ultimátum de 8 días, porque esta área sería utilizada para el establecimiento del cultivo de palma aceitera, en una alianza con miembros de la familia Sanabria del municipio de Rioviejo, propietarios de grandes extensiones de palma.
– El uso de los espacios de la población civil por parte de la fuerza pública, la presencia de grupos armados, la utilización de playones, ciénagas y sabanas comunales para el establecimiento de cultivos para la producción de agrocombustibles, las agresiones, hostigamientos y los asesinatos, estas estrategias en la Zona de Reserva Campesina de Morales y Arenal (ZRCMA), de la cual el municipio hace parte, demuestran la clara intención e implementación de una zona de consolidación en la ZRCMA.
MUNICIPIO DE SANTA ROSA:
– En el municipio de Santa Rosa del Sur, las fuerzas militares se han encargado de hostigar a los pobladores de diferentes maneras. Durante diciembre y enero han sido detenidos 4 mineros porque aparentemente pretendían realizar actos de terrorismo al portar elementos indispensables para la actividad minera como pequeños tacos de dinamita y sus respectivos estopines, que en realidad son utilizados para romper la roca en las minas. Esos mineros fueron dejados posteriormente en libertad, pero mediante la modalidad de pagar sobornos para no ser judicializados. Por testimonios recogidos el valor de este soborno es entre 5 y 6 millones de pesos que se reparten entre los funcionarios judiciales, los militares que realizan la detención y los abogados que se prestan para mediar en los sobornos. Además los miembros del ejército que realizan las detenciones no ponen a los detenidos disposición de la fiscalía que tiene jurisdicción en la región que es la de Simití, sino que los conducen hasta Magangué, El Banco o Mompós. Todas estas irregularidades nos hacen presumir que detrás de estas detenciones se mueven dos intenciones: la primera el hostigamiento a los pequeños mineros y, la segunda un negocio lucrativo económicamente que beneficia a militares, funcionarios judiciales y abogados. Dos de los abogados involucrados en estos hechos han sido identificados como Oscar López y Edgardo Rojas.
Así mismo los militares han hecho circular rumores en contra de algunos comerciantes de zonas rurales porque supuestamente son colaboradores de la guerrilla, lo que se convierte en una amenaza vedada contra esos comerciantes.
MUNICIPIO DE RIOVIEJO:
La policía del municipio de Rioviejo ocupó durante la primera semana del mes de diciembre las instalaciones de la Institución Educativa de ese municipio y convirtieron el colegio en su lavadero de carros.
MUNICIPIO DE MONTECRISTO:
Las retroexcavadoras siguen dañando las fuentes de agua en este municipio con sus actividades de minería ilegal a cielo abierto. A la fecha de realización de este documento dos máquinas están trabajando en el documento.
Otras situaciones:
En el sur de Bolívar aún persisten los problemas en el tema de educación por la falta de contratación y nombramientos de docentes. Durante el 2012 a un gran número de estudiantes se les vulnero el derecho fundamental a la educación por la contratación tardía de los docentes.
En el tema de Salud sigue faltando la atención médica, sobre todo en las áreas rurales y se agudiza el procedimiento para las remisiones.
En el tema de saneamiento básico persisten los problemas con el consumo de agua no apta para el consumo humano, la falta de implementación de un manejo para los residuos sólidos para cavar con los botaderos de basura a cielo abierto, y del servicio alcantarillado para garantizar salubridad a la población.
Hay una total falta de garantías para la exigencia y aplicabilidad de los derechos, beneficios para la población vulnerable, desplazada y víctimas.
La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar-CISB desde su surgimiento ha buscado todos los mecanismos posibles para que el gobierno nacional atienda y resuelva de manera concertada las justas reclamaciones de las comunidades. Y aunque entre la Comisión y el gobierno se acordó como mecanismo la conformación de la Mesa de Interlocución. Desafortunadamente el gobierno desde hace más de 6 años no ha asumido con seriedad ni voluntad política su participación en este espacio de concertación con las comunidades.
SUR DE BOLIVAR – ENERO DE 2013
+ There are no comments
Add yours