El paramilitarismo en el Sur de Bolívar, como en Córdoba y en distintas regiones de Colombia, continúa con su proyecto de destrucción y muerte. Este proyecto concebido desde las entrañas del Estado, avanza en medio de sofismas que han distraído a la opinión pública nacional e internacional, pretendiendo desvanecer las responsabilidades Estatales de su existencia y que en algún momento de la historia tendrá que afrontar ética, política y penalmente.
Llámenlos como los quieran llamar, lo cierto es que para las comunidades del Sur de Bolívar, se trata de los mismos con las mismas. Estas comunidades, víctimas del accionar paramilitar durante muchos años; con su accionar criminal caracterizado por el miedo y el terror, el control de las instituciones, el accionar conjunto, público e impune de la Fuerza Pública, la perpetración de practicas consideradas dentro de las mas aberrantes que se puedan conocer, tienen hoy la legitimidad para caracterizar y describir como PARAMILITARISMO.
Desde el 01 de noviembre de 2002, con el famoso cese de hostilidades, la posterior “desmovilización”, la nefasta ley de justicia y paz, la política de seguridad democrática y en fin una serie de hechos propiciados desde el Gobierno Nacional, se abrió el camino hacia un nuevo ciclo de impunidad en Colombia y hacia nuevas formas de encubrimiento y favorecimiento de este proyecto paramilitar.
En el Sur de Bolívar, a los pobladores no les interesa, si son “rastrojos”, “urabeños”, “Aguilas Negras”, “Traquetos”, “botalones” “gaitanistas” o “paisas”, lo que si es claro para ellos, es que se trata del mismo poder que durante muchos años ha sometido a la región. Estas comunidades están convencidas que la disputa, es por el territorio y sus recursos naturales y que para ello se han utilizado diferentes estrategias para ser expropiados, como la presión actual para la venta de tierras y la expansión de la palma aceitera en la región.
Desde hace varios años, las comunidades han denunciando cómo las estructuras paramilitares en la región se han mantenido intactas y han hecho llamados urgentes ante varios hechos que indicaban el fortalecimiento de este accionar paramilitar y las nulas o precarias e ineficaces medidas adoptadas por los gobiernos municipal, departamental y nacional para detener su avance en medio de tanta militarización de la región.
Los pobladores del Sur de Bolívar, han venido denunciado la fuerte presencia que los paramilitares tienen en muchos municipios, ponen y quitan retenes, cometen asesinatos, patrullan los caseríos, cuidan las retroexcavadoras, hurtan enseres de la población, amenazan y generan terror. La población conoce la ubicación de los campamentos, ubicados en el municipio de Tiquisio, como los de las veredas Malena, en Quebrada del medio, Tagual, la vereda Pincho, en el corregimiento de dos bocas donde tienen fuerte y permanente control. Su acción es pública; todos y todas en Puerto Coca – Tiquisio, los vieron patrullando armados en el pueblo, desde el 30 de diciembre hasta el 06 de enero de 2011, pero no pasó nada. En el municipio de San Pablo, dicen que el 24 de diciembre mataron 4 vacas y cerraron una calle del Barrio Concesión para celebrar con los excesos acostumbrados,
En los últimos dos meses (noviembre – enero 2011), los pobladores se encuentran alarmados por la cantidad de asesinatos a manos de paramilitares, que se registran en varios municipios como Tiquisio, Rio Viejo y Achi. El 24 de noviembre de 2010, fue asesinado Carlos Martínez Arrieta de oficio agricultor, en hechos ocurridos en el rio nuevo, jurisdicción del municipio de Achi Bolívar. El 2 de diciembre del 2010, fue asesinado el mototaxista Héctor Rojas en la vereda la Bomba del municipio de Achí. El 06 de diciembre de 2010, fue asesinado Pedro Baldovino, agricultor en el municipio de Tiquisio. El 07 de Enero de 2011, fue asesinado en puerto mango corregimiento de Tiquisio, el comerciante, Albín Navarro residente en puerto Coca, entre otros.
Mientras tanto, tropas del ejército que operan en la región, atentan contra los lideres, patrullan con desmovilizados armados y uniformados, propician señalamientos en contra de la comunidad y sus dirigentes, así como permanecen en muchos sitios en estado de embriaguez cometiendo abusos contra la población.
Córdoba es solo un espejo de la realidad colombiana, la situación del sur de Bolívar y de otras regiones del país permanece en una denuncia sin resonancia, pues el gobierno nacional no quiere reconocer que el paramilitarismo en Colombia no es una cosa del pasado y que este fenómeno sigue vigente. Bajo distintos sofismas el gobierno ha pretendido ocultarlo y ha desviado la atención sobre sus verdaderos responsables.
Mucha publicidad y mucha palabrería del actual gobierno para diferenciarse de la ascendencia paramilitar y mafiosa del anterior. Los hechos van demostrando otra cosa. El Estado debe cumplir su papel en la plena garantía de los derechos humanos de las comunidades del Sur de Bolívar, de lo contrario, en el actual contexto de elecciones regionales, de reclamación de tierras usurpadas, de defensa de las tierras que aun no han sido usurpadas y de lucha de las victimas por la verdad, la justicia y la reparación, se continuara con la victimización de estas comunidades y sus líderes, en una espiral que mantendrá, de nuevo, al Estado como su principal responsable.
La lista es más larga señor Ministro, la situación es mucho más grave que el listado de 24 municipios que usted publica como zonas de alto riesgo, debería atender a tiempo los llamados y denuncias de las comunidades que sí conocen la cruda realidad que viven.
Bogotá, Enero de 2011
Corporación Sembrar
Federación Agrominera del Sur de Bolívar
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